ABIERTO EL PROCESO PARTICIPATIVO
Lo que no puede faltar en la nueva Ley Integral de la Educación Valenciana
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VALÈNCIA. Se llamará LIVE y será fruto del consenso. Son los dos datos fundamentales que conocemos de la nueva Ley Integral Valenciana de Educación (de ahí el acrónimo), que el Consell viene anunciando desde el curso pasado, pero que ahora inicia su andadura con un proceso participativo que aspira a implicar a todos los agentes del sector en la Comunitat. El borrador espera estar listo para finales de este año, por lo que será debatido en las Corts durante 2018. Y, en palabras del conseller Vicent Marzà, dará el primer paso hacia una educación valenciana "más digna, más libre, más dinámica".
La norma de carácter valenciano, de la que sí disponen otros territorios autonómicos, es uno de los requerimientos del Acuerdo del Botánico de 2011. La base es un decálogo elaborado por el Consejo Escolar Valenciano (CEV) bajo el paraguas de la 'Estrategia Europea 2020', pero también un calendario de reuniones futuras para escuchar, antes del verano, a sindicatos, grupos parlamentarios, asociaciones de directores, asociaciones de inspectores, AMPAs, escuelas de Magisterio... y en definitiva cualquiera que tenga algo que decir sobre cómo mejorar la educación. Y de paso blindar la financiación.
También están llamados a la participación lOS MIEMBROS DE LA escuela concertada y los grupos pOLÍTICOS de la oposición
También está llamada a la participación la escuela concertada, la escuela privada y hasta los grupos parlamentarios de la oposición. Curiosamente, quienes se quedaron fuera de la presentación en familia que tuvo lugar el pasado lunes fueron los miembros de Stepv, por lo general afines a Marzà. El argumento fue que lo consideraban "un acto meramente propagandístico cuando en el sistema educativo existen problemas importantes". El conseller confía en que sigan interesados en trasladar sus propuestas a la Administración. Porque puestos a hacer recuento de temas, hay demasiados en la recámara: el plurilingüismo, la admisión escolar, la modificación de calendarios, la jornada, el currículum...
Los invitados a la fiesta ya están trabajando en su lista de prioridades, que no siempre coincide con la agenda mediática. Esto es lo que les preocupa a los auténticos protagonistas de la educación valenciana. Y por tanto, esto es lo que no debería quedar fuera de LIVE.
Los sindicatos docentes tienen claro cuál es su principal combate por naturaleza propia: las condiciones del profesorado. Así lo considera la Federació d'Ensenyament de CCOO-PV, para la que el profesorado y el personal educativo es "pieza clave a la hora de sostener el sistema". Sus reivindicaciones giran en torno a la estabilidad de las plantillas, los horarios, las ratios y otros derechos laborales de cara al futuro. "Queremos que en la nueva LIVE se recojan menos horas lectivas, mayor coordinación de equipos, recuperar todas las tutorías en Primaria y la consolidación del trabajo docente", explica Pau Díaz.
Por su parte, el Sector d'Ensenyament de FeteUGT hace hincapié en una gran olvidad: la Formación Profesional. "Que se garantice la formación y el desarrollo profesional a lo largo de la vida, tanto de la población escolar como de la población trabajadora. El sindicato demanda el establecimiento de un sistema integrado, que a la larga repercuta en el bienestar social", indica Javier González. A continuación, también remarca la necesidad de una financiación adecuada, "reservándose una inversión mínima en educación del 0,7% del PIB regional, que debe estar protegida y blindada por la propia ley".
"Queremos una inversión mínima en educación del 0,7% del PIB regional, que debe estar protegida y blindada POR LEY"
El aspecto económico también preocupa a la educación privada, según reconoce la Federación de enseñanza USOCV. "Para garantizar la libertad de enseñanza, la equidad y la integración de todos en la escuela es necesaria una financiación adecuada", afirma Eduardo Hervás, quien insiste en "la prioridad presupuestaria de la educación en todas las administraciones". A la vez desea que la norma del Consell "garantice la pluralidad y complementariedad de los centros públicos y concertados", una batalla que ya vienen librando en las calles. No obstante, se encontrarán con la oposición frontal de otros compañeros.
Es el caso de Stepv que, pese a su ausencia en la cita de esta semana, no se quedará callado cuando llegue el momento. Su portavoz, Marc Candela, incide en que la nueva ley "debe blindar cualquier recorte del sistema educativo, tanto por lo que concierne a las condiciones laborales del profesorado, como por el alumnado y las familias". No obstante, su apuesta decidida por la educación pública promete hacer daño. De hecho, el sindicato recuerda que ya entregó a la Generalitat un documento en el que incidía en la necesidad de una enseñanza "pública, de calidad y gratuita" en la Comunitat. "Todo esto se traduce en que la red pública debe ser hegemónica y la concertada, subsidaria", precisan.
