Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El registro de lobbies tendrá un "canal confidencial" para denunciar incumplimientos o ausencias en sus anotaciones. Así lo recoge el decreto del Consell en el que se desarrolla la Ley reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, que actualmente se encuentra en fase de información pública.
En este registro deben de incluirse todas las organizaciones privadas o de carácter no gubernamental que tengan comunicación con cargos públicos o personal empleado con la finalidad de influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración y aplicación de ellas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias.
Sin embargo, es posible que esta información sea incorrecta o contenga omisiones, por lo que se podrán realizar alertas a través de un canal confidencial. Cualquier persona puede formular una denuncia, que tendrá que ser fundamentada. Para ello tendrá que indicarse el grupo de interés objeto de denuncia, los hechos denunciados, las infracciones cometidas, la información en la que se basa la denuncia y los daños que presuntamente ha podido sufrir el denunciante.
También se podrán habilitar otros canales telemáticos para comunicar posibles casos de incumplimiento de la ley. En todo momento, la regulación garantizará el anonimato de la persona comunicadora, sin que las personas encargadas de su gestión puedan identificar quiénes realizan las alertas.
El registro contendrá información relativa a las reuniones, las comunicaciones, los informes y todos los documentos que se produzcan a consecuencia de la actividad de influencia, incluyendo contribuciones y participaciones voluntarias en consultas oficiales sobre propuestas normativas, actos jurídicos y otros procesos participativos.
Las personas en cargos públicos tendrán que hacerla constar como máximo un mes después de que ocurra. Se iniciara un procedimiento sancionador por error o incumplimiento de la ley, si los órganos competentes consideran que los hechos puedan ser constitutivos de hecho ilícitos penales, remitirán los antecedentes de las actuaciones al Ministerio Fiscal.
Por otro lado, la Oficina de Control de Conflictos de Intereses será la que llevará a cabo la instrucción de los expedientes correspondientes en el caso de que la personal responsable de la infracción sea miembro del Consell, titular de una secretaría autonómica o cargo público de la administración de la Generalitat y de sus empresas públicas.
