Vicent Soler y Mónica OltraVALÈNCIA. El bloqueo a la subrogación como empleados de la Generalitat de los trabajadores de Erescanner que prestan el servicio de resonancias magnéticas obligará al Consell a buscar nuevas alternativas legales para el encaje laboral no solo de ese personal, sino del de cientos de empleados de empresas privadas que pasarán a depender de la administración cuando se lleven a cabo los procesos de reversión previstos.
Entre los más inmediatos están los ya iniciados para la recuperación de la gestión directa de los centros de diversidad funcional, cuyo personal pasaría a integrarse en la empresa pública IVASS –dependiente de la Conselleria de Igualdad– conforme vayan venciendo los contratos, o de los radiólogos de Eresa que está previsto que pasen a depender del Hospital General de Valencia.
El informe con el que la Abogacía de la Generalitat tumba el decreto mediante el que la Conselleria de Sanidad iba a subrogarse como personal a extinguir de los radiólogos, técnicos, enfermeros y administrativos de la UTE Erescanner Salud no entra en cómo deben incorporarse esos trabajadores, pero rechaza el argumento básico que sustenta la asunción del personal por parte de la administración: el de la sucesión de empresa.
En concreto, el órgano concluye que la Generalitat no puede declarar motu proprio la existencia de una sucesión de empresa a efectos de incorporar a los trabajadores del contratista, ya que esa consideración correspondería a los Juzgados de lo Social. Pero además, la Abogacía de la Generalitat sostiene que en todo caso la incorporación de esos trabajadores de empresas privadas debería estar supeditada a los límites de la tasa de reposición establecida en los Presupuestos Generales del Estado y al incremento de gasto de la masa salarial.
También rechaza que la administración asuma a esos trabajadores como personal a extinguir con condiciones asimilables a las de los funcionarios pese a no haber superado ningún proceso de selección, una vía a la que el Consell ya ha tenido que renunciar tras un informe del Consell Jurídic Consultiu (JCJ) que censuró esa fórmula.
Fuentes de la Conselleria de Igualdad, de la que depende el IVASS, consideran que el informe de la Abogacía sobre el personal de las resonancias no obliga a cambiar la estrategia con las reversiones de residencias previstas, ya que tras al informe del CJC la cuestión del personal ya se dejó abierta. En todo caso, lo que hace es bloquear definitivamente la vía inicialmente prevista.
En su primera versión, la Ley de Medidas de 2019 preveía que, al existir "sucesión de empresas", cuando acabase un contrato de gestión de un centros de diversidad funcional, el IVASS se subrogaría en la condición de empleador que tenía el contratista y asumirá a sus trabajadores como a extinguir.
Tras el informe del CJC, la cuestión se dejó mucho más abierta en la versión definitiva de la Ley de Medidas aprobada por el Consell, de forma que desaparecían las referencias a la regulación del personal:
"Producida la extinción de un contrato de gestión integral de centros de diversidad funcional de titularidad pública, la Generalitat, a través de su Sector Público Instrumental, asumirá la gestión pública de estos centros, conforme al marco normativo vigente".
Otro de los posibles afectados por el informe de la Abogacía es el Hospital General de València. El centro, gestionado por Diputación de València y Generalitat, también se encuentra en proceso de internalizar el servicio de resonancias y TAC con una subrgación de por medio. En el mes de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el traspaso del personal de Eresa que actualmente presta el servicio en las instalaciones al consorcio. Sin embargo, según señalan fuentes de Sanidad y del departamento, el informe de la Abogacía en principio afectaría a la decisión, aunque no especifican en qué medida.
Eresa lleva varios meses en el departamento del General prestando servicios a través de enriquecimiento injusto, ya que el pasado 24 de julio finalizó el contrato de TAC mientras que el 8 de enero terminaba el de resonancias. La intención del departamento era asumir alrededor de una veintena de profesionales de la compañía para abordar el servicio en la gestión pública, un situación que posiblemente deban replantearse.
Desde la gerencia del Hospital General solicitaron a la Conselleria de Sanidad hace meses que se sometiera a consideración de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia la "viabilidad" de la integración del personal de Eresa como trabajadores del consorcio. Ahora, el Consejo de Gobierno tendrá que volver a valorar la situación tras las directrices de la Abogacía.
