La Comunitat Valenciana y no Cataluña es la autonomía peor financiada

La noticia de la Cadena Ser me pilló ocupado y apenas pude retener la esencia, que era la enorme brecha existente entre las comunidades autónomas que más gastan en educación, encabezadas por el País Vasco y Navarra, y las que menos, entre las que se citaba a Madrid y Andalucía. Hablamos de la pasada legislatura llena de recortes, del año 2014, último dato hecho público por el Ministerio de Educación.

La información firmada por Adela Molina se completaba con opiniones de expertos que venían a confirmar que hay bastante relación entre la inversión en educación pública de cada comunidad y el nivel educativo de ese territorio, aunque influyen otros factores como el nivel socioeconómico de la población.

Qué te juegas, me dije, a que las que más gastan en educación son las mejor financiadas por el Estado y las que menos invierten son la que están a la cola en financiación autonómica. Pues sí, el orden no es exacto, pero los grupos de cabeza y de cola coinciden, como se puede ver en los siguientes gráficos (País Vasco y Navarra no aparecen en el de financiación porque tienen sendos regímenes forales muy beneficiosos para ambas):

Señalar esto es importante en la medida en que afrontamos el inicio de la negociación para un nuevo modelo de financiación con una preocupante falta de unidad entre los valencianos y con declaraciones de autoridades y analistas que no invitan al optimismo. 

En los últimos seis años, gracias al trabajo de Les Corts y de los gobiernos de Fabra y Puig, se habían alcanzado dos logros básicos para el objetivo de mejorar la financiación de la Comunitat. Por un lado, los valencianos han tomado conciencia de la situación injusta que padecen por culpa de los sucesivos modelos de financiación autonómica. En segundo lugar, se ha conseguido trasladar al Gobierno y al resto de Comunidades Autónomas esta realidad que hace bien poco ponían en duda viniendo como veníamos de una década de corrupción y despilfarro. 

Por desgracia, este reconocimiento por parte de, entre otros, Cristóbal Montoro no se ha traducido en la urgencia debida para cambiar este modelo quinquenal que debía ser revisado a partir de 2014. Para el Gobierno sigue habiendo cosas más urgentes.

A pesar del consenso general sustentado por informes de la Airef, BBVA Research, Fedea o la propia Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica, todavía hay expertos que niegan que la Comunitat Valenciana sea la peor financiada, incluso que esté mal financiada. Es el caso del mediático economista Juan Ramón Rallo –75.000 seguidores en Twitter–, en un reciente artículo publicado en su blog de El Confidencial con un titular rotundo: "Valencia no es la autonomía peor financiada". De ahí el título de esta columna, donde sostengo lo contrario para, como él dice de los demás, evitar que sus razonamientos "terminen siendo aceptados de manera acrítica por el grueso de la población". 

No voy a aburrir al lector con datos, me remito al último informe de Fedea sobre la liquidación del año 2015 y –de la misma asociación que dirige Ángel de la Fuente– el informe del período 2002-2015 donde se muestra que la Comunitat siempre estuvo a la cola, penúltima en 2002 en financiación por habitante y última en 2015. 

No es que Rallo falte a la verdad, su análisis numérico es correcto, solo que parte de una realidad que no es la española, parte de una concepción de un estado confederal en el que, según explicaba en respuesta a los comentarios en Twitter, cada Comunidad Autónoma debería apañarse con sus ingresos, con alguna transferencia del Estado "solo en casos de urgente y extrema necesidad".

Según su análisis, muy celebrado en Cataluña, es esta autonomía y no la Comunitat Valenciana la que está "ominosamente maltratada desde un punto de vista recaudatorio". Y ahí está la clave de la discrepancia, el punto de vista, que no puede ser el de la recaudación. 

La base del sistema de financiación autonómica es el sostenimiento de tres de los cuatro pilares del estado del bienestar –sanidad, educación y servicios sociales–, que fueron transferidos a las CCAA en distintos años, en teoría junto a una financiación suficiente pero en la práctica con un sistema "complejo, enrevesado y opaco", como dice Rallo, a quien le falta añadir los adjetivos "ineficaz e injusto", puesto que no cumple su objetivo de financiar esos gastos y lo hace de manera desigual entre las CCAA. Una desigualdad crónica en la que las perjudicadas son casi siempre las mismas.

Por tanto, no es ninguna novedad que las CCAA más ricas, que lógicamente son las que más recaudan, sean las más perjudicadas por la redistribución "desde un punto de vista recaudatorio". Lo extraordinario es que, como destacó Ángel de la Fuente en un informe del propio Ministerio de Hacienda, durante muchos años la Comunitat Valenciana fuera aportante neta al sistema, junto a Madrid, Cataluña y Baleares, teniendo una renta per cápita muy por debajo de la media, de en torno a 90 sobre 100.

En resumen, que en la España solidaria en la que todavía vivimos, lo primero es asegurar la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales –que prestan las CCAA– y las pensiones –a cargo de la Administración General del Estado– y después se puede discutir todo lo demás. Y en esa otra parte, por ejemplo en obra pública, sí que tiene Cataluña –y la Comunitat Valenciana– bastantes motivos de queja.

