La Federación de Automovilismo y la FIA aseguran que Valmor no tenía autorización para organizar la F1

VALENCIA. La Real Federación Española de Automovilismo (RFEA) ha remitido al juzgado de Instrucción de Valencia que investiga el pufo de la Fórmula 1 un escrito firmado por su secretario general, Javier Moreno, en el que aseguran que “respecto a la prueba denominada Gran Premio de Europa de Fórmula 1 celebrada en Valencia en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, y según se desprende de los archivos de la RFES, la entidad Valmor Sport SL no ha recibido autorización alguna para la organización de la referida prueba”. 

Si bien la RFEA, en el mismo escrito al que ha tenido acceso Valencia Plaza, también informa que “la citada federación no autoriza la organización del evento, siendo competencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) su correspondiente autorización, encargándose ellos solo de la supervisión y tutela del desarrollo deportivo de la prueba”. Por ello envían el acuerdo de la FIA que fue tramitado por el Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA.

En el citado acuerdo con la FIA, los miembros de la Federación Internacional explican que su acuerdo se firmó con el Circuit y, en ningún momento se nombra a Valmor Sport. Fuentes de toda solvencia afirman que este escrito supone un traspiés importante para el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, principal imputado en esta causa, pero también para el actual senador del Partido Popular y también expresidente Alberto Fabra.

Fabra en su día afirmó que la compra de la empresa Valmor se realizaba porque, de lo contrario, no podría celebrarse el gran premio y los valencianos deberían pagar una cantidad desorbitada de dinero. Si bien es cierto que Valmor era la concesionaria de los derechos para el gran premio pues así se firmó con Bernie Ecclestone también lo es, según fuentes conocedoras del caso, que el contrato podría haberse declarado nulo porque no había autorización legal para su celebración ya que, la única empresa autorizada por la FIA, era Circuit del Motor, una empresa de capital público.

Este escrito, a ojos de las fuentes, da un vuelco cualitativo a la instrucción. Una instrucción que, además, todavía está bajo secreto de sumario, ya que la magistrada del caso ha decidido prorrogar un mes más el secreto sumarial que otorgó para los registros que se realizaron el pasado mes de noviembre y cuyos resultados todavía se desconocen.

Este escrito de la RFEA demostraría que ambos expresidentes sabían que el organizador no tenía ningún tipo de autorización legal, ni española ni internacional, para celebrar unas carreras que resultaron más que deficitarias y han supuesto uno de los mayores pufos para el erario público valenciano de las últimas décadas.

Caso Valmor

La investigación de la F1 se inició por una denuncia de Fiscalía Anticorrupción y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, aunque con los últimos registros realizados, el número de delitos y de imputados podría verse incrementado.

Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez 'Aspar' en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, así como la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa, y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".