La Abogacía de la Generalitat cierra la puerta a un ERTE en sus empresas públicas

VALÈNCIA. Las empresas públicas de la Generalitat valenciana no podrán aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como el sector privado. Así lo ha trasladado verbalmente la Abogacía de la Generalitat al Consell, según reveló este domingo el presidente Ximo Puig. De esta manera, la plantilla de las mercantiles del sector público autonómico no se verá afectada por el parón de la actividad económica como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El criterio de la Abogacía sobre una cuestión en la que no hay unanimidad en el mundo del Derecho supondrá para algunas empresas del sector público unas pérdidas por pago de salarios sin tener ingresos que tendrá que asumir la Generalitat ya que son difícilmente recuperables. Es el caso empresas culturales o turísticas como Ciudad de les Arts i les Ciències (Cacsa), Palau de les Arts o IVAM.

En Cacsa son más de 50 los empleados que no pueden teletrabajar. Si pudiera hacerse un ERTE, sería el Estado el que se haría cargo de parte de las nóminas, que la empresa podría complementar para que los trabajadores no perdieran ingresos. Su situación contrasta con la del espacio vecino, el Oceanogràfic, gestionado por la empresa privada Avanqua (Grupo Global Omnium) que sí ha solicitado el ERTE para buena parte de la plantilla -se mantendrá el personal mínimo necesario para cuidar a los animales y conservar las instalaciones-, con lo que podrá amortiguar el efecto del cierre. Una vía que también ha emprendido Rain Forest Valencia, la empresa que gestiona el Bioparc.

El criterio de la Abogacía choca con el del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que en una respuesta a preguntas de Valencia Plaza aseguró que sí se podría aplicar en el sector público esta herramienta contemplada en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que recoge la ejecución de los ERTE como consecuencia de decisiones del Gobierno en el estado de alarma que impliquen la suspensión de la actividad.

Puig, que se había mostrado partidario de contemplar esta medida, explicó este domingo en la rueda de prensa tras su reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que la normativa actual no contempla la aplicación de un ERTE a una empresa pública. "En estos momentos, la legislación no permite que haya ERTE en las empresas públicas, según nos ha informado la Abogacía". Las dudas que se habían planteado en el seno del Gobierno valenciano habían empujado a solicitar el criterio de dicho órgano de manera verbal, según fuentes de Presidencia, y la respuesta fue negativa.

Según el president, "todos los trabajadores deben ser iguales", y señaló que aquellos que no trabajan es "porque no se puede trabajar" y no por decisión propia. En este sentido, sostuvo que hay empresas públicas que continúan con su funcionamiento y que, por tanto, no se están viendo afectadas gravemente por la situación, mientras que otras "relacionadas con el sector turístico", por ejemplo, "no tienen trabajo porque no hay actividad", circunstancia externa a las propias mercantiles. En esta situación, dijo, "todas las personas quieren tener su sueldo", y eso es lo que se quiere "preservar".

La EMT de València, el primer caso en el sector público

Por el momento y con un criterio diferente al de la Abogacía de la Generalitat, solo una empresa pública valenciana ha planteado un ERTE a sus empleados: la EMT de València, como publicó Valencia Plaza. Los viajeros se han reducido considerablemente -el 90% de viajes-, se ha restringido el aforo de los autobuses a 20 viajeros, y se ha recortado de forma sustancial el servicio de autobuses municipal, concretamente un 45%. Un panorama que empuja a unas pérdidas de 3 millones en abril y hasta 9 millones hasta agosto, según calculan en el ente que preside Giuseppe Grezzi.

Ahora, sindicatos y empresa se encuentran inmersos en las negociaciones para fijar las condiciones de esta vía. Las principales exigencias del Comité de Empresa para acordar el ERTE es que la empresa complemente el sueldo hasta el 100% para los afectados por el expediente y que la dirección, el Consejo de Administración y el Pleno del Ayuntamiento de València den su visto bueno al preacuerdo de convenio laboral suscrito por ambas partes el pasado 13 de marzo.