La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. El pasado 4 de abril, el Consell presentó la campaña de sensibilización y promoción del Día Internacional del Pueblo Gitano. Unos meses después, hacía lo mismo con la campaña en defensa de los derechos de las personas LGTB. Dos proyectos solicitados por la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra y que salieron adelante a pesar de las reticencias del subsecretario de su departamento, Francesc Gamero.
Para realizar ambas campañas, el departamento que dirige Oltra optó por realizar la conocida como 'llamada a proyecto'. Un procedimiento que evita el concurso al uso, pero que, no obstante, ha sido demandado por los profesionales del diseño en numerosas ocasiones porque profesionaliza el procedimiento. Esto es porque la comisión o jurado que debe elegir el trabajo ganador está formado por profesionales del sector, además de representantes de la conselleria pertinente y Presidencia de la Generalitat.
Así, y después de recibir distintas solicitudes y de participar en el proceso, de entre los tres finalistas, el jurado seleccionó dos proyectos ganadores. Los trabajos fueron adjudicados por un importe de 17.999 euros a dos empresas -Agencia Èxit y Kártica-, al borde del contrato menor.
Sin embargo, el 'número dos' de Igualdad realizó, posteriormente a que los trabajos se estuvieran realizando -el 25 de mayo-, un informe para señalar que no resultaba "procedente la tramitación administrativa" del expediente, dado que no constaba "informe acreditativo del desglose del cálculo del precio" que había servido "de base a la administración para fijar el importe del contrato, según se indica en las Instrucciones Relativas a la Incorporación de Nuevas Cláusulas Sociales y Fomento de la Transparencia en la Contratación Administrativa (de la Secretaría Autonómica de Inclusión Social y de la Agencia Valenciana de Igualdad), así como en diversos informes fiscales y en informes sobre la cuenta de la Generalitat realizados para la Sindicatura".
El texto añadía que debía considerarse lo dispuesto en el artículo 87.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que establece: "Los órganos de contratación cuidarán que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general del mercado".
Gamero realizó un informe desfavorable para la tramitación de los expedientes de ambos contratos al no contar con un informe que sirviese para "justificar el precio de la adjudicación de ambas campañas". Una apreciación que desde la propia conselleria señalan como "la opinión del subsecretario".
En este sentido, fuentes oficiales del departamento que dirige Oltra aluden a que esta apreciación "no invalida el proceso ni lo hace ilegal", sino que lo único que supone es "una discrepancia que señala que falta un documento". De hecho, es un procedimiento utilizado en otras ocasiones como el realizado para el pasado 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, o cuando se licitó los trabajos para realizar el cartel del pasado 9 d'Octubre.
La fórmula se basa en recibir portfolios de todos aquellos interesados en el proyecto además de adjuntar una carta en la que explican la intención del mismo. Este procedimiento ya lo utilizaba la Concejalía de Juventud y, posteriormente, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han incorporando.
