Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). El presidente de la patronal valenciana de residencias de mayores Aerte, Jose María Toro, considera que, por una cuestión fundamental de salud pública, "al final se acabará exigiendo la vacunación" a los residentes y trabajadores que quieran acceder a un centro.
En declaraciones a EFE, Toro asegura que se podría valorar la posibilidad de negar el acceso a una residencia a un residente o trabajador que no esté vacunado contra la covid-19 por el riesgo de contagio o porque puede afectar al funcionamiento normal del centro.
A juicio del presidente de Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana, la situación de la pandemia en esta región "está descontrolada".
"Los datos son gravísimos, con cifras disparadas de ocupación de camas y UCI, y eso afecta a las residencias porque mientras más casos hay fuera, más casos hay dentro" de los centros donde se atiende a las personas mayores.
En su opinión, "llega un momento en el que, a pesar de que tomes todas las medidas de seguridad, si la transmisión comunitaria fuera de las residencias está tan descontrolada, es prácticamente imposible que no entre (en ellas)".
Según explica, los datos actuales "son los peores, con diferencia, en toda la pandemia" ya que mientras en la primera fase la cifra más alta de residencias con casos se registró el 8 de abril, con 103 centros, según el último dato facilitado por Sanidad, en la actualidad hay 154 residencias con casos. "Eso supone prácticamente el 50 % del parque de residencias de la Comunitat, son datos absolutamente preocupantes", advierte.
Según Toro, "decir que la vacuna llega en mal momento sería una barbaridad por mi parte, pero si hubiera llegado hace dos meses seguramente la campaña de vacunación se habría podido hacer con mucha velocidad".
La campaña de vacunación, lamenta, "empezó muy lenta" y la primera semana fue para él "frustrante. Empezaron con la foto del 27 de diciembre, al día siguiente falló la logística de Pfizer y cuando llegaron las dosis se estuvo la semana siguiente sin vacunar y con las vacunas en los frigoríficos".
"Me dolió mucho porque entendía que no nos podíamos permitir eso", confiesa para admitir que aunque la Conselleria de Sanidad ha reaccionado, "lo ha hecho tarde, porque ahora nos encontramos con que hay muchísimas residencias que tienen brote y, en teoría, no se puede vacunar cuando hay casos".
A su juicio, "las vacunas tienen que llegar a las residencias lo antes posible, hay que vacunar a cada persona que podamos porque es la herramienta más potente que tenemos ahora frente al virus, no hay otra".
Considera que "habrá que ver caso por caso, estudiar la residencia en concreto y si han pasado entre 10 o 14 días sin nuevos casos que se vacune a todo el mundo, salvo que haya alguna persona que siga dando positivo en las pruebas PCR, porque si no, no vamos a terminar de vacunar nunca en las residencias, y son la prioridad número uno".
Toro considera que es "tarde" empezar a vacunar en la primera semana de febrero en los centros de Día: "Nadie se ha acordado de ellos, pero acuden personas mayores muy vulnerables que van y vienen de su domicilio, tienen mayor movilidad".
También cree que otro sector "olvidado" es el del servicio de ayuda a domicilio e indica que estos profesionales que van a vacunar a distintos domicilios a personas con grados 2 y 3 de discapacidad deberían recibir la vacuna para no ser un factor de transmisión de la enfermedad.
Asimismo, señala que también deberían ser vacunadas las personas que residen en viviendas tuteladas en salud mental o diversidad funcional.
"Las personas de más de 70 años han supuesto el 85 % de los fallecimientos por covid-19, deberíamos centrar la atención en ellas de manera prioritaria", asevera.
El presidente de Aerte opina que el principal problema de no vacunarse "lo tiene el que no se vacuna. Ya no es que afecte a su integridad física, sino que puede llegar a afectar al funcionamiento normal de la residencia".
En este sentido, explica que, según la actual normativa, la detección de algún caso en las residencias lleva a cerrar las visitas de los familiares.
Según Toro, el nivel de residentes que se han vacunado ha sido bastante elevado, pero se ha producido algún caso de personas que ejercen como tutor de su padre, que está incapacitado, y que han dejado claro por escrito que no sea vacunado.
"Yo no lo entiendo. Creo que dudar de la eficacia de la vacuna es arriesgar a mucha gente que está cerca", subraya Toro, quien indica que desde Aerte se anima a toda la gente a que se vacune y "ponga todos los medios necesarios para acabar con esta pandemia".
A su juicio, "no podemos renunciar a la principal herramienta que tenemos para abordar esta pandemia, que es la vacuna y seguimos insistiendo en la necesidad de que todo el mundo se vacune, los trabajadores y por supuesto los residentes, para proteger su propia salud".
A juicio de Toro, la exigencia de haberse vacunado contra la covid-19 podría ser un criterio "a la hora de aceptar la incorporación" tanto de un nuevo residentes como de un trabajador en una residencia.
"Al final se acabará exigiendo a las personas la vacunación por una cuestión de salud pública fundamental", afirma para añadir que también "se podría valorar la posibilidad de que un centro negase el acceso a una persona que no está vacunada, por el riesgo que puede suponer de contagio para el propio centro".
Según el presidente de Aerte, si una persona llega al centro con covid-19 "puede paralizar las visitas del centro durante quince días o los nuevos ingresos, puede afectar al desarrollo normal del centro".
"Sería importante que tanto los trabajadores como las personas que ingresan se tengan que vacunar en un proceso normal de salud pública", afirma Toro, quien añade: "Puede haber algún centro que coja personas que no están vacunadas, podría pasar, pero nosotros, como patronal, tenemos que defender y transmitir la necesidad de que la gente esté vacunada para ayudar a garantizar la salud de las personas que están en el centro, que son las más vulnerables".
Aerte, que tiene asociadas cerca de 200 residencias por las tres provincias de la Comunitat Valenciana con alrededor de 12.000 plazas, ha tenido "muchísimas pérdidas" durante la pandemia.
Toro recuerda que hasta el momento han fallecido en toda la Comunitat unos 1.020 residentes, personas que pueden llegar a vivir durante años en esos centros y cuyas pérdidas tienen "un impacto muy fuerte en el conjunto de la residencia y el ánimo de los equipos".
Según indica, la mortalidad en las residencias durante la segunda ola de la pandemia ha descendido a la mitad con respecto a la primera. Si en la primera el porcentaje era de en torno al 19 %, en la segunda es del 10 %.
Y aunque se ha notado una menor presión en las residencias de llamadas para nuevas incorporaciones, sigue habiendo familias interesadas que no pueden atender de forma integral a sus mayores: "La dependencia no se para por la pandemia", advierte.
