VALÈNCIA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó este lunes a los Gobiernos autonómicos su propuesta para repartir los 10.000 millones del fondo que va a crear el Ejecutivo de Pedro Sánchez para las Comunidades Autónomas. Explicó la fórmula y, una vez aprobada, habrá que calcular qué parte del pastel le toca a la Comunitat Valenciana. A falta de conocer la cifra, una cosa esta clara: será bastante inferior al 10,6% que por población le correspondería, "afortunadamente", según Vicent Soler.
El conseller de Hacienda se refirió así, a preguntas de Alicante Plaza, al hecho de que las CCAA que más dinero recibirán proporcionalmente a su población serán las más afectadas por la Covid-19, entre las que se encuentran Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. "Si es un fondo finalista para cubrir los gastos extraordinarios por la Covid-19, miremos dónde está el gasto extraordinario", manifestó Soler, quien considera que el criterio de la ministra "es bastante razonable aunque nos habría convenido más el otro que se había planteado", que era el de considerar el total de la población y no la directamente afectada.
Soler participó junto al resto de consejeros autonómicos en la reunión por videoconferencia para debatir los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros para las CCAA anunciados el pasado fin de semana por Pedro Sánchez.
Parte de ese dinero lo constituye un fondo de 10.000 millones no reembolsable para cubrir los gastos sanitarios, que no tendrán intereses ni aumentarán la deuda de las CCAA. Los primeros 6.000 millones se transferirán en el mes de julio y los otros 4.000, después del verano.
Para el reparto de los primeros 6.000 millones de euros, Montero propuso que los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía pesen el 35% y los hospitalizados otro 25%, es decir, el 60% en total. El 40% restante se calcularán un 20% por el número de casos de Covid-19 confirmados por PCR y el otro 20% por "población ajustada" o "población protegida equivalente".
"Población ajustada" es la variable que se utiliza en el reparto de la financiación autonómica que tiene en cuenta el envejecimiento de la población, la población escolar, la insularidad o la dispersión. Eleva el peso de unas Comunidades y rebaja el de otras, la que más la valenciana. Montero dejó abierta la puerta a que el criterio sea la "población protegida equivalente, que es una ponderación diferente integrada en la "población ajustada" y que en principio no es tan perjudicial para la Comunitat Vaelenciana.
En cualquier caso, Soler pidió que en el primer tramo de 6.000 millones la población tenga un peso mayor del 20%, porque aunque sea "población ajustada" el peso es mayor que en el total de casos de contagio.
Respecto a los 4.000 millones que se repartirán después del verano, cambia el criterio. Hacienda propone que la población ajustada sea el criterio que tenga más relevancia, con el 40%, seguida de los ingresos en UCI con un 30%, las hospitalizaciones un 20% y los positivos confirmados por PCR el 10% restante. En este segundo tramo, la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia "porque se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote", según explicó el Ministerio en un comunicado.
Los criterios no son definitivos, ya que Montero se comprometió a revisar su propuesta para que recoja algunas sugerencias de los consejeros. No obstante, serán variaciones poco importantes ya que, afirmó, "las
comunidades que han sufrido un mayor impacto de la pandemia serán las que más recursos reciban en la medida en que el fondo cubre el incremento del gasto sanitario generado por el virus".
La medida que finalmente se decida se aprobará mediante real decreto por el Consejo de Ministros. Además, se convocará "pronto" un Consejo de Política Fiscal y Financiera para mantener la coordinación, según el Gobierno.
A este fondo de 10.000 millones se sumarán otros 1.000 millones para gasto social, que se repartirán como los 300 millones del fondo social extraordinario que se aprobó en marzo. En este caso, la población es la variable que más cuenta, aunque también se incluyen otros criterios como mayores de 65 años, jóvenes o población dependiente. En ese reparto para gasto social a la Comunitat Valenciana sí le correspondió el 10%, por lo que ahora percibirá en torno a 100 millones.
La tercera parte de los ingresos anunciados por el Gobierno son otros 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. María Jesís Montero planteó que el reparto entre CCAA salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria, donde están las agencias tributarias estatal y autonómicas.
Tras la reunion, el conseller Soler puso en valor el gesto del Gobierno con los 16.000 millones del fondo no reembolsable y destacó que "no tienen precedentes en la España autonómica".
"Este fondo es una muestra del compromiso del Gobierno central con las Comunidades Autónomas, que son las gestionan tres de los cuatro pilares básicos del estado del bienestar: la sanidad, la educación y las políticas sociales. En estos momentos el gasto en materia sanitaria se ha visto muy tensionado para hacer frente a la emergencia sanitaria que ha supuesto la Covid-19 y era necesario que desde el Ejecutivo central se diera cobertura a la actuación que estamos llevando a cabo las comunidades autónomas, como así ha sido", manifestó el conseller.
Soler también recordo la respuesta financiera que ha dado el Gobierno central a las necesidades de liquidez de la Comunitat Valenciana: "Su respuesta ha sido rápida y han estado a la altura de las circunstancias. Hasta el momento, el Gobierno ha facilitado liquidez a la Comunitat Valenciana por importe de 1.423 millones de euros para que pueda hacer frente a los gastos extra que está teniendo, principalmente como consecuencia de la lucha contra el coronavirus".
Esta cifra viene a cubrir aproximadamente el 65% de las necesidades de liquidez extraordinaria de la Comunitat Valenciana, que según los cálculos del Consell alcanzan los 2.200 millones en el primer semestre.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral