María José García-FusterMADRID (EP). La Comunidad Valenciana ha liderado durante 2016 el ranking de comunidades autónomas en las que se han destapado nuevos casos de corrupción política mientras que las causas a nivel nacional han experimentado un descenso en relación con otros años.
Los tribunales valencianos investigan en total ocho procedimientos nuevos por delitos contra la Administración Pública, fraude, prevaricación, malversación y cohecho. El más destacado es el caso Imelsa en el que estaba implicada la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que compartía imputación con el expresidente de la Diputación valenciana Alfonso Rus y más de 100 investigados, entre ellos exconcejales, exasesores y asesores del PP.
Por su parte, el que fuera presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra está investigado en dos operaciones abiertas en 2016 --el caso Aerocas y en el caso Campo de Golf-- y Francisco Martínez, expresidente de este mismo organismo, declaró en julio en una causa abierta por fraude y exacciones ilegales.
A estos procedimientos se suman otros cuatro: el caso IVAM en el que está imputada la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern Consuelo Císcar; el caso Rototom que implica a la alcaldesa de Benicàssim; la que investiga al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por cohecho; y el caso contra el diputado del PP Óscar Clavell, procesado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude, que ya ha sido archivado.
No obstante, el número de investigaciones abiertas contra la corrupción a nivel nacional descendieron en 2016 y la actividad de los tribunales se centró en profundizar en las instrucciones de macrocausas ya abiertas como Gürtel, 'Púnica', el caso Bankia, o los 'ERE' de Andalucía.
Durante los últimos meses algunos de estos sumarios han llegado a término con la celebración de juicios muy esperados como el celebrado contra la trama liderada por Francisco Correa, el que se sigue contra consejeros y directivos de Caja Madrid por el uso de tarjetas opacas al fisco, o el caso 'Noos', que ha provocado que, por primera vez en la historia, una Infanta, Cristina de Borbón, haya tenido que responder ante un tribunal como cooperadora necesaria en la actividad de su marido.
Mientras que los partidos políticos y las instituciones públicas han sido menos protagonistas de las novedades judiciales, la apertura de nuevas causas se ha trasladado a sectores hasta ahora poco habituales como el fútbol, personajes de la televisión o la empresa pública.
La Audiencia Nacional ha protagonizado la apertura de sumarios como 'Acuamed', donde se investigan adjudicaciones irregulares desde Aguas de las Cuencas Mediterráneas de obra acuífera. Esta trama costó el puesto al subsecretario de Presidencia Federico Ramos, a pesar de que finalmente fue exonerado de toda responsabilidad penal.
También se ha abierto el que investiga al del bufete de abogados 'Nummaria', en el que se encuentran implicados los actores Imanol Arias y Ana Duato. En un tercer sumario, el juez José de la Mata estudia las actividades del ex embajador de España en la India Gustavo Arístegui y el exdiputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior.
Otra de las grandes operaciones del año fue la dirigida contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusados de extorsión a bancos y otras empresas a las que amenazaban con el desarrollo de acciones legales.
Otro caso que se encuentra en fase de investigación por parte de la Fiscalía es el conocido como 'Papeles de Panamá'. En estos figuran la hermana del Rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, el futbolista Leo Messi, el cineasta Pedro Almodóvar o el ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que dimitió por su presunta vinculación con empresas 'offshore'.
El mundo del fútbol se ha visto mezclado en varias investigaciones, en las que el denominador común es el fraude fiscal. La Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo al jugador del Barça Neymar Da Silva, por irregularidades en su fichaje mientras la Fiscalía de Cataluña pide penas que suman 10 años y 6 meses de cárcel para el exjugador del club Samuel Eto'o y su representante, José María Mesalles, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2006 a 2009, así como el pago de indemnizaciones y multas que superan los 18 millones.
A nivel regional, Cataluña, Galicia, la Comunidad de Madrid, País Vasco, Canarias, Extremadura, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Navarra, Ceuta y Melilla no han abierto nuevos casos. En estas comunidades autónomas, las actuaciones policiales y judiciales de los últimos meses se derivan de operaciones anteriores.
En Andalucía, además del procesamiento de los expresidente de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el 'caso ERE', se ha desarrollado la 'operación Nazarí' en la que se detuvo, en abril, al que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado y funcionarios municipales y promotores por una presunta trama de corrupción urbanística.
En Murcia lo único destacable es el 'caso Auditorio', a raíz del que la juez ha pedido la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, al hallar indicios de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial.
En el Tribunal Supremo, que no se ocupa de nuevas operaciones salvo en el caso de que afecten a aforados, todas las causas llegadas por asuntos de corrupción política han terminado archivadas este 2016.
La cita contra la corrupción más relevante ha sido la causa abierta a la fallecida Rita Barberá tras recibirse la exposición razonada que apuntaba indicios de blanqueo de capitales que dictó contra ella el juez valenciano del 'caso Imelsa'. La muerte de la exalcaldesa de Valencia dos días después de su declaración el pasado 21 de noviembre obligó al TS a decretar la extinción de su responsabilidad penal, aunque para este trámite se tuvo que esperar casi un mes.
Otro caso archivado en el Supremo ha sido el de exalcaldesa de Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo, que estuvo imputada en la pieza separada en la que investiga la contratación de la trama Gürtel en Fitur. Se admitió la existencia "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de los contratos pero el TS dijo que la regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.
El Supremo ha archivado hasta tres querellas presentadas por Manos Limpias y particulares contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el supuesto pago de diversas cantidades del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro al considerar que los hechos denunciados, basados en artículos periodísticos y un supuesto informe policial no contrastado, no constituyen delito.
Tampoco prosperó una querella interpuesta por la antigua Convergència contra el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, e igualmente fue archivada la actuación contra la senadora del PP Pilar Barreiro por el caso Novo Carthago.
