Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Audiencia Nacional ha declarado a CaixaBank responsable civil subsidiario en la causa abierta contra la antigua cúpula de Banco de Valencia, cuyo consejo de administración está procesado y pendiente de juicio por su responsabilidad en la quiebra de la entidad financiera.
En un auto dictado este martes al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la magistrada María Tardón declara la responsabilidad civil de CaixaBank como sucesora universal por absorción de Bankia y llamarla al procedimiento para que pueda ejercitar su defensa.
La jueza ha dictado este auto en respuesta a la petición, adelantada por este periódico, en la que un grupo de accionistas de Banco de Valencia que ejercen de acusación particular en el procedimiento pedían que se le atribuyera a la entidad resultante de la fusión de CaixaBank y Bankia la responsabilidad civil que ya pesaba sobre la segunda con vistas a una posible indemnización. A esta petición se han adherido otras partes.
Tardón asume las alegaciones vertidas por la Fiscalía en el informe emitido a raíz de la petición de los accionistas que ejercen la acusación, en el sentido en el que tras hacerse oficial la fusión por absorción de CaixaBank y Bankia, la primera adquirió por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la entidad madrileña, que ya tenía la condición de responsable civil por los delitos de falsedad contable en las cuentas de Banco de Valencia de 2009 y 2010, tal y como se confirmó en el auto de procesamiento de los anteriores responsables de la entidad financiera.
Hasta ahora, CaixaBank había conseguido esquivar el llamamiento al proceso como responsable civil pese a su condición de sucesora universal con la compra de Banco de Valencia. Sin embargo, a Bankia, la Fundación Bancaja y a Banco Financiero y de Ahorro (BFA), sí les atribuyeron esa responsabilidad tanto la Fiscalía Anticorrupción como el entonces juez instructor, Santiago Pedraz.
Según cálculos de los afectados, la reparación del daño causado al conjunto de los accionistas de Banco de Valencia oscilaría entre 400 y 500 millones de euros. De aceptarse la eventual responsabilidad de CaixaBank para responder de posibles indemnizaciones, la entidad recién creada sufriría un revés sensible en forma de provisiones para cubrir responsabilidades por litigios.
