El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. (EP). El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado para el próximo jueves 28 de diciembre una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar las propuestas remitidas por las comunidades autónomas para el nuevo sistema de financiación autonómica y sus alegaciones al informe de los expertos, según han informado a Europa Press en fuentes ministeriales.
Todas las regiones, salvo Cataluña, entregaron en plazo sus propuestas y alegaciones a las realizadas a finales de julio por los comités de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica y la local. Los 'sabios' sobre financiación regional propusieron, entre otras medidas, un 'IVA colegiado' para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto conjuntamente, mayor capacidad para fijar los copagos, y la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Así, en el Comité Técnico Permanente de Evaluación, constituido el pasado 2 de noviembre, se debatirán las cuestiones técnicas de la reforma, que elaborará un documento de evaluación con lo que deben ser las líneas de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, y posteriormente dichas cuestiones serán elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En paralelo, la nueva comisión del Congreso que se encargará de estudiar la modernización del Estado autonómico tiene previsto cerrar su plan de trabajo el próximo 13 de diciembre, tras su constitución el pasado 23 de noviembre.
Las propuestas y alegaciones de las CC.AA., a las que ha tenido acceso Europa Press, son muy dispares, si bien en el punto en el que hay más consenso es la petición de una nivelación total, seguido de otras propuestas como un incremento del porcentaje de cesión del IRPF, situado actualmente en el 50%.
La Comunidad de Madrid apuesta por la desaparición progresiva del 'statu quo' y defiende que los porcentajes de cesión deben ser iguales para todas las CC.AA., si bien ve positivo el reforzamiento de la cesta de tributos compartidos (ITAC), en especial un aumento de la cesión del IRPF; y aboga por conseguir el equilibrio entre la nivelación y la ordinalidad. Dado que el coeficiente actual es del 75% y se aplica a todos los ITAC, y que en el nuevo sistema para el IVA y los impuestos especiales subiría al 100%, a su juicio el coeficiente de nivelación por el resto de tributos no debería superar el 60%.
Andalucía defiende que la equidad y nivelación se debe cumplir y la ordinalidad ha de discutirse "políticamente", al tiempo que demanda unos 20.000 millones de recursos adicionales como mínimo, armonización tributaria, y estudiar detalladamente la población ajustada, utilizando mientras la población padrón, punto en el que coincide Asturias, que cree además que debe avanzarse hacia cálculos de coste standard, para lo que debe crearse un grupo de trabajo. También apoya la nivelación total y se opone a primar el llamado principio de ordinalidad.
Castilla y León y Galicia piden que el sistema de financiación tenga en cuenta parámetros sociales como el envejecimiento de la población. Desde Valladolid pedirán dos tramos de 75 y 85 años --ahora hay uno sólo a partir de 75 años-- para recalcular el coste de la población mayor de cara a la negociación y entre "otros indicadores relevantes" en servicios sociales, que se tenga en cuenta el número de dependientes y su grado o el tipo de prestaciones que reciben.
Galicia también aboga por una nivelación plena al 100% y que solo haya un fondo principal que integre toda la capacidad tributaria y toda la aportación del Estado, y cuantifica que las revisiones del Fondo de Suficiencia Global (FSG) le han supuesto una pérdida acumulada de 11.000 millones, mientras que Castilla y León y Cantabria exigen compensación por lealtad y que no se elimine el 'statu quo' si no se pasa a un coste standard. La Rioja apuesta por la mayor igualación posible entre CC.AA.
Castilla-La Mancha, otra de las CC.AA. que pide nivelación plena y armonización de impuestos, defiende que los recursos iniciales deben tener en cuenta el gasto necesario para garantizar los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, y que la concesión de los indicadores para medir dichas necesidades tomen como referencia el modelo australiano.
De su lado, Baleares propone una fórmula de "doble vía" para el sistema de financiación autonómica y en sus alegaciones propone una alternativa para que las comunidades con mayor capacidad tributaria puedan gestionar mayor parte de los impuestos que captan.
Dado que las autonomías que no tienen suficiente capacidad fiscal no están de acuerdo con este modelo, el Govern balear diseña esta propuesta de "doble vía" que permitiría mantener comunidades en las dos modalidades durante un tiempo, de forma que las CC.AA. que quieran mantener un estatus con mayor número de transferencias del Estado como hasta ahora lo puedan hacer, pero que a la vez comunidades como Baleares que quieran asumir mayor responsabilidad en la gestión de los ingresos también encuentren cobijo dentro del nuevo sistema de financiación.
Además, solicita la absorción por el Estado de la deuda de la región, además de recursos adicionales, mayor cesión de IRPF, y las mismas ventajas que Canarias que, por su parte, pide que se integre la dependencia en el sistema con mayores aportaciones que las actuales y que no se considere el Régimen Económico y Fiscal (REF) en los cálculos de la financiación autonómica.
La Junta de Extremadura, por su parte, defiende que el modelo parta de una reforma de los ingresos, para evitar con ello el "problema de infrafinanciación" actual, mensaje en el que incide la Comunitat Valenciana, que pedirá una partida de 1.325 millones para financiar los servicios que presta la comunidad. Según la región valenciana, la insuficiencia de 2015 podría alcanzar hasta los 13.342 millones y la acumulada desde 2007 hasta los 165.000 millones.
Propone redistribuir IRPF, IVA e Impuestos Especiales en función del peso de los servicios públicos fundamentales independientemente de la administración que los gestiona, lo que supondría cesión del 69%, así como elevar la cesión de IVA e Impuestos Especiales al 70%, junto a la cesión de impuestos medioambientales y sobre las primas de seguro.
Aragón sugiere la cuantificación de las necesidades de gasto en función del coste de los servicios y también cree que se deben compensar las mermas tributarias y aportar recursos adicionales, lo que Murcia cifra en un mínimo de 16.484 millones, en línea con la Comisión Europea.
Por último, Ceuta y Melilla piden que su financiación se adecue a sus circunstancias especiales y se tenga en cuenta su población y su situación extrapeninsular y fronteriza.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
