Mónica Oltra. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La causa abierta judicial abierta contra la patronal de las escuelas concertadas finalmente llegará a juicio. Este procedimiento se abrió para investigar varias contrataciones de personal, como profesores, que en realidad supuestamente trabajaban para esta patronal de enseñanza concertada. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de Compromís en 2014.
La denuncia fue interpuesta por la ahora vicepresidenta del gobierno Mónica Oltra cuando todavía era diputada de Compromís, en julio de 2014. En ella criticaba que se estuvieran empleando fondos públicos para pagar "horas adicionales carentes de fundamento legal" y "un posible fraude con los docentes de edad elevada".
Tras casi tres años de instrucción, en 2017, el magistrado instructor archivó la causa pues ni él ni el fiscal, entonces era el actual magistrado del TSJCV Vicente Torres, veían indicios de delito Tras la llegada de un informe solicitado por el letrado de Feceval, Vicente Boluda. Decía el juez que: "Existe un contrato laboral válido con todas las consecuencias y efectos entre el centro escolar y el profesional aunque sus servicios se prestasen en la Feceval, en lugar de en el centro docente, en cualquier momento puede ser llamado para desarrollar la actividad directamente en el centro".
La abogacía de la Generalitat recurrió el archivo y la Audiencia Provincial estimó su recurso. Decía el auto de la audiencia que sí existían indicios de criminalidad, ya que se habría prorrogado sin cobertura legal los contratos entre los años 2009 y 2014, sin que, además, se justificaran los trabajos realizados por las cinco personas empleadas por Feceval en ese lapso de tiempo.
Tras la decisión de la Audiencia Provincial, el juez instructor incoó el autor de procedimiento abreviado. Sin embargo, el Ministerio Público no ha cambiado su postura inicial y mantiene la postura de Torres de no acusar por ausencia de delito. El actual fiscal delegado de Delitos Económicos, Ricardo Olivares, ha dado por bueno el escrito enviado por su predecesor en este caso.
Dicho escrito decía que la patronal de los centros educativos suscribió, en 1990 y 2003, sendos convenios con la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana con la finalidad de subvencionar las actividades de formación del profesorado, que debían realizar docentes destinados en centros concertados. Por parte de la conselleria se pagaron los importes de la subvención hasta 2010. "A partir de esa fecha, tanto Feceval, como la Conselleria de Educación, entendieron prorrogados los convenios, y siguieron pagando las actividades formativas, que se realizaron completamente".
Sin embargo, para la Abogacía de la Generalitat, los hechos son constitutivos de un delito de fraude en subvenciones en concurso con un delito de falsedad documental. Por ello solicita para los procesados, entre ellos el expresidente de Feceval José Manuel Boquet, así como para otras tres personas, además de la propia patronal como persona jurídica, unas penas de tres años de prisión para los acusados y tres años de imposibilidad de contratar con la administración pública tanto para ellos como para Feceval. Además, también piden una indemnización, conjunta y solidaria, de 758.309 euros.
La abogacía explica en su escrito que esas penas son su calificación principal, pero que habría una segunda calificación subsidiaria, en la que en lugar de solicitar tres años por fraude, se pedirían seis años de prisión por un delitos de estafa.
Ahora será la Audiencia Provincial de València, obviamente una sala diferente a la que ordenó la reapertura, la que deba decidir si da la razón a Feceval y la Fiscalía o, por el contrario, a Oltra y a la Abogacía de la Generalitat.
