La Abogacía del Estado estudia si puede condonarse la deuda de La Marina por decreto

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano no arroja la toalla con la condonación de la deuda de La Marina. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, está negociando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una fórmula para que cumpla su promesa de asumir 373 millones de euros de deuda del Consorcio València, algo que ya solamente puede hacer mediante un real decreto ley tras el rechazo del Congreso a tramitar unos Presupuestos Generales en los que sí figuraba esa operación.

Según defiende Soler en una entrevista con Plaza Radio durante la primera jornada de Forinvest, el Consell "no ha renunciado a nada" e insistirá al Gobierno para que el Consejo de Ministros apruebe la medida antes de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril. Para ello, Soler mantiene contactos casi diarios con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón.

Bardón, representante del Estado en el Consorcio Valencia –ente participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València– se comprometió personalmente en València el pasado diciembre a que, si el proyecto de PGE 2019 no prosperaba en el Congreso, la condonación de la deuda se haría mediante un real decreto ley.

El cumplimiento de esa promesa, sin embargo, se ha visto frenado con la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, forzada precisamente al prosperar en el Congreso la enmienda la totalidad a los presupuestos con el apoyo de los partidos de derecha y los independentistas catalanes.

El problema es que, con las elecciones ya convocadas, el Gobierno de Sánchez tiene muy complicado justificar la urgencia de aprobar una medida de este tipo por real decreto, una herramienta legislativa reservada a cuestiones de gran necesidad, tal y como reconoció recientemente la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Soler, quien aún confía en que la ministra pueda reprogramar la visita que tenía previsto realizar a València el pasado lunes suspendida por la decisión de Ximo Puig de adelantar las elecciones autonómicas, explica que el Consell está precisamente centrado en convencer al Gobierno de la urgencia de la medida.

El problema, según explica, está siendo analizado por la Abogacía del Estado, cuyo criterio es que los reales decretos ley están reservados para cuestiones "de urgencia y transversales". "Estamos discutiendo que el concepto de urgencia es relativo", asegura Soler.

La Cámara celebra su último pleno este mismo jueves, de manera que si el Consejo de Ministros aprobase por decreto en una reunión posterior recuperar algunas de las inversiones previstas en la Comunitat, la norma tendría que ser convalidada ya por Diputación Permanente.

Aliviar tensiones de tesorería

Por otro lado, Soler explica en la entrevista con Plaza Radio que el Consell sigue trabajando en otros frentes con el Ministerio de Hacienda para que aún tome medidas que permitan aliviar las tensiones de tesorería de las comunidades peor financiadas recurriendo a la figura del real decreto ley.

Además, el conseller de Hacienda confía y desea en que se repita el Consell del Botànic y niega que exista un enfrentamiento con Compromís por la decisión de Puig de avanzar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales.