Isabel Bonig señala a Mariano Rajoy que la aplaude en un mitin del PPCV. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El PPCV que lidera Isabel Bonig remitió este jueves a las formaciones políticas que tienen representación en Les Corts una propuesta de declaración institucional "por el cambio de modelo de financiación efectivo en los Presupuestos Generales del Estado para 2018" de la que se desliza la intención de allanarle el camino a Mariano Rajoy en la aprobación de las cuentas en una especie de trueque con la reforma de la financiación a la que el presidente del Gobierno ya se había comprometido en enero de 2017.
La iniciativa ya se avanzó tras el encuentro de la presidenta popular con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una cita que se calificó, por parte de las fuerzas políticas del Botánico, de "deslealtad" hacia el Gobierno valenciano al desconocer el contenido de las propuestas de Bonig y considerar que el ministerio se tomaba como "una sucursal de Génova" dado que la líder del PPCV no forma parte del Gobierno valenciano.
Así, el impulso de esta declaración institucional puede considerarse la última contramedida de la formación popular frente a la manifestación convocada este sábado para reivindicar un cambio en el modelo de financiación autonómica dado que la actual distribución, que lleva caducada desde 2014, perjudica a la Comunitat Valenciana, como han demostrado distintos informes y ha reconocido el propio Gobierno central.
De esta manera, el PPCV, que ya rechazó semanas atrás la posibilidad de sumarse a la protesta a la que sí acudirán buena parte de los sindicatos, patronal, más de 160 asociaciones y colectivos y el resto de fuerzas políticas de Les Corts -PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos-, viene tratando de defender la posición del Gobierno de Rajoy y, al mismo tiempo, justificar su ausencia de la citada manifestación.
En la propuesta de declaración institucional difundida este jueves, los populares subrayan que ya se ha alcanzado el "consenso unánime" en torno al cambio del modelo de financiación y consideran que el Gobierno de España "ha puesto en marcha todos los trabajos y resortes necesarios para consensuar el nuevo modelo". En esta línea, el documento recalca que los trabajos y reuniones de carácter técnico "se están produciendo según el calendario establecido" y puntualizan que no existe "ningún indicio sólido" que apunte a que no van a cumplirse los plazos.
Ahora bien, el texto remitido por el PPCV enlaza esta cuestión con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el Gobierno de Rajoy tiene problemas para aprobar debido a la exigua mayoría en el Congreso que posee. "Los presupuestos para el presente ejercicio no se pudieron aprobar hasta finales de junio, y no hay previsión de cuándo se puedan aprobar los del ejercicio 2018 por lo que de nada servirá que se pueda modificar el modelo de financiación si ésta no tiene su lógica traslación en la nueva Ley de Presupuestos", refleja la declaración.
Con este análisis, que tiene ciertas fisuras, el documento pide que Les Corts acuerden instar a los distintos partidos a que den "su apoyo y respaldo unánime e inequívoco al nuevo sistema de mejora de la financiación de las Comunidades Autónomas propuesto por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en las Cortes Generales cuando se tramite el correspondiente Proyecto de Ley Orgánica, así como a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que ha de aplicarlo".
Del propio texto se desprende que el PPCV parte de una premisa que ya incumple la promesa del propio Rajoy, quien se comprometió a que el nuevo modelo estuviera activo en el 2017, algo que se antoja improbable si viene condicionado a una negociación y aprobación de los PGE de 2018. La aprobación del nuevo modelo este año y su aplicación con efectos 1-1-2017 es otra de las reivindicaciones de Ximo Puig.
El texto de los populares valencianos puede entenderse como un cheque blanco para el Ejecutivo de Rajoy dado que pretende condicionar el respaldo de los distintos partidos a unos presupuestos que todavía se desconocen a una reforma del sistema de financiación que ya estaba previamente comprometida.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
