VALÈNCIA (EP). La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en Les Corts Rafael Blasco en su segundo juicio por el caso Cooperación, relativo a irregularidades en las ayudas a ONG y al proyecto fallido para la construcción de Haití, mientras que impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni.
Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación con las piezas 2 y 3 del caso Cooperación abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. El juicio se celebró hace ocho meses.
En total, por estas piezas se sentaron en el banquillo de los acusados 24 personas, y el tribunal condena a 22 de ellas y deja fuera a Luis Fernando Castel --responsable del servicio externo que evaluaba los proyectos de cooperación para la Conselleria-- y María Dolores Escandell --exjefa de Servicio de la Conselleria--.
Respecto a Blasco, quien ya fue condenado a seis años y medio de cárcel por la pieza 1 de este procedimiento y pactó una pena con Fiscalía de tres años por este asunto, el tribunal le ha rebajado la condena al año de prisión por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas --no se contempla el pacto con el ministerio público al no estar representadas en él todas las acusaciones--.
Para fijar la pena al exdirigente 'popular', se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal y, además, no se le condena al pago de ninguna multa ni a responsabilidad civil.
Durante la vista, en el derecho a la última palabra, el exconseller, en régimen de semilibertad tras pasar tres años en Picassent, aseguró que no había recibido "ninguna dádiva" y mantuvo que "nunca" había formado parte de "ninguna trama delictiva".
Así mismo, la sentencia fija dos años de cárcel para Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. También le impone una multa de 40.000 euros.
Por otro lado, la condena más elevada en este asunto ha sido para el administrador de una sociedad, José Luis Mezquita, a quien se le han fijado cinco años y medio de prisión; seguido del presidente de Fudersa, Rafael Barrera, condenado a tres años.
La Audiencia ha condenado a dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a un año y medio de cárcel al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a la legal representante de Beconsa, Rosa Castelo; a los secretarios de la Fundación Entre Pueblos --posteriormente Hemisferio-- Luis Freire y José Bollaín; y al legal representante de una mercantil Alberto Pampín.
La misma pena de año y medio de cárcel se fija para el trabajador de Caaz y Expande, Jesús Urquiza; la trabajadora de Hemisferio María Isabel Castillo; a Alfonso Navarro, presidente de Hemisferio y Arcmed; a Miguel Angel Climent, administrador de varias sociedades; a otro administrador, Felix Sanz; y a Arturo, hermano del empresario Augusto César Tauroni.
Así mismo, el tribunal impone un año de cárcel para Carlos Andrés Chust, legal representante de Chust Alzira; seis meses de prisión a la ex secretaria general de la Conselleria Tina; y tres meses de cárcel para la mujer de Tauroni, Alina Indiekina; y para el presidente de Esperanza sin Fronteras, Fernando Darder.
Junto a estas penas de prisión, el tribunal acuerda que los condenados paguen multas de distinta cuantía y entre 15.000 y 200.000 euros de manera individualizada a la Generalitat Valenciana en concepto de responsabilidad civil. También ordena decomisar los dos apartamentos adquiridos por Tauroni en Miami, además de su yate y el dinero que existía en distintas sociedades intervenidas por proceder del blanqueo de capitales.
Los hechos enjuiciados se han dividido en dos apartados: subvenciones a ONG entre 2009 y 2011, cuando Blasco era conseller de Solidaridad; y la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto registrado en el país.
Respecto al primer bloque, según consta como probado en la sentencia, Blasco "favoreció" la concesión de subvenciones a Tauroni, empresario "conocido" suyo "de tiempo atrás, pese a conocer que desviaba para lucro propio buena parte de las cantidades obtenidas para hacer proyectos en los países del Tercer Mundo". Lo que no se ha acreditado es que el exconseller, a cambio, recibiese determinadas cantidades de dinero.
Así, Tauroni constituyó una fundación, Entre Pueblos --después denominada Hemisferio--, cuya finalidad era optar a subvenciones públicas y gestionar proyectos de pequeñas ONG. Su contacto en la Conselleria era Marc Llinares, con quien mantenía una relación de amistad y dentro de la Conselleria era la persona de confianza de Blasco.
Así, Llinares intentó allanar el camino para los proyectos presentados en las distintas convocatorias por Hemisferio o las ONG que la fundación gestionaba a cambio de diversas cantidades dinero "en agradecimiento a sus favores".
La finalidad de Tauroni era obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% y lo consiguió debido a que buena parte de los proveedores no ejecutaban los servicios contratados, percibiendo, en cambio, elevadas cantidades por los trabajos facturados, que además estaban presupuestados muy por encima del precio real del mercado.
Y este era el 'modus operandi': para distraer parte de la subvenciones recibidas, Tauroni utilizaba terceras empresas, bien radicadas en España, bien domiciliadas en Estados Unidos, para obtener el dinero sin otra contraprestación que el previo descuento de una comisión pactada.
Por otro lado, respecto al apartado del hospital de Haití, el tribunal recuerda que la Conselleria acordó una línea de subvención para la reconstrucción de Haití de cuatro millones de euros procedentes de los presupuestos de la Generalitat de 2011.
Las subvenciones fueron concedidas a Esperanza sin Fronteras, asociación presidida por Darder. Pese a la apariencia de concurso público, "lo bien cierto es que ya desde el mes de agosto del año anterior se pensó en que fuese esta entidad la que llevase a cabo la construcción del complejo hospitalario, proyecto que estaría gestionado por Hemisferio".
Este proyecto fue seguido personalmente desde la Conselleria por Felip, Llinares y Sanjuán, quienes se reunieron en varias ocasiones con Tauroni y su hermano, entre otros, advierte el tribunal, que agrega que Blasco fue quien introdujo a Darder en una de las reuniones concertadas entre Hemisferio y responsables de la Conselleria, dando órdenes de que a partir de entonces se contase con él para tenerlo al tanto de todo.
