Personas evacuadas desde Afganistán llegan a la Base Aérea de Torrejón - FOTO: Ministerio de Defensa VALÈNCIA. (EP) Un total de 85 refugiados afganos han llegado a la Comunitat Valenciana en los últimos días, el 49% mujeres, en el marco del programa de Protección Internacional del Gobierno de España, y han sido acogidos en centros propios del Ministerio de Inclusión, o financiados por éste y gestionados por entidades.
En total, ha sido 1.723 las personas acogidas por España tras su evacuación de Afganistán, según ha informado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa en la que ha explicado la 'Operación Amtígona', desplegada para recibir a los ciudadanos afganos tras la llegada del regimen talibán al país asiático.
Los datos facilitados por el ministro señalan que entre las más de 1.700 personas que se van a quedar en el país tras su salida de Afganistán, hay 420 familias que, de media, cuentan con unos cinco miembros. Además, ha explicado que la medida de edad de estas personas es de 22 años. De hecho, según ha indicado Escrivá, un tercio de ellas es menor de 15 años.
En cuanto a sexo, la mayoría de las mujeres que han llegado a España desde el país asiático, un total de 726, son niñas: 281 del total son menores de 15 años.
A todos ellos, así como a los 428 que aterrizaron en la base aérea de Torrejón (Madrid) pero con otros destinos --UE, Estados Unidos y Portugal-- fueron atendidos en el campamento provisional que la UME, ha destacado Escrivá, montó en unas 24 horas y que, además, tuvo que ser adaptado sobre la marcha. En un principio estaba preparado para 400 y, finalmente, se amplió a 800 con posibilidad de acoger hasta a 1.000.
En total, ha recordado el ministro, han sido más de 2.000 personas las que han pasado por Torrejón: 1.645 'reclamadas' por España; 335 a petición de las UE, aunque 25 se quedarán en España también por formar parte de la cuota correspondiente al país; 132 del contingente estadounidense; 50 de la OTAN que también se quedan en el país; y otros 19 que han sido trasladados a Portugal.
En la rueda de prensa, Escrivá ha agradecido la labor de la UME y las ONG que han colaborado con su departamento en toda esta operación y ha puesto en valor, además, la coordinación entre los ministerios que tenían competencias en la misma: Sanidad, Exteriores, Interior, Defensa y Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Gracias a este trabajo, ha indicado se ha podido mejorar el "ambicioso" plan que tenía el Gobierno para reducir al máximo el tiempo que los refugiados iban a estar en el campamento de Torrejón. Al final, ha declarado el ministro, la media de estancia de los evacuados que se han quedado en España ha sido de 45 horas y en el caso de otros contingentes 67 horas.
Esta coordinación y esta reducción en las horas, ha indicado Escrivá, "es lo que ha permitido absorber a tantas personas" y que el aeropuerto español haya podido convertirse en 'hub' en esta situación.
En cuanto a los que han solicitado protección en España, el responsable de Inclusión ha explicado que han sido atendido por 71 funcionarios de su Ministerio, encargados, junto a Cruz Roja, de realizar las entrevistas personales que, ha apuntado Escrivá, son "fundamentales" para determinar la derivación al sistema de acogida. En total, ha indicado Escrivá, los funcionarios han realizado hasta 1.500 horas de estas entrevistas.
La información obtenida de estos contactos ha permitido la inclusión en el sistema de más de 1.700 personas y unas 320 familias, según datos de Migraciones. Todas ellas han sido trasladadas a recursos de la red estatal.
De ellas, 249 personas están en recursos de Castilla y León, 208 en los de Cataluña, 188 en Andalucía, 179 en Aragón, 167 en la Comunidad de Madrid, 99 en Galicia y 96 en Asturias. En País Vasco y Comunitat Valenciana se han acogido a 85 personas en cada una, y en Castilla-La Mancha y Murcia 68, también en cada una de ellas.
Cantabria con 43 personas acogidas, Baleares con 33, La Rioja con 25 y Extremadura, con 18, completan este reparto. El Gobierno no ha enviado a nadie a los recursos en Canarias ya que, como ha explicado Escrivá, esta comunidad ya tiene "mucha tralla" con la inmigración.
Esta derivación se ha realizado en base a tres criterios, según ha apuntado el ministro: la disponibilidad de plazas, las entrevistas personales realizadas por los expertos --que pueden determinar la vulnerabilidad de los refugiados-- y las redes familiares cercanas. En este caso, sin embargo, Escrivá ha explicado que este último punto no ha sudo relevante porque "no hay muchos afganos en España".
Una vez en los recursos de acogida estatales, los refugiados pasarán por dos fases. Una primera de "acogida", que dura entre seis y nueve meses desde su llegada, en la que se hace un acompañamiento integral de estas personas; y una segunda de "preparación a la autonomía", en la que reciben ayudas y apoyo para su integración.
Aquí se trabaja con "con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan al beneficiario" y que se traducen en una serie de prestaciones como alojamiento y manutención, información y orientación social, intervención social, ayudas económicas, asistencia jurídica, asistencia psicológica, traducción e interpretación y orientación y formación para el empleo.
Sobre la escolarización de los menores llegados a España, Escrivá ha indicado que se está trabajando con los ayuntamientos para agilizar el trámite y se reforzará con los centros el aprendizaje del lenguaje de estos niños.
En este sentido, el ministro ha explicado que la juventud de la mayoría de refugiados es una buena noticia de cara a esta integración ya que, según ha explicado, los más jóvenes tienen una "capacidad superior" para ello.
A pesar de que el ministro se ha felicitado de cómo se ha realizado todo este procedimiento, que ha permitido acoger a más de 1.700 personas en diez días cuando, ha explicado, el Ministerio hace en un año (según datos de 2019) unas 1.300 acogidas, Escrivá también ha reconocido la necesidad de "reforzar el sistema".
En concreto ha señalado la necesidad de mejorar el "patrocinio comunitario". Se trata de convenios entre el Estado y ayuntamientos, autonomías o administraciones territoriales que se van a involucrar en el proceso de acogida, así como ONG y otras organizaciones, con el objetivo de crear una 'comunidad' y derivar a personas con protección internacional de la red estatal a otros recursos que estas administraciones y organizaciones tengan.
Con este convenio, los nuevos responsables de los refugiados deben cumplir unas condiciones que establezca el Estado y que, en este caso, serían las mismas que se aplican en los centros estatales.
