VALÈNCIA. Iberdrola habría utilizado al excomisario encarcelado José Manuel Villarejo para desbloquear la construcción de la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz), que suscitó protestas a nivel local y entre organizaciones ecologistas.
Además, según publica El Confidencial, la compañía energética también contrató al policía en 2004 para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico.
La firma de Villarejo recopiló sus supuestos hallazgos en un informe que entregó a su contacto en Iberdrola, Antonio Asenjo, actual jefe de seguridad de la compañía, siempre según dicho medio.
Este miércoles, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha entrado a valorar las conexiones de empresas del Ibex 35 con el 'caso Villarejo', argumentando que corresponde a los jueces pronunciarse.
"El judicial es el poder que tiene que pronunciarse. Estamos politizando todo y hay que dejar a los jueces hacer su labor", ha manifestado Garamendi durante su intervención en Los Desayunos Informativos de Europa Press.
En contestación a pregunta sobre si las conexiones de grandes compañías del Ibex 35 como BBVA o Iberdrola con Cenyt, la empresa del excomisario Villarejo, pueden reflejar grietas en el cumplimiento del gobierno corporativo por parte de estas firmas, Garamendi ha preferido no hacer valoraciones y ha pedido "respeto" a todas las actuaciones que están actualmente "subyúdice".
"Desde la CEOE mantenemos un respeto enorme a las decisiones judiciales", ha afirmado Garamendi, quien ha dicho que en lo relacionado con el 'caso Villarejo' "será lo que tengan que decir los jueces".
El director de los servicios jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas Bachiller, acudriá mañana el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para testificar en representación del banco por el 'Caso Villarejo'. BBVA está investigado en la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' por los contratos que durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros habría suscrito con las empresas de Villarejo para tareas diversas.
En concreto, BBVA está investigado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuesta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
