Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Foto: EPVALÈNCIA. Sin los detalles que puedan provocar una división insalvable, el Consejo Europeo aprobó de forma general la propuesta de la Comisión y del Parlamento europeos de garantizar un Fondo de Recuperación con el presupuesto de la Unión para hacer frente a la pandemia.
Los miembros del Consejo Europeo celebraron su cuarta videoconferencia para tratar el Covid-19 y sus consecuencias expresando, según el Presidente del Consejo, Charles Michel, “una fuerte voluntad de avanzar juntos”. No obstante, ni acordaron ni detallaron su coste o si serán transferencias o préstamos lo que salvarán a Europa de la pandemia.
Michel compareció en rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mostrar una posición común que, en realidad no refleja el fondo de lo ocurrido en el Consejo. “Todos coincidimos en que la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos son lo primero”, declaró el presidente del Consejo explicando que habían aprobado la hoja de ruta para el levantamiento de las medidas de confinamiento. De esta forma, salvaron el primer escollo, encargando a la Comisión que presente un plan concreto y detallado.
De otro lado, lo importante de la reunión ha sido llegar a un acuerdo marco que permita salir de la crisis de forma conjunta y solidaria entre todos los Estados miembros, algo que no fue posible en las anteriores cumbres de líderes de la Unión. Los países del norte y los de sur, afectados de forma diferente por la pandemia, no llegaron a un acuerdo satisfactorio en aquella ocasión al negarse Holanda, Alemania y Austria a mutualizar la deuda de forma solidaria. Mientras que España, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, entre otros, hicieron frente común para no aceptar ningún instrumento financiero que les llevara a un costoso recate como en la anterior crisis financiera.
Por ello, el acuerdo del Consejo parece “establecer algunos principios importantes, como la solidaridad, la cohesión y la convergencia”, según las conclusiones aprobadas. En este sentido, define cuatro áreas clave para la acción: un mercado único en pleno funcionamiento, un esfuerzo de inversión sin precedentes, que actúe a nivel mundial y un sistema de gobernanza en funcionamiento. Un punto importante es aumentar la autonomía estratégica de la Unión y producir bienes esenciales en Europa.
Además, tras la reunión del Eurogrupo en un formato inclusivo el 9 de abril de 2020 con presencia de todos los Estados miembros, se “respaldó el acuerdo sobre tres redes de seguridad importantes para trabajadores, empresas y Estados soberanos, que asciende a un paquete por valor de 540.000 millones de euros”, explicó Charles Michel. Este paquete estará operativo para el 1 de junio de 2020.
Pero lo más importante es “trabajar para establecer un fondo de recuperación, que es necesario y urgente. Este fondo será de una magnitud suficiente, dirigido a los sectores y partes geográficas de Europa más afectados, y estará dedicado a hacer frente a esta crisis sin precedentes”, añadió el presidente del Consejo. En este sentido, el Consejo ha “encomendado” a la Comisión que analice las necesidades exactas y que presente “urgentemente” una propuesta acorde con el desafío de lea crisis del Covid-19.
La propuesta de la Comisión debería aclarar el vínculo con el Marco Financiero Plurianual (MFP), que en cualquier caso deberá ajustarse para hacer frente a la crisis actual y sus consecuencias. El Eurogrupo en un formato inclusivo continuará monitoreando de cerca la situación económica y preparará el terreno para una recuperación sólida. Michel apeló a trabajar en el fondo de recuperación, así como en el MFP, “para que se pueda encontrar un acuerdo equilibrado sobre ambos lo antes posible”.
Poco antes, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, apelaba a la solidaridad del proyecto europeo. “Nos encontramos en una encrucijada decisiva y estamos llamados a asumir una gran responsabilidad para con nuestros conciudadanos, que están pasando por momentos difíciles y esperan una respuesta concreta y que esté a la altura de la gravedad de la situación”, declaró en una rueda de prensa previa al Consejo como adivinando las reticencias internas.