Del mismo modo que cada padre tiene una opinión sobre la educación de sus hijos, las dos principales Federaciones de Ampas de la Comunitat confrontan en sus visiones de la educación. Para Màrius Fullana, presidencia de FAPA-Valencia y líder de la Confederación Autonómica Gonzalo Anaya de Ampas, el sistema público es la prioridad, así como la gratuidad de servicios como los bancos de libros implantados por la Generalitat.
"La demanda social debe ser el criterio prioritario y determinante para la renovación de conciertos y la admisión escolar"
Mucho más crítico se muestra Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa), para quien la reivindicación esencial es establecer un adecuado baremo en la renovación de conciertos. "La demanda social debe ser el criterio prioritario y determinante para la renovación o firma, así como para los procesos de admisión y elección de centro escolar", reivindica. Un planteamiento que enlaza con "el reconocimiento expreso de la complementariedad de ambas redes escolares, desterrando la subsidiaridad", que ellos vienen reclamando en las calles desde el primer arreglo escolar de la nueva Generalitat. Nuevamente ahonda en su batalla entre escuela concertada y pública.
Otro tema que preocupa a los padres de la red católica es la obligación, para todos los centros y para las Administraciones cuando proceda, "de obtener autorización previa por escrito para cualquier intervención en las aulas de personas ajenas a los docentes habituales". Con esta petición, Morro se refiere a talleres, charlas, encuestas, estudios, promociones y visitas de autoridades. Su objetivo es evitar "cualquier sesgo ideológico".
A los expertos universitarios también se les ha pedido opinión para la redacción de la nueva LIVE. Concretamente, a aquellas universidades que oferten formación docente, ya sea el Grado de Magisterio o el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Las afortunadas son la Universitat de València (UV), la Universidad Jaume I (UJI) y la Universidad de Alicante (UA). Manuel Monfort, decano de Magisterio de la UV, lo tiene claro. Lejos de referirse a cuestiones que afecten a su realidad cotidiana, como la infrafinanciación universitaria, ellos harán hincapié en el aspecto pedagógico. "Nuestra agenda es algo distinta a los medios y tiene que ver con temas menos populares", arranca.
"Se ha tendido al mercadeo universitario, en lugar de a la mejor formación docente"
"La principal petición es la formación permanente, pese a que ese término ha quedado desfasado y preferimos a hablar de desarrollo personal", manifiesta. Con esto precisa que no se trata de dar "cursos, formaciones o ampliar los idiomas" de la plantilla docente, sino de apostar por nuevas dinámicas como "grupos de trabajo, metodologías pedagógicas e intercambios culturales", añade. "En el ámbito de la formación docente se ha tendido al mercadeo universitario, a intentar sacar dinero a los estudiantes, en lugar de a seguir los mejores itinerarios", argumenta.
Por todo ello, habla de un trabajo conjunto para revertir esta alarmante situación. "El fin último es tener mejores maestros y profesores. Es esencial que volvamos a prestigiar la figura del docente para acercarla a la del intelectual. Si aumentamos la calidad de los docentes, mejoraremos la de nuestra sociedad, y esto no es ninguna tontería", concluye.
La mayor de todas es la del PP, que a través de su grupo parlamentario ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a las políticas de Marzà. Hay tres cuestiones que para el PPCV son imprescindibles y que la ley debe blindar: la educación concertada, la Lomce y el plurilingüismo. De hecho, la Diputación de Alicante, de signo popular, interpuso un recurso contra el decreto de la Generalitat que ha seguido su curso. Las medidas cautelares han sido estimadas por el TSJ y, de momento, han paralizado la aplicación de dicha norma.
La portavoz de Educación en las Corts, Beatriz Gascó, tiene claro lo que pide: "Libertad, porque es fundamental que las familias puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, el centro, el ideario y la lengua, y eso es algo irrenunciable", apuntala. En segundo lugar, considera que el texto debe ser "acorde a la legalidad", sin salir del marco de la Lomce. Y por último, se exige "una garantía de pluralidad, porque no podemos trabajar una ley que imponga un modelo único de enseñanza y una única forma de entender la educación". Con esto se refiere a la elección de centro, pero también de lengua.
Acorde a su visión se muestra Escuelas Católicas, la red de colegios concertados de carácter religioso de la Comunitat. Su portavoz, Vicenta Rodríguez, insiste en la idea de "libertad de enseñanza" y "la complementariedad de las dos redes", equiparando sus derechos a los de la escuela pública. La defensa última es la que las familias "escojan el carácter del centro al que llevan a sus hijos", además de desarrollar "su propio ideario y proyecto educativo".