VALÈNCIA. La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha recibido tres propuestas para ubicar su futura sede de València. El departamento que dirige Carolina Pascual, que prevé gastar hasta 240.000 euros en el alquiler de un edificio privado en la capital valenciana pese a disponer la Generalitat de inmuebles propios en desuso, analiza estas propuestas de entre las que elegirá su ubicación para los próximos tres años.
La subsecretaría de Innovación, cuya sede central está en Alicante, ultima un informe de evaluación de estas ofertas antes de remitir en los próximos días su propuesta de adjudicación a la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda.
La Conselleria justifica la búsqueda urgente de un inmueble en València ante la falta de espacio para albergar a los funcionarios que ya se están incorporando y los que asumirá a corto plazo para sus servicios en la capital valenciana.
En el anuncio que se publicó en el DOGV para instar a los propietarios interesados en ofrecer sus inmuebles se solicitaba que el edificio debía ser ser céntrico, estar bien comunicado con el transporte público y disponer de al menos 1.700 metros cuadrados útiles. Además, debía disponer de cinco plazas de aparcamiento, con alto grado de iluminación y ventilación natural y una distribución fácilmente adaptable a las necesidades de las unidades administrativas que se incluyan para reducir el coste y los tiempos de las obras de adecuación.
Innovación abrió un proceso público tras preseleccionar una posible sede que "encaja" en sus necesidades, según aseguró a Valencia Plaza el subsecretario de la Conselleria, José Vicente Villar. Se trata de un edificio de seis alturas ubicado en la calle Pizarro de València que en su momento fue la sede principal y una de las clínicas de Corporación Dermoestética.
Tanto este inmueble como el bajo anexo que este establecimiento tenía a pie de calle son propiedad del fundador de esta empresa, José María Suescun.
El bloque, de 2.000 metros cuadrados en total, está en alquiler por un precio de entre 10 y 12 euros por metro cuadrado, una valoración que está en la media del mercado en la zona para un uso administrativo y de oficinas, según fuentes del sector inmobiliario.
Con ello, el coste para las arcas públicas de este nuevo alquiler que tendrá que pagar la Generalitat alcanzará probablemente los 720.000 euros, alrededor de 240.000 euros anuales.
Este dispendio se suma a los 120.000 euros que se pagan por la sede de la Agencia Antifraude o a los 300.000 euros que Justicia paga para albergar durante al menos 5 años el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), entre otros casos.
Antes de lanzarse a acudir al mercado privado de alquiler, la Conselleria de Innovación valoró otras ubicaciones en edificios propios de la Generalitat en València, como el palacete situado en el número 80 de la calle Colón, adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y que lleva en desuso desde el inicio de la pasada legislatura o las dependencias del antiguo Impiva en la plaza del Ayuntamiento. Ninguno de ellos, sin embargo, se ajusta a sus necesidades.
Otro emplazamiento estudiado fueron los tres pisos en la Avenida Ausiàs March recuperados del caso Cooperación, diseñados para usarse como oficinas, en buen estado y tasados en 580.000 euros. En este caso se trata de espacios de los que podría disponer de manera inmediata porque la Conselleria de Innovación ya los tiene adscritos, pero los ha descartado porque habría que renovar el sistema de aire acondicionado con un plazo estimado de al menos seis meses.