Aeropuerto de Loiu. Foto: EFE/M. TONINAVALÈNCIA. El macrojuicio contra 136 controladores aéreos por la huelga de finales de 2010 que obligó a cerrar el espacio aéreo español durante 24 horas podría no tener que celebrarse. La Fiscalía y la defensa del principal sindicato del colectivo, USCA ultiman un acuerdo de conformidad que consistiría en una pena por delito de abandono de función pública en su grado mínimo y el abono de mil euros de indemnización para cada uno de los 15.190 afectados.
El magistrado del juzgado de Instrucción número 3 de Madrid Jorge Israel Bartolomé acaba de dictar una providencia en la que amplía en dos meses el plazo que dio a las defensas para presentar sus escritos y, al mismo tiempo, otorga a las partes veinte días más para que cierren definitivamente ese acuerdo.
En concreto, fija el 23 de enero como límite para que fructifiquen las conversaciones existentes entre Fiscalía, acusaciones y defensas y requiere a los acusados que depositen antes de esa fecha 17,4 millones de euros como fianza por su responsabilidad civil bajo amenaza de embargo de sus bienes.
Según explica el letrado valenciano Julio Merelo, personado en la causa, el pacto entre la Fiscalía y la asociación mayoritaria de controladores está prácticamente cerrado y ahora buscan sumar al mismo al resto de partes para evitar el juicio.
La huelga que los controladores aéreos llevaron a cabo en pleno puente de diciembre de 2010 por un conflicto laboral –jornadas más largas y menor retribución– afectó a alrededor de 600.000 viajeros y colapsó el espacio aéreo español al permanecer 24 horas cerrado. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a declarar el primer estado de alarma en España desde la llegada de la democracia.
Esa declaración supuso que los controladores que horas antes habían abandonado de forma masiva y coordinada las torres de control alegando indisposición física quedaban sometidos a las autoridades militares, de forma que se exponían a ir a prisión por desobediencia si no regresaban a sus puestos.
El instructor abrió juicio oral contra los 136 acusados el pasado 14 de julio como presuntos autores de los delitos de abandono de funciones públicas y les consideró responsables civiles para indemnizar a los pasajeros perjudicados tanto a ellos como a la USCA. La empresa pública Aena –hoy Enaire– fue considerada responsable civil subsidiaria, en línea con lo solicitado por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
Sobre las compensaciones económicas, la Fiscalía consideró que éstas debían cubrir el importe de los billetes de los vuelos cancelados y los gastos derivados de ello. Por su parte, las acusaciones particulares (43 en total) elevaron sustancialmente el alcance de la responsabilidad civil al contemplar también los daños morales, que en la mayoría de casos fueron estimados en 10.000 euros por perjudicado.
Algunas acusaciones pidieron también que se acusara a los controladores de delitos como sedición o falsedad documental, ya que justificaron su ausencia de las torres de control por razones médicas, pero ni la Fiscalía ni el juez instructor han tenido en cuenta estas calificaciones.
En el auto de apertura de juicio, el instructor rebajó sustancialmente esas expectativas y consideró que, como base para la fijación de la fianza a depositar, 1.150 euros por pasajero sería un montante razonable para el daño moral. No obstante, subrayó que las indemnizaciones definitivas quedarían a expensas de las responsabilidades civiles que se fijasen en una eventual sentencia condenatoria.
Con ello, la indemnización total sobre la que la Fiscalía y la USCA están a punto de cerrar un acuerdo asciende a 15,19 millones, sensiblemente por debajo de la fianza de 17,46 millones que se les exige antes del 23 de enero, que podría se mayor si llegase a celebrarse el juicio y fueran condenados.
Al margen de que la sentencia de conformidad aceleraría el cobro de las indemnizaciones por parte de los más de 15.000 reclamantes, tampoco conviene perder de vista que la celebración del juicio oral obligaría al gestor aeroportuario Enaire a afrontar la ausencia puntual de un procentaje considerable de la plantilla durante el mismo, principalmente del control aéreo de Madrid, que gestiona la mayor parte de los vuelos del país.
Tras el conflicto se abrieron más de una veintena de causas en juzgados de toda España como Valencia, Alicante, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Andalucía, Vigo o Reus, pero la mayoría fueron sobreseídas por la inexistencia de delito.
