VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto de creación de la comisión de garantía y evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir, prevista en la Ley de Eutanasia. La petición se podrá hacer en centros sanitarios públicos, privados, residencias o en el domicilio del paciente.
Se trata de un órgano multidisciplinar, con un número mínimo de siete miembros entre médicos, enfermeras y juristas. El objetivo es garantizar que, el próximo 25 de junio, tanto los profesionales como la ciudadanía dispongan de toda la información sobre los requisitos, procedimientos y documentación para ejercer este derecho en la Comunitat.
Organizados en grupos de trabajo, liderados y coordinados desde la Conselleria de Sanidad, varios equipos formados por profesionales de Medicina, Enfermería, Farmacia, Sociología, Filosofía, Bioética, Derecho y Trabajo Social han trabajado para implantar la Ley Orgánica de la Eutanasia en el ámbito valenciano.
Sanidad lanzará un plan de información y comunicación sobre el nuevo derecho, dirigido tanto a la ciudadanía como a los sanitarios, a través de su web en un apartado específico con contenido informativo. También informa y forma al personal sanitario, tanto del ámbito público como privado, y a los profesionales de los Servicios de Atención al Paciente (SAIP).
En concreto, la ley establece que el solicitante de la prestación de ayuda a morir debe ser mayor de edad y capaz, estar en España y residir en el país al menos un año y verse aquejado por un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o por una patología irreversible que provoque graves limitaciones a su autonomía física.
En caso de que la persona no tenga capacidad para iniciar el procedimiento de aplicación de la ley y haya realizado instrucciones previas o voluntades anticipadas, la solicitud la puede presentar el representante designado acreditando la designación e instrucciones previas de forma inequívoca.
La petición, que el paciente puede revocar en cualquier momento, debe realizarse dos veces en un plazo no inferior a 15 días entre ambas y tras un proceso deliberativo con el médico, quien informa en profundidad y con garantía de su entendimiento y capacidad del procedimiento.
Estas solicitudes deben hacerse por escrito y siguiendo unos pasos que están detallados en la ley. Son trámites necesarios para garantizar que la decisión se produce con absoluta libertad, autonomía y conocimiento.
Si la situación se ajusta a los requisitos, el médico responsable emitirá un informe favorable que será remitido a la comisión para su conformidad. En caso contrario, se denegará la solicitud, aunque el paciente podrá recurrir a este órgano para la revisión de su caso. Si se le vuelve a denegar, podrá hacerlo ante el tribunal contencioso administrativo.
Por su parte, los profesionales directamente implicados en la prestación de ayuda médica para morir pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia y deben manifestarlo de forma anticipada y por escrito.
