Jorge Rodríguez. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El levantamiento del secreto de sumario del caso Alquería deja al expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez en una posición delicada dentro de su partido, el PSPV, pues la Fiscalía Anticorrupción le acusa de algo por lo que ya fue procesado su antecesor en el cargo, Alfonso Rus, del PP. Según el fiscal, Rodríguez contrató a dedo a gente que ni iba a trabajar -pero cobraba- y de hacerlo por ser afines al PSPV y Compromís, los dos partidos que gobiernan en la institución provincial.
En su querella, el fiscal Anticorrupción explica que Rodríguez contrató personal que "no desempeñaba ninguna función en la empresa" Imelsa (ahora Divalterra), pero que cobraba del erario. El Ministerio Público añade que "la única motivación en su contratación es la adscripción o vinculación de los contratos a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y el PSOE. De tal forma que las personas contratadas, tres son afines a Compromís y cuatro al PSOE".
Se explica en la querella que los informes jurídicos "señalan el abandono de la legalidad" en las contrataciones. Añade que un informe encargado por la propia empresa que analiza los contratos de alta dirección bajo sospecha expone que “se puede haber incurrido en fraude de ley” porque obvian la ley para “configurar una plantilla de alta dirección para eludir los principios de selección”. Sin embargo, dicho informe no se remitió al Consejo de Administración de la empresa Imelsa, ni tampoco al auditor externo a pesar de haberlos solicitado.
Expone el fiscal que cuando el auditor interno Alejandro Muñoz expuso las irregularidades, el presidente del consejo le mandó callar, “diciéndole varias veces el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, hijo de puta”. Según el fiscal, tal era la presión, que Muñoz dejó su puesto y todavía sigue vacante. Muñoz declaró ante los instructores que las contrataciones eran políticas y no hacían falta esos puestos de alta dirección ya que “el trabajo se podía realizar con los técnicos de la empresa”.
La querella también explica que se realizaron cambios dentro de la estructura para poder controlarla, y destituyeron al entonces secretario, José Luís Pellicer, “que en reiteradas ocasiones se había negado a informar favorablemente la contratación como personal de alta dirección los nombrados sin pasar por el Consejo de Administración pese a las presiones recibidas por el entorno de Jorge Rodríguez.
Entre las múltiples irregularidades, llama la atención que los gerentes informaron al jefe del servicio jurídico que había que “contratar sí o sí” por orden del presidente de la Diputación a dos “altos cargos del PSPV”, Vicente Ferrando y Víctor Jiménez, y ellos “tenían que colaborar”. Con estas contrataciones se volvieron a pedir informes que, otra vez, decía que las contrataciones no se ajustaban a la ley. Por ello, se apoyaron en unos informes “ad hoc” que “daban apariencia de legalidad” a contratos ilegales.
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones
