Salvador Navarro, presidente de la CEV. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. (EFE) La patronal autonómica CEV ha hecho una valoración "rotundamente negativa" de los datos de la EPA conocidos este martes, y ha indicado que la "severidad" de la situación económica requiere en el corto plazo de medidas fiscales y laborales para preservar el tejido productivo y el empleo, y en el medio plazo de reformas estructurales para cambiar el modelo productivo.
Según la CEV, los datos de la EPA del segundo trimestre "corroboran la trayectoria contractiva" de la actividad y el empleo como consecuencia de la crisis provocada por la covid-19, pues en un trimestre tradicionalmente muy favorable para la actividad y el empleo, el número de parados aumenta en 42.500 personas y el de ocupados baja en 128.600.
Pero la CEV hace una valoración "todavía más negativa", ya que las personas acogidas a los ERTE siguen computando estadísticamente como ocupados, por lo que la EPA no refleja "el desplome real de la actividad" en los sectores productivos.
Además, explica que un gran número de personas en búsqueda de empleo figuran en las estadísticas como 'inactivos' por no cumplir con los requisitos estadísticos de 'parados', por lo que la EPA no refleja el "aumento real" del número personas paradas y en búsqueda de empleo.
Y, en tercer lugar, la CEV señala que, pese a que la crisis provocada por la covid-19 repercuta de forma generalizada a todas las economías a nivel global, sus efectos son asimétricos y están afectando a la Comunitat Valenciana de forma "más severa" que a la media nacional.
La patronal destaca que la tasa trimestral de ocupación baja en las tres provincias y en todos los sectores, salvo en la agricultura de la provincia de Valencia (con 4.900 ocupados más), y en términos absolutos el desplome de la ocupación se centra en el sector servicios y en las provincias de Valencia y Alicante. También es relevante la bajada de ocupación en el sector manufacturero de Alicante.
A la vista de estos datos, y dadas las perspectivas de futuro, la CEV reclama en el corto plazo medidas fiscales y laborales que permitan preservar el tejido productivo y el empleo, y en el medio plazo, pero sin demora, reformas estructurales que incidan positivamente en los niveles de productividad del tejido productivo y permitan avanzar hacia un cambio de modelo productivo "más inteligente, sostenido y sostenible".
