Investigación y eficiencia en España

Durante los años de crisis financiera en el continente europeo se produjo una caída del 20% de la inversión, tendencia en la que España no fue excepción, afectando a las infraestructuras en capital físico y también al capital humano, lo que puede estar condicionando la tasa de crecimiento a largo plazo de nuestra economía.

Aunque la financiación de la investigación incluye una parte de gastos de inversión, una gran proporción del gasto es también corriente. Con la perspectiva de algo más de diez años desde el inicio de la crisis, vale la pena analizar la situación actual en España. En primer lugar, hay que distinguir el gasto en investigación realizado por las administraciones públicas y por las empresas privadas. Por lo que se refiere a las primeras, tanto el gobierno central como las comunidades autónomas realizan convocatorias de proyectos y ayudas a la investigación, así como procesos de contratación de investigadores en formación. A su vez, los profesores de universidad tienen la doble condición de personal docente e investigador (PDI). Paralelamente, las empresas realizan investigación e innovación, financiada por ellas mismas y también gracias a políticas públicas. Finalmente, la Unión Europea, en su actual programa Horizonte 2020 convoca proyectos y ayudas a la investigación. Existen estrategias de fomento y apoyo a la investigación, en principio coordinadas, entre las diversas administraciones públicas, aunque luego, en el día a día, dicha coordinación deje mucho que desear.

La fundación COTEC realiza todos los años un informe muy interesante sobre la investigación en España.  En nuestro país el PIB recuperó su nivel anterior a la crisis entre 2016 y 2017. Sin embargo, el gasto en I+D no se ha recuperado en la misma proporción, situándose en 2017, según COTEC, en algo más de un 92% del nivel alcanzado en 2008, mientras que el empresarial no llegaba al 89%. Si comparamos ambas magnitudes con nuestros vecinos, éramos los únicos, entre los grandes países europeos, en dicha situación. Como puede verse en el Gráfico 1, el peso de la I+D respecto al PIB en España actualmente sería cercano al 1,2% con datos de la OCDE pero mientras que, en Italia, Reino Unido y Alemania ha ido aumentando en los últimos años, en España se ha reducido en valores absolutos alrededor de un 9%.  Sin embargo, si se distingue entre financiación pública y privada, obtenemos una conclusión distinta: la I+D pública en España se encontraría entre el 0,5 y el 0,6% del PIB, por encima de Italia o el Reino Unido, pero  mientras que en España más del 45% de la I+D es pública, en Alemania no llega al 30%, al igual que en Estados Unidos. En efecto, la baja inversión en I+D empresarial explica (aunque no completamente) la distancia entre España (donde las PYME son mayoría) y nuestros socios. Según COTEC, no obstante, está produciéndose un aumento en los recursos que las PYME invierten en I+D, suponiendo en la actualidad ya casi la mitad del total de la I+D empresarial. Por lo que se refiere al personal contratado como investigador también se produciría esta dualidad, pues los investigadores del sector público superan el 4,3 por mil trabajadores, ligeramente por encima de la media europea, mientras que su presencia en las empresas es la mitad de la media.

Hasta ahora hemos manejado datos de los recursos o “inputs”, dedicados a la financiación y el personal trabajando en la I+D+i. Sin embargo, ¿cuál es el resultado del esfuerzo realizado? Si nos atenemos a las publicaciones científicas (el output), los trabajos de autores en instituciones españolas superan el 10% de la producción europea y el 3% de la mundial, lo que sitúa a España alrededor del décimo puesto mundial; en cambio, nuestra posición en patentes es decepcionante. En términos de eficiencia, es decir, lo conseguido teniendo en cuenta los recursos aportados, el resultado es bastante mejor de lo esperado. Utilizando la frontera de eficiencia, que se calcula situando sobre dicha frontera a los países que con un determinado nivel de gasto consiguen los mejores resultados (ambos respecto al PIB), podemos ver en el gráfico 2 que España está muy cerca de la frontera. Dicho gráfico nos proporciona la sorpresa de que España muestra mayor eficiencia que Alemania o Estados Unidos. Posiblemente, el hecho de que la reducción del gasto público en I+D haya sido superior a la caída de resultados científicos en el corto plazo puede estar explicando parcialmente esta buena posición.

En política científica hay que tener en cuenta las tendencias a medio plazo y no sólo las variaciones coyunturales. Es por ello que a pesar de esta nota positiva anterior, hay otro elemento tendencial descorazonador en la I+D pública española. Según datos de COTEC (véase el gráfico 3), en lo que llevamos de siglo se ha producido una enorme caída en el grado de ejecución del presupuesto de I+D del gobierno central y posiblemente está ocurriendo lo mismo en las comunidades autónomas. Desconozco hasta qué punto las estadísticas internacionales y nacionales están recogiendo este efecto, pero las cifras son abrumadoras: empezando en 2007 (cuando la ejecución superaba el 90%) y sin distinguir color político, cada año ha empeorado el grado de ejecución, hasta situarse en algo menos del 30% en 2017.

Este fenómeno es el que está paralizando a la ciencia en España: las convocatorias de los proyectos salen tarde, no se resuelven a tiempo y cuando llega el dinero a los investigadores, no queda tiempo material para gastarlo. Ha ocurrido tanto para gastos corrientes como de inversión. Este año, una vez más, la aprobación tardía de los Presupuestos Generales del Estado ha retrasado las convocatorias, tanto de proyectos como de contratación de investigadores. Además, la justificación de los gastos es tan ardua y sujeta a tantos controles, que los propios investigadores renuncian a parte de las actividades, una situación descabellada y  que sólo acaba de empezar a ser tímidamente corregida por el Gobierno hace unos días con un Decreto de medidas urgentes.

Los planes de investigación, que son plurianuales, no deberían sufrir los avatares del proceso presupuestario anual en España y sus autonomías. En otros países de nuestro entorno, la justificación de los gastos es más sencilla y se valora el gasto en términos de los resultados. Por otro lado, los doctores, las personas con mayor formación en nuestro sistema educativo, no tienen el reconocimiento que merecen por parte del sector privado. No ocurre así en Alemania o en Gran Bretaña, donde la mayoría de los doctores son contratados no sólo como investigadores, sino como cuadros ejecutivos en las empresas, aumentando la generación de innovación e investigación privada. En la ciencia, donde gran parte del trabajo es vocacional, no todo es el dinero. Contar con mayor financiación ayuda, pero deberíamos empezar por usar mejor aquella de la que disponemos.