VALÈNCIA. (EP) La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) urge a que se tomen las medidas necesarias para que la Comunitat cumpla con todos los criterios exigidos por parte del Ministerio de Sanidad para pasar a la fase I e insta a que haya transparencia, no crear falsas expectativas y que la política no prime en la decisión.
La organización empresarial, que pide que se reconsidere la posibilidad de cambiar de fase "por el bien de los ciudadanos y de la economía valenciana", ha trasladado al presidente de la Generalitat su malestar por la decisión y lo hará próximamente al presidente del Gobierno en una carta que recoge "el profundo malestar del empresariado valenciano por su falta de transparencia y por negarse a reconsiderar una decisión que de nuevo perjudica a la Comunitat Valenciana".
La falta de rigor y certidumbre, y las discrepancias entre el gobierno central y el autonómico castigan una vez más a empresas, autónomos y ciudadanos, según CEV que echa en falta criterios claros y mayor transparencia en el proceso de desescalada.
Las expectativas generadas por el Consell y el escaso margen de maniobra que deja a empresas y autónomos el hecho de que los anuncios de cambio de fase por parte del Gobierno se realicen con apenas 48 horas de antelación, motivaron que empresarias y empresarios de toda la Comunidad invirtieran en acopio de material y materias primas, en la adaptación de los locales a las nuevas medidas de seguridad a las que están obligados, y principalmente en la incorporación de una parte de la plantilla incluida en los ERTEs que en estos momentos sigue sin poder trabajar, ha indicado la organización
La Administración central y autonómica, deben ser conscientes de las consecuencias que sobre la economía tiene la falta de claridad y de rigor, y actuar de forma responsable para que una situación como ésta no vuelva a repetirse, ha indicado la CEV que demanda que se den todos los pasos necesarios para que la Comunitat Valenciana pueda pasar a la Fase I y con este objetivo exige.
Así solicita que haya criterios objetivos, públicos y compartidos para todas las comunidades autónomas, conocer con exactitud en qué ha fallado la Comunitat Valenciana y que se pongan todos los medios necesarios para no volver a hacerlo. Asimismo que no se generen falsas expectativas, para evitar que se tomen decisiones que perjudican sobremanera a empresas y autónomos que atraviesan una situación extrema.
Además insta a que las cuestiones políticas no primen sobre las cuestiones objetivas en la toma de decisiones y que haya una norma que aclare la situación y los procedimientos a seguir en el caso de las empresas a las que la falta de actividad les impide hacer efectiva la incorporación de los trabajadores afectados por un ERTE durante la vigencia del mismo.
