El presidente de la CEV, Salvador Navarro. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado mes de agosto, Podem dio un paso adelante para tratar de salvar el pretendido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases –más conocido como SDDR–. Después de que el Consell enterrara el debate en uno de sus seminarios tras la crisis que el tema en cuestión desató en el seno de la Conselleria de Medio Ambiente, la formación morada decidió rescatarlo e introducirlo como parte del articulado de una normativa que ellos mismos redactaron: la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular.
Sin ninguna esperanza de que este artículo salga adelante, la norma también cuenta con una serie de puntos que han generado dudas en el resto de grupos parlamentarios del Botànic y que han sido rechazados frontalmente por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). No en vano, la patronal empresarial que preside Salvador Navarro ha presentado una batería de alegaciones a la ley antes de que los partidos con representación en Les Corts registren sus enmiendas. De los 50 artículos que la componen -además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales-, piden que se supriman un total de 28.
Los argumentos que dan para anular más de la mitad del cuerpo de la ley son variados: que algunos puntos contravienen normativas europeas; la dificultad para aplicar algunas de las cláusulas por razones higiénico sanitarias; inseguridad jurídica; o la vulneración de los principios de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, entre otros.
Uno de los puntos que más animadversión ha generado atañe a la restricción sobre la forma de distribuir agua. El partido de Antonio Estañ propone que las empresas responsables de instalar y mantener máquinas expendedoras de bebidas en edificios se encarguen también de hacer lo propio con fuentes de agua potable gratuitas y que no se distribuyan bebidas en envases de un solo uso en edificios públicos o en eventos que tengan apoyo de las administraciones, bien sea mediante patrocinio o cualquier otro tipo de fórmula.
Una pretensión que la CEV asegura que supone una "restricción a la libre circulación de envases dentro de la UE contraria al artículo 18 de la Directiva 94/62/CE y al 10 de la Directiva 2009/54/CE sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales". En su lugar, propone que la ley se limite a instar a las administraciones públicas a implantar un sistema de recogida selectiva de envases en los edificios públicos.
De la misma manera, los morados quieren que se instalen fuentes de agua en espacios públicos y obligar a los establecimientos hosteleros a ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita para conseguir que se reduzca la producción de desechos.
En el primero de los casos, la patronal considera que es una medida "ineficaz y desproporcionada" puesto que "banalizan" las propiedades que tiene el agua mineral embotellada -envase que "permite su transporte en condiciones de higiene y seguridad alimentaria"- porque la equiparan a cualquier agua de consumo humano. En el segundo, creen que exigir a los bares a que ofrezcan agua en jarra o vasos a los clientes supone una "injerencia en el ejercicio de la actividad empresarial". Añaden, además, que hay municipios en la Comunidad Valenciana como Moraira en los que las propias autoridades no recomiendan el consumo del agua del grifo. Aspecto que, dicen, "impediría a estos municipios cumplir con esta obligación".
La Proposición de Ley registrada por la diputada de Podem, Beatriz Gascó, reúne también en distintos artículos el porcentaje al que debe llegar la recogida selectiva de distintos residuos antes de 2025: orgánico (70% ), plásticos (50%), madera (25%), cristal (70%), y papel y cartón (75%). Unos porcentajes que, no obstante, el órgano presidido por Navarro matiza que deben ser fijados en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) que actualmente prepara la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián.
Lo mismo razonan, de hecho, con los plazos que fija la normativa sobre la recogida selectiva de residuos textiles, residuos peligrosos del hogar, los paneles cerámicos procedentes de la exposición y muestrario de material cerámico que son destruidos cuando las exposiciones finalizan, los residuos plásticos agrarios, poda agraria y paja de arroz, o productos de higiene personal como compresas y pañales. En estos casos, la ley de Podem limita a que sea efectiva la recogida selectiva ya en 2021.
Ahora bien, conviene señalar que en toda Europa, apenas existen dos plantas de recogida selectiva de pañales y compresas. De hecho, hasta noviembre de 2017 no se inauguró la primera de ellas en todo el mundo, situada en la localidad italiana de Lovadina di Spresiano. Una realidad que dificultaría que en la Comunidad Valenciana se alcanzara el objetivo demandado en un plazo de apenas dos años.
La norma de Podem también trata de restringir el uso y venta de bolsas de plástico. Un artículo que los empresarios puntualizan que ya quedó regulado por el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, por lo que lo consideran "incoherente e incompleto", pues lo reproduce de manera "parcial" esta norma.
Del mismo modo, pretenden evitar que todo producto alimentario que pueda venderse a granel, se comercialice envasado en plástico. El texto legal sugiere que los supermercados pongan en lugares visibles bolsas reutilizables de papel para que sean los consumidores los que distribuyan en ellos los productos de venta a granel que quieren comprar.
En este caso, la CEV puntualiza que para tomar este tipo de medidas "es preceptivo el dictamen favorable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria", dado que se pone en cuestión las garantías higiénico sanitaria. No en vano, recuerdan que en caso de producirse un problema sanitario, la responsabilidad es del fabricante, tal y como indica la normativa de Paquete de Higiene.
La ley también pretende vetar la fabricación de productos con objetivos de obsolescencia programada. Un propósito que los empresarios entendían que generaba "inseguridad jurídica" -se preguntaban cómo controlar la compra on-line- y una desventaja competitiva para las empresas valencianas respecto a empresas de otras comunidades autónomas que sí pudieran fabricar y vender en otros mercados.
En definitiva, una ley que choca frontalmente con la patronal empresarial a excepción del apartado que contempla la creación de la Agencia Valenciana de Residuos (AVR) con la que sí estarían de acuerdo, pero sobre la que proponen que se constituya, además, un Consejo de Participación en el que pudieran estar representados sindicatos y patronales mayoritarias, entre otros.
