MADRID (EP). Iberdrola ha planteado a los sindicatos un ajuste de alrededor de 1.500 puestos de trabajo, en torno al 15% de su plantilla en España, y un recorte en algunas de las condiciones laborales vigentes actualmente, como la tarifa de luz gratis para empleados por parte de la empresa, dentro del proceso de negociación abierto para el nuevo convenio colectivo de la compañía.
Estas propuestas han sido planteadas por la dirección de la compañía en el inicio de las negociaciones, por lo que suponen un punto de partida en un proceso que podría dilatarse todavía en el tiempo hasta una decisión definitiva, según indicaron a Europa Press en fuentes de las negociaciones.
De hecho, este ajuste en la plantilla puesto sobre la mesa por la dirección de Iberdrola se podría abordar mediante prejubilaciones con el coste a cargo de la compañía. A cierre del año pasado, la plantilla de Iberdrola en España ascendía a casi 9.600 empleados. Según informa 'El Confidencial', del total de la plantilla de la energética, 3.300 trabajadores superan los 51 años de edad.
El pasado 10 de septiembre, la energética comunicó la denuncia del actual convenio colectivo, vigente hasta el próximo 31 de diciembre para comenzar de manera inminente las negociaciones del que será su octavo convenio. Las negociaciones entre sindicatos y empresa se iniciaron el pasado 6 de octubre.
En estas negociaciones, los sindicatos también han puesto de inicio unas condiciones que van desde incrementos salariales entre el 1,5% y el 3,7% fijo y consolidable a un incremento adicional ligado a resultados entre el 1,5% y el 3,25%.
Además, los representantes de los trabajadores han planteado una reducción de las horas anuales de trabajo (1.670 horas) de hasta un 7%, así como la concesión de una nueva paga por antigüedad y una paga por firma de convenio y un plan de pensiones con aportación de la empresa al 100% para todos los empleados.
Igualmente, solicitan una extensión de la póliza sanitaria para todos los familiares de los empleados, un incremento de los días de vacaciones vinculado a los años de antigüedad, así como más flexibilización de jornada y mejoras en conciliación y permisos. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el coste estimado de las propuestas de los diferentes sindicatos oscila entre un incremento de un 20%-60% durante el convenio, cuya vigencia suele ser de 4 años.
La urgencia en abrir las negociaciones para el nuevo convenio colectivo por parte de la compañía no ha encontrado el respaldo de los sindicatos, que consideran que en la actual situación con la crisis sanitaria del Covid-19 "no era oportuna".
Así, el sindicato UGT ha mostrado su malestar por esta decisión, y ha afirmado que "el entorno y la realidad sanitaria no son propicios", por lo que no se debería abordar negociaciones "tan transcendentes como un convenio colectivo mientras la situación sanitaria se mantenga en la actual incertidumbre".
Por ello, ha estimado que en estos momentos la denuncia unilateral y anticipada "no se ajusta a lo estipulado en el artículo 4 del convenio colectivo, donde se establece 'un plazo de preaviso de un mes a la fecha de su vencimiento'".
Además, ha subrayado que "sería difícilmente entendible un convenio a la baja con la compañía en máximos", ya que "no hay ningún parámetro actual en la marcha de la empresa que pueda justificar cualquier tipo de recorte o degradación en las condiciones laborales de Iberdrola".
El pasado mes de julio, la energética presentó un beneficio neto de 1.845 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 12,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, y reafirmó sus estimaciones de crecimiento de sus ganancias para 2020 en niveles de 'digito simple medio/alto', así como su política de remuneración a sus accionistas, a pesar del entorno aún incierto por los efectos de la pandemia del Covid-19.
