POBLE NOU DE BENITATXELL. Como era sabido, la concejala del Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell, Nieves García, de la formación Independents de la Marina Alta (IMA), será juzgada en breve por falsedad documental y estafa: está acusada de falsificar la firma del secretario municipal para elaborar documentos -sin membrete oficial del ayuntamiento- para presentarlo ante las entidades bancarias y que el construcctor Francisco Bolufer Llobell pudiera cobrar certificaciones de obra de forma ilícita. La Fiscalía pide siete años prisión, una multa de 7.200 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por seis años para Nieves García, una de las seis concejales que el pasado jueves respaldó a Miquel García, de Compromís, a la Alcaldía de Benitatxell. Para el constructor, el Ministerio Público pide seis años de prisión, multa económica e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Hay que recordar que la dirección de Compromís anunció tras el voto de censura el inicio de los trámites para expulsar a García y a los otros dos concejales de la coalición local.
La Fiscalía considera que tanto Nieves García como Francisco Bolufer podrían haber incurrido en un delito de continuado de falsedad en documento público y de estafa, recogidos en el Código Penal. Los hechos se remontan a 2011 cuando la concejala, entonces en las filas del PP, formaba parte del equipo de gobierno como teniente alcalde. Según el Ministerio Público, los dos acusados, Nieves García y Francisco Bolufer Llobell, "puestos en común presentaron documentos manipulados previamente a prueba de conseguir un beneficio ilícito" Añade la fiscal que "dicha manipulación consistía en emitir escritos por la teniente de alcalde -Nieves García-, la cual no tenía competencia para ello, y simular la firma del interventor, en su beneficio, elaborando documentos bajo la apariencia de legalidad". Una vez confeccionados dichos documentos -continúa el relato de la fiscal- por parte de los acusados, con el conocimiento y voluntad del señor Bolufer, los cuales carecían de membrete oficial, se presentaban en las entidades bancarias a fin de conseguir el abono de las certificaciones de manera ilícita".
La fiscal varios ejemplos de esta práctica supuestamente ilícita, en los que tanto la entonces teniente alcalde como el constructor se ponía de acuerdo y tramitaron expediente administrativo de endoso sin la firma del secretario-interventor. En algunos casos, el ayuntamiento, a través de Nieves García, solicitaba el aplazamiento de esos pagos con el argumento de que no se había abonado una subvención que en realidad no se había solicitado con carácter previo. Así, hasta en dos obras diferentes, en las que el constructor siempre era Bolufer Llobell y el endosatario, el Banco de Valencia.
En otro caso, como en la urbanización de una parcela dotacional en Golden Valley, también se pidió el aplazamiento del pago en octubre de 2010 por 90 días, pese a que la certificación de obra se había abonado previamente el 23 de agosto de ese mismo año.
Como consecuencia de dichas gestiones fraudulentas, el Banco Sabadell, antigua CAM, reclama al ayuntamiento la cantidad de 474.899 euros, reclamación que se dirime ahora en la vía civil. Por todo ello, la fiscal sostiene que los hechos descritos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público cometido por autoridad o funcionario público y un delito de estafa cometido por autoridad o funcionario público. En el caso del constructor, se trataría de un delito continuado de falses en documento público cometido por un particular, de ahí que la petición de pena para la actual concejala sea mayor -7 años- que el del constructor -seis años de prisión-.