Fin al despropósito de RTVV

Ha dicho el expresidente Alberto Fabra que "más de uno se debería poner colorado" al leer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE de RTVV, y lo ha dicho sin sonrojarse. Como si él no tuviera nada que ver en la cadena de despropósitos que siguieron a aquel primer ERE de agosto de 2012. 

Cuatro años y medio después, cuatro años y medio de sufrimiento para centenares de personas, el senador Fabra se siente legitimado para señalar a quienes se pusieron el jupetí roig y ahora desde el Consell defienden la legalidad del segundo ERE, como Mónica Oltra.

Teníamos razón, han venido a decir Isabel Bonig y otros exgobernantes del PP que enterraron Canal 9 tras una larga agonía provocada por ellos mismos, incluida la estocada final. Todo, porque el Consell de Ximo Puig –las vueltas que da la vida– ha convencido a los jueces de que no había otra solución que el cierre. Y los jueces se lo han creído y han redactado una sentencia que en lo jurídico puede ser impecable pero en lo valorativo es opinable.

El Consell de Fabra hizo un plan para reestructurar RTVV digno de elogio, aunque fuera a costa de un millar de despidos. El primer ERE de Canal 9 y Ràdio 9 era necesario, como lo fue el de miles de empresas durante la crisis. Y la nueva televisión pública que se puso en marcha con Rosa Vidal al frente tenía muy buena pinta desde el punto de vista empresarial, me atrevería a decir que mejor que la nueva CVMC. 

Si esta sentencia de la Audiencia Nacional es un varapalo para los sindicatos, la del TSJCV lo fue para Fabra

El resultado no llegamos a verlo porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) declaró nulo aquel primer ERE y Fabra decidió, y ahora le avala la Audiencia Nacional, que no había otra solución que el cierre. Como esto es opinable, reitero, porque ya lo escribí en su día, que sí había otra solución menos traumática que dejar a los valencianos tres años sin televisión pública, que serán cuatro porque me da que aquest any, tampoc, que diría un aficionado del Barça. 

Se suele acusar a los sindicatos de haber provocado el cierre con aquella cerril oposición al primer ERE, que recurrieron y tumbaron. Pero se olvida que una cosa es que la oposición al ERE no tuviera ninguna lógica, pues era evidente que sobraba personal, y otra muy distinta el motivo por el que se declaró nulo el ERE. O los motivos, porque si esta sentencia de la Audiencia Nacional es un varapalo para los sindicatos, la del TSJCV lo fue para Fabra, que reaccionó de la peor manera posible. Hay que leer aquella sentencia para recordar que el expediente de regulación de empleo se tramitó saltándose varias veces la ley, unas por negligencia y otras por amiguismo. Nada nuevo en la gestión del PP en RTVV.

Llegados a este punto de aparente no retorno, pues el recurso al Supremo no tiene visos de prosperar, aprovecho la ocasión para reivindicar el papel de la Unió de Periodistes Valencians, de cuya Ejecutiva he formado parte en los últimos ocho años. Sobre todo para reconocer el trabajo de su presidente, Sergi Pitarch, que ha mantenido la coherencia a pesar de los ataques personales que ha soportado. También el de otros miembros de la Ejecutiva que han trabajado en este asunto mucho más de lo que un servidor ha podido hacerlo.

La Unió de Periodistes no es un sindicato y no actúa como tal. Los sindicatos tienen su papel, del que en este caso no se pueden sentir orgullosos, excepto CGT. El resto quiso jugar a dos bandas, la judicial y la política, en ambos casos a todo o nada. De momento es nada y su posición es ahora más débil para negociar. 

El reto ahora de la Unió de Periodistes es vigilar que el proceso de selección sea limpio, no como algunos de los que se hicieron en RTVV

La Unió ha venido defendiendo –con argumentos legales tras consultar hasta a siete expertos en derecho laboral, ahora refrendados por la Audiencia Nacional– la creación de una televisión pública que no fuera como Canal 9, y para eso había que partir de cero y dar cabida los mejores periodistas de radio y televisión, fueran extrabajadores de RTVV o no. Así lo plasmó en un informe debatido y aprobado por la asamblea en mayo de 2015 y remitido a todos los partidos políticos presentes en Les Corts. Nos cabe la satisfacción de ver que el trabajo fue tenido en cuenta a la hora de elaborar la nueva ley. 

El reto de la próxima Ejecutiva, de la que no formaré parte, es vigilar que el proceso de selección sea limpio, no como algunos de los que se hicieron en RTVV.

Otro cargo público

El tripartito, a instancias del PSPV, coló a última hora en la Ley de la Agencia Valenciana para la Seguridad la creación de una empresa pública, otra más, para "gestionar y comercializar las redes y servicios de telecomunicaciones de la Generalitat". No hacía ninguna falta otra empresa porque quienes van a desarrollar esa tarea ya trabajan en otra entidad pública, EIGE. Para lo que sí será útil es para que el Consell pueda colocar a otro Francesc Romeu con un sueldo anual de 55.945 euros. Enhorabuena al agraciado.