VALÈNCIA. La desaparecida patronal autonómica Cierval y las tres organizaciones provinciales que la fundaron (CEV, CEC y Coepa) constituían una unidad empresarial a "efectos laborales" que les obliga a responder solidariamente de las obligaciones laborales contraídas.
Así lo estima el titular del Juzgado de lo Social 2 de València en la sentencia en la que declara improcedente el despido de cuatro exempleadas de la organización que presidía José Vicente González y obliga a la CEV, como sucesora de su actividad, a readmitirlas o a indemnizarles conjuntamente con 215.000 euros.
Sin embargo, los argumentos sobre los que el magistrado asienta el fallo abren la puerta a un problema económico muy superior para la nueva patronal autonómica. La obligación de responder de las obligaciones laborales de sus socios en esa unidad empresarial la expone a tener que cargar con hasta 1,1 millones de euros en indemnizaciones de sus extrabajadores al ser la única organización empresarial que se ha salvado de la quiebra.
La CEV, que ya contaba con una sentencia desfavorable, recurrirá en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Su presidente, Salvador Navarro, ya ha firmado el aval exigido por el juzgado para hacer frente a la condena.
En cualquier caso, el sentido del fallo deja el camino expedito para que los otros siete empleados de la patronal autonómica incluidos en el ERE de extinción de Cierval consigan ser indemnizados por la CEV. A diferencia de las cuatro exempleadas de Cierval que impugnaron el despido colectivo, el resto de trabajadores presentó una demanda para reclamar la indemnización por despido, ya que la patronal les dejó a deber tanto la indemnización como la última nómina.
Según explicó a este periódico el abogado Joaquín Alcoy, que representa tanto a las cuatro empleadas que impugnaron el ERE como al resto de exempleados de Cierval, la demanda para reclamar estas indemnizaciones se presentó inicialmente contra Cierval y el Fogasa, pero recientemente se amplió también a la CEV. Preguntada al respecto, la organización que preside Salvador Navarro aseguró no tener constancia de estar codemandada en este proceso.
Las indemnizaciones reclamadas por estas siete personas que integraban la plantilla de Cierval en el momento de su quiebra ascienden en conjunto a 207.000 euros. La vista se ha fijado para diciembre, pero lo normal es que se pida su aplazamiento hasta que la sentencia comunicada martes sea firme.
Pero a esos más de 422.000 euros por los despidos de Cierval puede sumarse también el coste de los 'pufos' laborales que han dejado las patronales provinciales de Castellón, actualmente en concurso de acreedores, y Alicante, ya desaparecida.
Tal y como publicó Valencia Plaza, en la vista celebrada el pasado 14 de junio, el abogado del fondo público personado en la demanda defendió que estaba "claro" que Cierval recibía las subvenciones públicas, las repartía y que luego "cargaba con ellas cuando las provinciales no podían responder". Por ello, argumentó la existencia de confusión patrimonial entre las organizaciones y recordó que el fondo público ya había tenido que asumir un quebranto económico de 700.000 euros por el colapso de la CEC y Coepa cuyo reintegro podría reclamar ahora directamente a la CEV. En concreto, dijo que el Fogasa ha abonado 274.000 euros por el concurso de la CEC y 462.000 euros por el concurso de la antigua patronal de Alicante.
De este modo, la CEV, que siempre ha intentado desplegar un cordón sanitario para no tener que cargar con los 'pufos' de la CEC y Coepa, podría verse forzada a tener que desembolsar hasta 1,1 millones de euros si el Fogasa concreta su intento por intentar resarcirse del abono de las indemnizaciones. La cantidad equivale a más de la mitad de su presupuesto anual.
La sentencia del titular del juzgado de lo Social 2 de València detalla con profusión los argumentos que le llevan a concluir que Cierval y sus tres organizaciones provinciales fundadoras constituían una unidad empresarial con dirección unitaria y confusión de plantilla y patrimonial, así como que entre Cierval y la CEV existe sucesión empresarial.
Entre los fundamentos de derecho, el juez destaca que la "voluntad empresarial" de Cierval se conformaba por la intervención y decisión de sus tres socios fundadores, "lo que evidencia una política empresarial común". También resalta que la interacción patrimonial entre las cuatro codemandadas "resulta elocuente en diversas actividades,con particular afectación en el régimen de subvenciones públicas destinadas a determinadas actividades".
En el caso concreto de la sucesión empresarial, el magistrado abunda en que la CEV ha cubierto el "vacío" que dejó Cierval con su cambio de estatutos para ampliar su ámbito territorial y cambiar su nombre al de Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. "De esta forma, la actividad y función que anteriormente venía realizando Cierval ha sido asumida por la CEV", refleja el magistrado, quien destaca que la organización desempeña ahora participación institucional que antes ejercía Cierval, incluso a través de las mismas personas.
"Pese a la singularidad del caso, concurre en el presente el supuesto de la sucesión empresarial, que ocasiona que la continuidad de la actividad empresarial determine la responsabilidad solidaria de la cesionaria en las obligaciones laborales de la cedente" respecto de las cuatro trabajadoras que impugnaron su despido, concluye la sentencia.