Sassoli ofreció algunos datos que ofrecen una imagen de la Europa de hoy: el sector automovilístico prevé una caída de la demanda de entre el 7 y el 9 % en los cuatro mercados europeos principales. El sector textil estima las pérdidas de ventas en el 50 %. Sólo en Francia son ya cuatro millones los trabajadores que han accedido al subsidio de desempleo. En España, la tasa de desempleo ha ascendido al 20 % de la fuerza de trabajo el sector agroalimentario italiano estima las pérdidas en 4.000 millones de euros. Para los viveristas neerlandeses, el comercio ha caído en un 70 %, con unas pérdidas del orden de los 2.000 millones de euros. El sector turístico europeo sufrirá un impacto sin precedentes, con pérdidas de ingresos del 50 % para hoteles y restaurantes, y del 90 % para las compañías de transporte marítimo y aéreo.
Esta crisis golpeará con más dureza a los trabajadores no cualificados y temporales, entre los que predominan las mujeres, así como a las familias más pobres y vulnerables, lo que transforma una crisis financiera y económica en una auténtica emergencia social. Sería conveniente que la Comisión evaluase con precisión la profundidad de esta crisis, país por país y sector por sector.
Los Estados miembros ya están aplicando diversas medidas para hacer frente al impacto inmediato de la crisis. “No obstante, sabemos muy bien que el esfuerzo total desplegado por la Unión Europea y por los Estados miembros no bastará para hacer frente a una crisis de dimensiones inéditas”, explicó Sassoli tras alertar de la crisis con cifras. “No se trata solo de emplear los recursos necesarios, sino que será fundamental que todos dispongan de los instrumentos necesarios para proteger a los propios ciudadanos, estabilizar los mercados y relanzar las economías respectivas”, añadió.
Po último, hizo especial mención al “deterioro de la cartera de deuda soberana de algunos países”, que exige soluciones basadas en préstamos, pero también en subvenciones. “No podemos esperar a que se movilicen los recursos a partir del próximo mes de enero, como ya ocurrió con ocasión del plan Juncker”. Y pidió agilidad y responsabilidad “en un momento de gran fragilidad en el que nos vemos expuestos a riesgos de injerencia y de adquisición de activos que son estratégicos para la Unión”, en referencia a empresas extranjeras.
Por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que España no tiene pensado acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), al tiempo que ha explicado que el Gobierno mantiene su petición de que el fondo de recuperación se articule a través de transferencias no reembolsables.
Así lo ha defendido la ministra en su comparecencia ante los medios tras la reunión de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE). De esta forma, González Laya ha negado la posibilidad de que España se estuviera planteando acudir al fondo de rescate europeo, una posición que había asegurado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aclaró esta posición pese a ser preguntado por ello tanto por el PP, como por Ciudadanos.
La ministra de Asuntos Exteriores ha explicado que España ha defendido en la cumbre europea que la triple red de seguridad avanzada por el Eurogrupo se ponga en marcha "lo antes posible".
Asimismo, también ha defendido la creación de un fondo de recuperación económica y social que sea "ambicioso", que se financie con deuda "perpetua", que esté destinado a atender las necesidades "pos Covid" y que se distribuya entre aquellos Estados miembros más afectados. Sin embargo, González Laya ha reconocido que no existe un consenso sobre este punto, por lo que los jefes de Estado y Gobierno tendrán que volverse a reunir.
La ministra ha defendido que España se ha situado "en el centro de juego" de la discusión, ya que "uno de los logros" del encuentro ha sido la cuantía del fondo de recuperación. Según González Laya, la mayoría de países se ha mostrado a favor de la horquilla planteada por España: un fondo de entre 1 y 1,5 billones de euros.
El mayor punto de desacuerdo, especialmente entre países del norte y el sur, ha sido cómo se articulará el fondo. España ha defendido que sean transferencias directas no reembolsables para evitar el sobreendeudamiento, por "solidaridad" y para garantizar una "salida simétrica" de la crisis.
Asimismo, González Laya ha indicado que España ha pedido al resto de países unas perspectivas financieras "ambiciosas" y centradas en garantizar la "cohesión de territorios", que favorezca la convergencia entre los distintos Estados miembros y que "apoye la agricultura".
