Feijóo, Puig, Moreno Bonilla y Armengol, junto a la moderadora. Foto: ANA AVELLANAVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, participó este jueves en Barcelona en el coloquio organizado por el Cercle d'Economía bajo el título 'El modelo territorial para mejorar la economía española'. Un encuentro en el que puso en común ideales políticos con sus homólogos de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), y de Baleares, Francina Armengol (PSOE).
Un encuentro en el que, en términos generales, todos los participantes se mostraron dispuestos a abrir una negociación a gran escala sobre la reforma del sistema de financiación, pendiente desde 2014 y cuyos términos actuales perjudican notablemente a los valencianos.
En este sentido, destacó la disposición del presidente gallego a afrontar la cuestión, dado que Feijóo siempre se ha erigido como uno de los principales líderes autonómicos con intereses opuestos a la Comunitat Valenciana de cara a un futuro nuevo sistema. No obstante, el presidente gallego, que intervino por videoconferencia, admitió en esta ocasión que existen Comunidades Autónomas (CCAA) como Madrid, Baleares, Cataluña y la propia Galicia que se encuentran en cantidades muy similares, cerca de la media española, en financiación por 'habitante ajustado' -aplicadas las correcciones por edad, densidad o insularidad-, mientras otras como Cantabria, La Rioja o Aragón reciben muy por encima de la media y tres, Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana están "a la cola".
Así, el presidente gallego, más allá de recordar que el sistema actual nació de "un pacto entre el PSOE y el nacionalismo, concretamente el tripartito de Cataluña", se mostró favorable a "volver a sentarse" para negociar la reforma, puesto que a su juicio, "procede afrontarlo". Un mensaje, conviene recordarlo, que se produce cuando el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez está tratando de postergar la cuestión, tal como reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes a los miembros de la plataforma valenciana Per un Finançament Just.
Feijóo, no obstante, también reiteró en su discurso la necesidad de atender, como un favor clave en cualquier reforma del sistema, "el coste real de los servicios". Una reivindicación siempre presente en una autonomía con graves problemas de dispersión territorial y envejecimiento de la población.
Más claramente a favor de la reforma se mostró el presidente andaluz, Moreno Bonilla, quien comparte con la Comunitat Valenciana los últimos puestos de España en el reparto, por lo que no tuvo reparos -y más ahora cuando el máximo responsable en La Moncloa es el socialista Sánchez-, en exigir un apertura de las negociaciones inmediata para la reforma. "El Gobierno de España tiene que ejercer su liderazgo para construir los espacios para una reforma del sistema. No podemos esperar más: en Andalucía nunca hemos estado en la media nacional y eso significa mil millones de euros anuales menos", sentenció.
"El sistema actual es obsoleto, injusto y no satisface a nadie. En pocas cuestiones he encontrado tanto consenso como en el deseo de un nuevo modelo de financiación autonómica", recalcó, para admitir que es un proceso "complejo" que requiere "generosidad y valentía". "Creo que tenemos la capacidad para un modelo en el que quepamos todos", aseguró, aunque insistió en que este no debe ir "en detrimento de la autonomía fiscal" de cada autonomía.
Puig, por su parte, reiteró la "exigencia absoluta" de afrontar la reforma del sistema y expuso la obligación por parte del Estado de generar "una suficiencia" que es "lo que marca la Lofca y la Constitución". Además, remarcó la necesidad de encontrar "una fórmula" para que los valencianos no se encuentren "siempre en el furgón de cola de los recursos". "Hay consenso en que estamos en contra del sistema, pero no estamos de acuerdo en nada más", afirmó el presidente de la Generalitat, por lo que reclamó poner "sobre la mesa" este debate.
Una línea que siguió también la presidenta balear, Francina Armengol, quien se mostró favorable a modificar el sistema puesto que existe una "buena predisposición para hacerlo" desde las autonomías. "Todos coincidimos en que estamos dispuestos a hablar", aseguró, si bien lanzó un mensaje a Cataluña, quien ha evitado últimamente acudir a las reunions del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde primero debería consensuarse antes de llevar la reforma al Congreso. "Queremos que también se sume a este debate y le invito a que participe de las mesas multilaterales", subrayó.
Otro de los puntos de interés en el debate fue la puesta en valor coincidente del Estado de las Autonomías, fruto del cual se había logrado una descentralización que, no obstante, todos consideraron insuficiente en algunos aspectos.
Uno de ellos, que admitieron los cuatro presidentes, es en el aspecto de las infraestructuras, un modelo demasiado "radial" durante muchos años con el que los intervinientes se mostraron críticos, al considerar que ha perjudicado a la periferia.
Puig dio un paso más y defendió que el Estado avance hacia la "descentralización real de las instituciones", por ejemplo situando sedes oficiales fuera de Madrid. "No tienen que residenciarse todas las instituciones en Madrid. ¡Si está en Madrid hasta el Instituto Oceanográfico! Oiga, pues que esté en Vigo o en Cádiz, pero ¿también tiene que estar esto en Madrid? ¿Todas las instituciones del Estado tienen que estar en Madrid? No hay ningún razonamiento que sostenga esta cuestión", expuso.
En la fiscalidad, la militancia partidista se dejó notar en mayor medida, Puig y Armengol criticaron abiertamente lo que consideran un 'dumping fiscal' por parte de Madrid, y el presidente valenciano se mostró favorable a una reforma fiscal en la que las CCAA sean también protagonistas. Además, Puig arrojó el guante, secundado por su homóloga balear, para avanzar hacia un modelo de organización territorial más federalista; "Si no les gusta esa palabra, pueden llamarlo como quieran", apuntó.
Otra cuestión puesta sobre la mesa por la moderadora en el que existió cierto consenso fue el régimen especial de País Vasco y Navarra. Ninguno de los presidentes se mostró partidario de poner fin a los conciertos económicos al formar parte de un acuerdo constitucional, si bien todos reclamaron mayor transparencia a la hora de conocer las cifras del Cupo que se aporta desde esas autonomías. Puig, en este caso, fue más allá reivindicó la "equidad frente a los privilegios". "Me parece bien el concierto vasco y navarro, pero si se nos ofrece a otros, quizá también lo aceptaríamos", comentó.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
