Natxo Costa, director general de Comercio. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Mientras el Consell sigue enredado haciendo de mediador con el objetivo de que los diferentes formatos del comercio -y los trabajadores del sector en la Comunitat- acerquen posturas y alcancen una solución de consenso sobre la apertura en festivo, 2018 contará con dos novedades palpables -salvo sorpresa en la votación prevista en Les Corts-.
PSPV y Compromís ya han acordado y registrado una enmienda de modificación a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat -para la que también esperan al menos el voto a favor de Podemos- que modificará la Ley de Comercio en dos cuestiones.
Por un lado se introduce la fecha de caducidad de las actuales Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), en las que se permite la libre apertura de los grandes comercios en domingos y festivos.
Dicha caducidad, que fue cuestionada por la Abogacía de la Generalitat, consistirá finalmente en que las nuevas y las actuales ZGAT pasan a tener una vigencia de cuatro años a partir de 2018. Es decir: llegado el ejercicio 2022 se enfrentarán a una revisión en la que deberán acreditar la persistencia de las causas que motivaron su declaración para lograr una nueva prórroga de cuatro años.
Por lo que respecta a los festivos prohibidos, se trata de una introducción en la ley de cinco fechas en las que, bajo ningún concepto, podrá abrir las puertas el gran comercio. Se trata del 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo, el 9 de octubre y el 25 de diciembre. Las grandes firmas, de facto, ya estaban cumpliendo con esta regla, pero ahora la prohibición figurará de forma expresa.
Más allá de las cuestiones relatadas, la enmienda pactada por PSPV y Compromís también prepara el terreno para acometer el cambio que apruebe el sector del comercio y sus trabajadores. Lo hace al "sacando a reglamento" los aspectos que se quieren modificar -según explica el director general del ramo, Natxo Costa-.
De este modo, el cambio que se aplicará no precisará la modificación de la Ley, sino que consistirá en la aprobación de un decreto, una fórmula para acometer el cambio mucho más ágil para la administración.
Dicho cambio tomará como base el acuerdo alcanzado por cuatro asociaciones representantes de los distintos formatos del sector (Cecoval, Covaco, Asucova y Anged), si bien se auguran necesarias algunas modificaciones para convencer también a los sindicatos y a las entidades no firmantes del acuerdo inicial.
