"Extorsión política"

VALÈNCIA. El titular de este artículo va entrecomillado porque no es mío. "Extorsión política" es una de las expresiones que empleó Ximo Puig hace tres años para calificar la actitud de Cristóbal Montoro cuando hizo lo mismo que ahora hace su sucesora, María Jesús Montero: retener transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas –a la valenciana, con riesgo de asfixia– con la excusa de que el Gobierno estando en funciones no puede librarlas, todo para presionar con el objetivo de que los oponentes políticos permitan la investidura de su líder, antes Rajoy y ahora Sánchez.

La hemeroteca es una mina en estas situaciones de intercambio de papeles. "Chantaje" y "ataque frontal" a la Comunitat Valenciana son otras de las lanzas de aquel Puig reivindicativo que con la misma justicia podría arrojarlas hoy sobre Montero. Pero las exhortaciones del president al Gobierno perdieron vigor tras la moción de censura de hace un año y desde el 28-A sus apremios al Ejecutivo central son una rareza.

Hasta el otrora combativo Vicent Soler se ha alineado con la ministra en funciones. "Juega con el dinero de proveedores, familias y pymes" con fines "que se antojan electorales", dijo hace tres años de Montoro. Le valdría contra Montero, pero la culpa de todo, para el conseller, sigue siendo del PP aunque ya no gobierne ni aquí ni allá.

Soler, en lugar de rechazar la petición del PP de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con más vehemencia que la propia ministra, podría haber enviado a Montero una carta como la que le envió el 7 de septiembre de 2016 a Montoro para pedirle formalmente la "convocatoria urgente" del CPFF, que hacía cuatro meses que no se celebraba. La ministra lleva un año sin convocarla. "No vale en absoluto que digan que están en funciones. En la Ley del Gobierno está muy claro que sí se pueden acordar cuestiones de interés general", decía entonces Soler asistido por la razón.

Como publicó el otro día Valencia Plaza, la socialista Montero no paga a las CCAA lo que les debe porque no le da la gana, igual que hacía el popular Montoro (como también publicó este periódico, que no ha cambiado de opinión).

Dice la ministra en funciones que está buscando con denuedo una solución, pero lo que está haciendo es tensar la cuerda porque le conviene a Sánchez. El otro día le dijo al presidente canario que las CCAA cobrarán antes del 15 de diciembre para que la sangre –el déficit del año– no llegue al río pero no quiso desvelar cómo lo hará. Como apostilló con acierto el gobierno socialista y sin embargo reivindicativo de Castilla-La Mancha, si la ministra tiene una solución para el 15 de diciembre, ¿por qué no la aplica ahora? Y añade el autor de esta columna: ¿cómo se puede comprometer para esa fecha cuando es posible que 10 de noviembre tengamos Elecciones Generales?

Si tuviera prisa por arreglar el problema, Montero no habría hecho al Abogado del Estado una pregunta cerrada cuya respuesta sabía que sería negativa. La pregunta correcta tenía que ser necesariamente abierta: ¿Qué formas legales tiene el Gobierno, estando en funciones, de pagar a las CCAA los 4.700 millones que les debe? Hay más de una. 

La ley solo impide al Gobierno en funciones aprobar proyectos de presupuestos y presentar proyectos de ley. Del resto dice que el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Puede que Cristóbal Montoro, que no salía de su despacho ministerial, considerase que la financiación de la sanidad pública no es de interés general, pero Montero no puede negarlo porque fue consejera de Sanidad y de Hacienda de Andalucía. 

Si tuviera prisa por aliviar el problema que está causando a las CCAA y a sus "proveedores, familias y pymes" –que diría Soler–, Montero convocaría el CPFF, acordaría con los gobiernos autonómicos una fórmula de pago a la que nadie pondría pegas porque todas están deseando cobrar, y aquí paz y después gloria.

Otro tanto ocurre con el techo de gasto, que las CCAA necesitan conocer para elaborar sus presupuestos de 2020. La ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria dice que el Gobierno comunicará el techo de gasto del año siguiente antes del 1 de agosto en el CPFF. La ministra ha incumplido la ley, como ya hizo Montoro, alegando que está en funciones.

Volvamos, para terminar, a la hemeroteca: "El dato lo tienen y no lo comunican. Se hace para intentar presionar a los Gobiernos autónomos intentando trasladarles que no hay posibilidad de comunicar el dato hasta que no haya Presupuesto del conjunto del Estado", protestaba hace tres años la consejera de Hacienda andaluza ante la negativa de Montoro a facilitar la cifra del techo de gasto. "Hacienda tiene un escenario y una cifra que podría perfectamente comunicar", añadía la consejera, que no era otra que María Jesús Montero.