El empresario Enrique Ortiz. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El controvertido empresario Enrique Ortiz completa su particular semana horribilis. El promotor, dueño de un imperio de más de una docena de empresas y propietario de cerca del 70% del suelo urbanizable de la ciudad de Alicante, acaba de superar siete días bajo el permanente foco de la actualidad al conocerse las consecuencias de varios procesos legales relacionados con el manejo de sus sociedades.
La primera de ellas se precipitó el pasado lunes: el principio de su desahucio del José Rico Pérez. Ortiz se hizo con la propiedad del estadio en 2007, tras comprarlo al Ayuntamiento a través de la sociedad Aligestión, de la que él es su accionista mayoritario. Diez años después, salvo cambio de última hora, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) está a punto de convertirse en su nuevo titular al presentar la puja más alta (3.750.000 euros) en la subasta convocada por el administrador concursal que pilota la liquidación de esa sociedad (Aligestión). Oficialmente, Ortiz no concurrió en el proceso.
La segunda es una derivada de su implicación en la rama valenciana del caso Gürtel. El empresario, que el pasado mes de abril se autoinculpó y confesó haber financiado de forma irregular las campañas del PPCV en 2007 y 2008, tuvo que desplazarse el pasado viernes hasta Madrid para firmar el acuerdo de conformidad sobre la petición de penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción para él y otros ocho empresarios que habían seguido los pasos de la confesión. En virtud de ese acuerdo, los nueve aceptaron condenas de entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y de falsedad documental cuando se celebre el juicio, el próximo mes de marzo.
Y la tercera se confirmó este lunes: fuentes municipales certificaron que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís) retendrá los pagos a sociedades participadas por Ortiz que prestan servicios municipales como el mantenimiento del cementerio o la limpieza de colegios y edificios públicos (los dos operados ya sin el respaldo legal de un contrato, al haber expirado la vigencia de su concesión) en cumplimiento de al menos una primera providencia judicial comunicada al Ayuntamiento el pasado 21 de diciembre.
Dicha providencia resuelve el embargo de ingresos de las empresas del controvertido constructor a instancias de una de las demandas presentadas por el Banco Sabadell a cuenta de los impagos en los que las sociedades del promotor habrían incurrido en la devolución de los préstamos heredados de la extinta CAM con los que financió varias operaciones de compra de suelo. Entre ellas, la de los terrenos del sector de Rabasa en el que Ortiz había proyectado la construcción de hasta 15.000 viviendas, primero, y la instalación de una tienda de Ikea y un macrocentro comercial anexo, después.
Según las fuentes consultadas, Banco Sabadell habría registrado hasta ahora diez demandas similares y ocho de ellas ya estarían admitidas a trámite, en distintas fases de resolución. En suma, la entidad mantiene posiciones por 140 millones con sociedades de Ortiz (de las que el empresario respondería personalmente con su patrimonio por un importe de 40 millones) y, al parecer, se habría visto forzada a iniciar esos procesos legales tras los intentos infructuosos por negociar un acuerdo de compensación con terrenos en emplazamientos con perspectivas de desarrollo. Se trata de una circunstancia que no se daría precisamente con el suelo de Rabasa, ahora otra vez definitivamente rústico, después de que Alicante Avanza (una sociedad liderada por Ortiz) retirase la propuesta de Actuación Territorial Estratégica (ATE) que preveía la llegada de Ikea tras su recalificación.
A raíz de esas providencias, las empresas de Ortiz dejarán de percibir pagos municipales por los servicios correspondientes a los meses de diciembre y enero. Sus sociedades todavía no han presentado en el Ayuntamiento las facturas correspondientes por ese periodo. Disponen de un plazo de un mes y medio para hacerlo. Y ese plazo expira el próximo jueves, día 16. Sólo por la contrata de la limpieza de edificios públicos, Ortiz percibe unos 730.000 euros mensuales, que el tripartito todavía no ha vuelto a licitar, tras retirar el primer pliego convocado al efecto el pasado diciembre. Desde junio de 2015 (fecha de caducidad de la concesión), sus empresas habrían obtenido cerca de 14 millones sin respaldo de un contrato.
El empresario también participa en la UTE responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura a través de Cívica e Inusa, tras constituir una alianza con FCC y Cespa. Se trata de la contrata de mayor presupuesto de las que dependen del Ayuntamiento, por un importe de 285 millones hasta el año 2021.
El constructor, que acumula hasta 74 cargos en órganos de administración en 38 sociedades, sigue pendiente de otros dos procesos judiciales derivados del caso Brugal: la rama relacionada con la adjudicación presuntamente irregular del vertedero de la Vega Baja y la pieza desgajada en torno al supuesto amaño del urbanismo de Alicante. En ambas causas figura como procesado.
