Hacienda propone una empresa pública sanitaria para revertir los hospitales del 'modelo Alzira'

VALÈNCIA. Dicen que la primera vez no se olvida. Y eso es lo que le ha pasado a la Conselleria de Hacienda con la reversión del área de salud de La Ribera. Tras afrontar la administración valenciana una vez el proceso de devolver a la gestión pública un departamento sanitario entero y asumir a 1.400 trabajadores laborales como personal a extinguir, desde el área liderada por Vicent Soler no quieren pasar más veces por el mismo trago y todas las complejidades que conlleva.

Por este motivo, han puesto sobre la mesa de la Conselleria de Sanidad Universal una fórmula que aglutine todas las futuras reversiones. Con la recuperación de la gestión del departamento de Torrevieja a la vuelta de la esquina y la internalización de las resonancias magnéticas a medio hacer, Hacienda quiere crear una empresa pública sanitaria donde incorporar al personal de todos estos procesos. Esto permitiría que mantuvieran su condición de laboral y sus convenios colectivos, sin problemas de convivencia entre los diferentes convenios y con la posibilidad de unificar a todo el personal en uno. 

Una sociedad en la que se irían incorporando todos los trabajadores de las diferentes concesiones conforme se fueran sucediendo las reversiones: Torrevieja en 2021, Dénia -si no se anticipa- y Manises en 2024 y Elche en 2025. Un formato que permitiría no generar bolsas de trabajadores estancos y 'congelados', ya que la figura de personal a extinguir no deja margen de maniobra sobre la situación de los trabajadores ni permite sacar esas plazas a concurso, tal y como señalaba el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en uno de sus informes. 

De hecho, se buscaría evitar situaciones de tensión como las generadas entre los empleados laborales y estatutarios, tal y como ha ocurrido en La Ribera. A día de hoy, en el departamento conviven regímenes laborales dispares, con diferentes horarios y condiciones que han llegado incluso a provocar paros por las situaciones de desigualdad laboral. 

Entre ellos, que los estatutarios con hijos pueden tener una hora menos de trabajo al día por el plan de igualdad o que el personal a extinguir no tiene posibilidad de promoción. Desde hace más de un año, la Conselleria de Sanidad se encuentra negociando el convenio colectivo con el comité de empresa en un proceso que no tiene visos de acabar en acuerdo. 

El CJC ya señaló la mercantil como la mejor opción

No es la primera vez que alguien en la administración valenciana sugiere esta posibilidad. Ya lo hizo el CJC en su último informe con el que pretendía dar vía libre a la reversión de las pruebas de resonancias magnéticas y donde recomendaba subrogar al personal con una sociedad pública mercantil. El ente recordaba que en materia de personal las mercantiles se rigen por las normas de derecho laboral salvo en aquellos que resulten de aplicación que resulten las normas administrativas, además de no encontrarse sujetas a las categorías de los empleados públicos por estar sometidas al derecho privado. 

Esto daría muchas ventajas a la administración, por ejemplo, que el personal subrogado adquiera la condición de personal fijo o temporal y sea más fácil mantener las condiciones laborales del convenio colectivo o del Estatuto de los Trabajadores. También permitiría evitar múltiples incumplimientos que denuncia el comité de empresa de La Ribera, desde las horas de formación a las jubilaciones anticipadas. Eso sí, no supondría una plaza permanente en la administración hasta la jubilación, como si otorga el personal a extinguir.

La solución ya se propuso para Dénia

A pesar de que  Hacienda ha encontrado reticencias a este modelo por parte del área de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen López, la fórmula de una mercantil sí que fue una opción para el anterior subsecretario de Sanidad Juan Ángel Poyatos, quien propuso este modelo en el caso de una recuperación anticipada del departamento de Dénia con la compra de las acciones de Marina Salud. 

Sin embargo, y como era de prever, los sindicatos se mostraron en contra de este modelo al entender que una empresa pública "no da garantías de continuidad ante un cambio político", según señalaban fuentes del comité de empresa de la gestora del hospital. "Sería demasiado fácil volver de nuevo a la gestión privada", insistían en una concentración con la que reivindicaban que su reversión fuera igual que la del personal de La Ribera. En este caso, la incorporación de personal a estas sociedades mercantiles debería hacerse igual que en cualquier otra sociedad pública, a través de Ofertas Públicas de Empleo o de una bolsa de trabajadores como ocurre en À Punt.