VALÈNCIA. La Fiscal Jefa de Valencia se niega a recibir a la Coordinadora Valenciana de ONGD para hablar sobre el caso Cooperación. La plataforma, que ejerce la acusación particular junto a la Generalitat en este procedimiento por malversación de ayudas al Tercer Mundo, solicitó recientemente una reunión por escrito a Teresa Gisbert para preguntarle por los controvertidos acuerdos de conformidad que la Fiscalía Anticorrupción negocia con el exconseller Rafael Blasco y los otros 23 acusados para que admitan los hechos sin necesidad de celebrar el juicio, pero Gisbert ha rechazado recibirles.
Estos pactos han generado revuelo porque contemplan rebajas muy sustanciales de los años de cárcel inicialmente reclamados –hasta 170 años en conjunto–, de forma que la práctica totalidad de acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento se librarían de la prisión sin necesidad de someterse al juicio. El fiscal del caso, Vicente Torres, negoció estos acuerdos al margen de las otras dos acusaciones y ahora busca que tanto la Abogacía de la Generalitat como la Coordinadora de ONGD se adhieran, porque si no lo hacen y mantienen la acusación, el juicio tendrá que celebrarse igualmente.
En su respuesta a la Coordinadora de ONGD, la Fiscal Jefa asegura que el procedimiento también conocido como caso Blasco es competencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción e invita a la Coordinadora a dirigirse a esta instancia para cualquier cuestión relacionada con este caso.
En el caso de Rafael Blasco, Anticorrupción está dispuesta a rebajar su petición inicial de cárcel nada menos que de 16 años a 2 y medio a cambio de conseguir la admisión de los delitos por parte del exconseller, que ya cumple una condena de 6 años y medio por el primer juicio de este caso. Lo hace a pesar de que no está garantizada la recuperación del dinero que se le reclama por la responsabilidad civil, porque el chalet que ofrece vender ya está embargado, y sobre la hipótesis de que solo podría ser condenado por un año y medio más, cuando la propia Fiscalía calificó de malversación continuada el delito por el que ha de ser juzgado –cuya pena máxima es de hasta 12 años– y añadió otros delitos por los que aún no ha sido condenado como el de asociación ilícita, penado con cuatro años. La realidad es que Blasco se enfrenta a otros 9 años y medio de cárcel.
Antes de firmar el pacto, Blasco quiere que se le garantice el acceso a los permisos penitenciarios, que hasta ahora siempre se le han negado porque la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent aprecia "riesgo medio-alto de reincidencia" y porque, además, no ha devuelto el dinero de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el primer juicio del caso. El exconseller también ha pedido a Torres, que también ejerce la acusación de Anticorrupción en el caso IVAM, que dé trato de favor para su mujer Consuelo Císcar y su hijo –el artista Rablaci–, ambos imputados en esa causa.
La Coordinadora de ONGD pidió mantener un encuentro con la responsable del Ministerio Público en la Audiencia de Valencia a raíz de las "informaciones publicadas" sobre los acuerdos que Anticorrupción ha alcanzado con el conjunto de los acusados. La petición fue registrada el pasado 3 de julio, al día siguiente de que Valencia Plaza informase de la reunión que el director de la cárcel de Picassent, donde cumple condena Blasco, mantuvo con el fiscal Vicente Torres y los abogados del exconseller para hablar de sus permisos penitenciarios.
En ese encuentro, confirmado a este periódico por Instituciones Penitenciarias, estuvieron también el penalista abogado de Blasco Javier Boix; el abogado responsable de sus asuntos penitenciarios, Juan Molpeceres, que también es abogado de Císcar en el caso IVAM; y el fiscal Pablo Ponce. En el mismo se habló de los permisos penitenciarios de Rafael Blasco, ya que el órgano técnico que valora los permisos de los presos en Picassent, la Junta de Tratamiento, siempre se ha opuesto hasta ahora.
Tras esta reunión, totalmente anómala por el formato y el contenido, miembros de este órgano se mostraron molestos por las directrices recibidas para que tengan en cuenta el acuerdo que el exconseller ha alcanzado con Anticorrupción para conformarse en las piezas 2 y 3, que está condicionado al acceso a permisos. Se da la circunstancia de que el director de la cárcel de Picassent es a su vez el presidente de la Junta de Tratamiento y tiene voto de calidad para romper cualquier empate en las votaciones que puedan darse en el seno de este órgano colegiado.
Vincular los acuerdos de conformidad con la ejecución de una pena derivada de otro juicio es una práctica irregular. Pese a ello, no es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción utiliza el acceso a permisos penitenciarios como moneda de cambio para forzar la confesión de los condenados en la primera pieza de este caso.
Como publicó este periódico, lo hizo a principios del año pasado cuando intentó obtener una declaración inculpatoria hacia Rafael Blasco por parte del empresario César Augusto Tauroni con los permisos como contrapartida. Tanto fue así que Anticorrupción, con la aquiescencia de la Fiscal Jefa de Valencia, se hizo con el control de los expedientes penitenciarios de algunos condenados que hasta ese momento eran responsabilidad de los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria.
Tras ese hecho, y coincidiendo con la negociación abierta con Tauroni, la Fiscalía comenzó a informar a favor de las salidas de prisión del empresarios contraviniendo incluso su propio criterio, a pesar de que las circunstancias objetivas por las que antes se había opuesto no habían variado.
El fiscal Vicente Torres llegó a conseguir que Tauroni accediera a declarar voluntariamente, pero el anterior Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, censuró esa estrategia de forzar los acuerdos con el acceso a los permisos penitenciarios y Vicente Torres rompió el pacto usando como pretexto unas amenazas anónimas recibidas por el abogado de la Generalitat en el caso IVAM.
Este periódico ha intentado en las últimas semanas que tanto la Fiscal Jefa de Valencia como la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid aclaren si respaldan esta nueva ofensiva del fiscal del caso Cooperación para tratar de evitar que se tenga que celebrar el juicio aunque sea a costa de acuerdos muy ventajosos para muchos de los acusados.
Susana Gisbert, fiscal portavoz de Valencia, señaló en representación de Teresa Gisbert que a quien le corresponde pronunciarse sobre esta negociación en la que se ofrecen de forma irregular los permisos penitenciarios es a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, a pesar de que la Fiscal Jefa ya avaló en el pasado este tipo de negociación. Tras la negativa a recibirles, la Coordinadora de ONGD tampoco podrá conocer cuál es su postura.
