CALP. El municipio de Calp ya tiene uno de sus símbolos arqueológicos protegidos. Por fin, el yacimiento romano de los Baños de la Reina es Bien de Interés Cultural. Han tenido que pasar 22 años para que el inicial expediente, impulsado por el entonces alcalde popular Javier Morató iniciara el trámite que durmió el sueño de los justos en los 20 años de la administración autonómica del PP. Ahora, los restos romanos, emplazados en primera línea del mar, no gozarán de la mayor protección posible, sino también de más fondos públicos por ley para seguir con las excavaciones de lo que fuera una villa romana hace más de 2.000 años.
Después hay otra patata caliente, que es el suelo urbano que hay alrededor del yacimiento. El consistorio que preside César Sánchez ya ha ido adoptando medidas para evitar su edificación, pero con un precio muy elevado, no económico, pero sí de más edificabilidad en otras partes del municipio. Los afectados, las empresas propietarios, ya han sido compensadas en su mayor parte y se han beneficiado del stand by del proceso de declaración del BIC, que todos los partidos políticos querían, pero hasta hace dos años, nadie movió un papel por ella.
Ahora, los propietario que todavía no han recibido compensación lo tendrán más difícil: el suelo de los alrededores goza de mayor protección, aunque siempre podrán, como el resto de afectados, alcanzar acuerdos con el consistorio para recibir dinero o derechos de urbanización en otras partes del municipio. Ahí van tres ejemplos:
Calp apuesta por evitar que se construya junto a los Baños de la Reina
Fue en julio de 2017, cuando el Ayuntamiento de Calp aprobó una modificación del plan parcial el Saladar para absorber la edificabilidad contemplada en los alrededores del yacimiento de época romana Baños de la Reina, de manera que sus propietarios de suelo adyacente, ya no podrán construir y recuperarán sus derechos urbanísticos en el plan del Saladar. Algunas voces han criticado que se aprobara la mayor edificabilidad del plan del Saladar sin garantizar previamente la protección total de los Baños de la Reina. Ha tenido que ser la Generalitat Valenciana, el pasado viernes, la que ha aprobada la distinción de BIC para evitar cualquier especulación posterior.
En algunos casos, el consistorio se ha visto con la obligación de hacer permutas de suelo para compensar a terceros, que en su día se quedaron con la edificabilidad contemplada en los Baños de la Reina. En 2016 se llegó a un acuerdo con el Banco Santander para cederle una parcela dotacional en la parte posterior de la playa de la Fossa y de esta manera, se evitaba pagarle 8 millones de euros. El solar fue a parar a manos de Altamira, la inmobiliaria del Santander, después de que se la comprara en 2008 a otra promotora, Dianum SL. Con anterioridad, Dianum se la había adquirido a Morelló SA, que a su vez, se la permutó al consistorio calpino por otro solar dotacional en el yacimiento de los Baños de la Reina.
En diciembre de 2014, el Santander, al ver que no había movimientos para compensarle y después de que tanto los tribunales como la Generalitat denegaran el cambio de uso del solar, inició el procedimiento de advertencia al ayuntamiento: o les compensaba con 8 millones de euros, o le compensaba con la misma edificabilidad en otro solar, o iniciaría el proceso de expropiación forzosa.
El origen de todos los problemas, además del largo proceso de aprobación del BIC por parte de la Generalitat Valenciana, es que el Tribunal Supremo anuló, en 2009, el Plan de Protección de los Baños de la Reina y, por tanto, la modificación puntual que se hizo en 2002 del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 que impedía edificar sobre casi 6.000 metros cuadrados de esta zona arqueológica.
La sentencia firme, que daba en su momento respuesta al recurso presentado por un propietario del suelo donde descansan los restos romanos, dejaba la puerta abierta a la construcción de torres de hasta 50 metros de altura (entre 10 y 14 plantas) sobre la zona arqueológica. A partir de ahí han venido las permutas, compensaciones y traslados de edificabilidad a otros sectores urbanizables para evitar la construcción en los alrededores del yacimiento.