Liberalismo porque sí  

El liberalismo económico tiene en la meritocracia uno de sus pilares, pero la meritocracia solo es defendible cuando no hay una autoridad que otorgue a unos individuos ventajas sobre otros. Rallo lleva este liberalismo al extremo al defender la meritocracia de las CCAA con un sistema que, sin tener en cuenta la posición de partida ni las interferencias del Gobierno central, castigaría a las autonomías teóricamente menos eficientes y premiaría a las que, en palabras de uno de sus entusiastas seguidores, "viven del cuento".

Así, un liberal que trabajase con gran eficiencia y ganase mucho dinero en Castellón se vería perjudicado con menos servicios públicos o más impuestos, o las dos cosas juntas, por vivir en la Comunitat Valenciana. Y aún aceptando que este esforzado ciudadano tendría esa penitencia por tener unos gobernantes autonómicos elegidos democráticamente incapaces durante casi 30 años de lograr que el Gobierno central corrija un mal acuerdo de financiación, la teoría no se sostiene porque el margen de maniobra de los gobiernos autonómicos es limitado, sobre todo en la parte de los ingresos. Además, la riqueza de una comunidad –base de su recaudación– viene determinada por cuestiones tan ajenas a la capacidad de sus gobernantes como la geografía o las decisiones que se toman en La Moncloa o Estrasburgo.

El ejemplo evidente es Madrid, enriquecida durante tres siglos a base de decisiones reales/gubernamentales con el dinero de todos los españoles, capital donde confluyen todos los AVEs, autovías y autopistas redundantes y gran cantidad de museos y teatros de titularidad estatal, amén de los miles de funcionarios de la Administración del Estado. Todo eso lo pagamos entre todos y la mitad de esas rentas van a parar a la comunidad autónoma. La capital, además, concentra las sedes de las grandes corporaciones privadas, donde se pagan los sueldos más altos. Para que luego salga Cifuentes y presuma de que su comunidad es la que más impuestos recauda y la que más contribuye a la sostenibilidad del resto. Faltaría más.

Vayamos a ejemplos concretos. Cuando el Gobierno decide que Sevilla tenga AVE (a Madrid, claro) en 1992 y València lo tenga (a Madrid, claro) en 2010, hay una diferencia de 18 años en los que Andalucía sale beneficiada respecto a la Comunitat Valenciana. Cuando el Gobierno rechaza la petición de que la Dama de Elche se muestre en la ciudad donde se descubrió porque en Madrid se conserva mejor –hormigas aparte–, priva a la Comunitat de un indudable potencial de riqueza turística. Cada trimestre que el Gobierno decide si trasvasa agua del Tajo al Segura y cuánta trasvasa está tomando una decisión que afecta a la riqueza de Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia. Ojo, no entro en si las decisiones son acertadas o no, me limito a exponerlas para advertir de que tienen unos efectos que los gobiernos autonómicos no controlan.

Cuando el Gobierno central decide construir/ampliar aeropuertos en Huesca o León, pero rechaza hacerlo en Castellón –pagado este por los valencianos y que ya tiene el triple de aviones que aquellos dos juntos a pesar de las risas–, está incidiendo en la riqueza de unos y otros territorios. Cuando el señor Rallo coge el metro en Madrid, quizás no sepa que su billete se lo pagamos en parte todos los españoles gracias a una decisión gubernamental –y parlamentaria– de hace dos décadas según la cual el Estado contribuye al funcionamiento del transporte metropolitano de Madrid y de Barcelona (este año con 126 y 108 millones de euros, respectivamente). A València, que también tiene una red de transporte metropolitano, se le niega año tras año una subvención equivalente a su tamaño –serían unos 35 millones–, por lo que el déficit de ese transporte público lo pagan los ayuntamientos y la Generalitat. 

La última, por no alargarlo: Cuando el Gobierno propone a Barcelona y no a Alicante como sede de la Agencia Europea del Medicamento está tomando una decisión que supondría, en caso de resultar elegida, el traslado de 1.100 eurofuncionarios que solo en IRPF dejarán en las arcas de la Generalitat de Cataluña varios millones de euros al año. En este caso, la decisión final ni siquiera será del Gobierno español.

La solución liberal a todas estas distorsiones sería que las Administraciones quedaran reducidas a la mínima expresión y que fuera la iniciativa privada la que moviera España, tras lo que, en teoría, se podría aplicar el principio de meritocracia.

Pero dado que los desequilibrios no naturales se arrastran desde hace siglos y hemos configurado un Estado social en el que el objetivo es que todos los ciudadanos tengan un mínimo de servicios básicos homogéneo –mejorable en aquellas CCAA que dispongan de recursos–, la obligación del Estado es asegurar esa financiación en todas las autonomías, cosa que ahora no ocurre.

El principal responsable, Cristóbal Montoro, estuvo el viernes en València criticando a unos y a otros como si el problema no fuera con él. Como ya tenía casi acabado este artículo, dejo para el domingo que viene la explicación de por qué el problema no es que vaya con él, es que es él, el ministro. De paso, esta semana comprobaremos si, tanta prisa que dice tener, le da tiempo a convocar al Comité Técnico Permanente de Evaluación para que empiece a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.