VALÈNCIA. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación particular en el caso Cooperación, pide a la Generalitat Valenciana que no la deje sola como acusación contra los 24 procesados por las piezas 2 y 3 de este caso, entre los cuales se encuentra el exconseller Rafael Blasco, que están a punto de ser juzgados por el desvío de subvenciones para cooperación.
La solicitud se produce a raíz del acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado con los 24 procesados para evitar el juicio a cambio de su confesión, pero con importantes rebajas respecto a las peticiones iniciales de condena de la propia Fiscalía que harían que todos evitaran la cárcel excepto Blasco, el empresario César Augusto Tauroni y exjefe de Cooperación de la Generalitat, Marc Llinares.
El pacto prevé dejar en 2 años y medio la petición de cárcel para el exconseller, que este año cumple tres años de prisión de los 6 y medio por los que fue condenado en la primera de las piezas del caso, frente a los dieciséis que Anticorrupción reclamó inicialmente. A cambio de su confesión, la Fiscalía habría planteado también facilitar su acceso a permisos penitenciarios.
La Coordinadora de ONGD, mediante un comunicado, ha instado a la Abogacía de la Generalitat a no aceptar un acuerdo judicial que después de ocho años de instrucción "dejaría prácticamente impunes la mayoría de los delitos, rebajaría de manera inaceptable las penas de los 24 acusados y no se aseguraría la devolución de los fondos desviados, ni las responsabilidades derivadas del caso Blasco".
Por ello, la entidad ha solicitado una reunión con la Abogacía de la Generalitat para trasladarles esta postura, una petición que este viernes aún no había obtenido respuesta. Inicialmente, la Abogacía de la Generalitat pidió penas de cárcel de 170 años para el conjunto de los acusados (17 años y medio para Blasco) y fijó la responsabilidad civil en 8 millones de euros.
Preguntadas por el acuerdo de la Fiscalía, fuentes del Consell aseguraron a este periódico que por parte de la Generalitat no existe un acuerdo con el exconseller "ni una propuesta en firme, de momento”. Sin embargo, admitieron tener conocimiento de que existe "la posibilidad" de un acuerdo.
A falta de conocer la postura de la Generalitat en ese encuentro, que previsiblemente se celebrará la próxima semana, la presidenta de la Coordinadora, Trini Blanch, sostiene que, como acusación popular independiente, la entidad "seguirá velando por que haya justicia efectiva, no haya impunidad con los responsables y se devuelvan los fondos defraudados que deben destinarse a Cooperación Internacional al Desarrollo". Blanch cree que el pacto de los procesados con Anticorrupción "es inaceptable y deja el caso Blasco sin justicia efectiva y sin que se devuelvan los fondos defraudados".
Al respecto, la plataforma resalta que, respecto a la depuración de las responsabilidades civiles, el acuerdo cerrado con el Ministerio Público no garantiza la recuperación de las cantidades desviadas, ya que únicamente implica por parte de los acusados el compromiso de poner a la venta diferentes inmuebles.
Cesar Augusto Tauroni ofrece poner a la venta inmuebles en Miami y un yate "cuando dichos bienes ya están embargados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en la pieza primera del caso, en la que aún quedan pendientes de recuperar casi 2 millones de euros.
Marc Llinares, por su parte, ofrece poner a la venta vivienda en Dénia embargada en las piezas 2 y 3. Se da la paradoja de que, además de ese inmueble, el acusado también tenía embargado en estas dos piezas otro inmueble en Xixona, por lo que el acuerdo con la Fiscalía le resultaría "altamente beneficioso" al liberarse este segundo bien.
Rafael Blasco ofrece poner en venta un chalet en Barraca de Aguas Vivas (Alzira).
El pacto, según destaca la entidad, no tiene en cuenta tampoco la reclamación de 3 millones de euros por daños morales efectuada por la Generalitat y por la Coordinadora de ONGD, que superaba los 4 millones.
En este punto, recuerda que esta misma semana el TSJCV denegó a Rafael Blasco la concesión del tercer grado penintenciario por "riesgo de reiteración de los delitos cometidos" y porque "no ha hecho el más mínimo intento de paliar las graves consecuencias económicas".
Esto, a juicio de la Coordiandora, resulta "absolutamente incompatible con el contenido del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los acusados".
La entidad destaca la "sustancial" rebaja de penas de la propuesta de la Fiscalía, hasta el punto que solo tres de los procesados serían condenados a más de 2 años de cárcel: el exconseller Blasco (2,5 años), Tauroni (2,5 años) y Llinares (2 años y tres meses).
Para los otros 21 acusados habría un sobreseimiento o penas "muy menores" debido a que no todos los acusados estarían de acuerdo con los términos del acuerdo. Según la Coordinadora "se llegaría al extremo de retirarles la acusación para no entorpecer el acuerdo".
"Si se confirman los términos de este acuerdo, aceptarlo significaría lanzar a la sociedad un mensaje de impunidad en casos graves de corrupción, algo incoherente con el espíritu ético de lucha contra la corrupción del actual gobierno valenciano".,concluye Trini Blanch.
