José Vicente González, expresidente de Cierval, y Salvador Navarro, presidente de la CEV. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juzgado de lo Social 2 de València ha declarado nulo el despido de cuatro extrabajadoras de la patronal autonómica Cierval y obliga a la CEV, que ha tomado su relevo como organización empresarial de la Comunitat, a readmitir a las demandantes con el pago de los salarios que han dejado de percibir desde su despido. Alternativamente, el juez obliga a la CEV, codemandada junto a Cierval y las patronales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) a extinguir los contratos e indemnizar a las trabajadoras por despido improcedente.
La CEV, que en las últimas semanas ya contaba con una sentencia desfavorable, ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
El coste económico que esta sentencia, que aún no es firma, supondrá para la CEV supera los 210.000 euros solo en concepto de indemnizaciones por despido improcedente. En principio, la entidad formalizará un aval para hacer frente a la ejecución del fallo.
El magistrado considera acreditado que entre las patronales codemandadas "concurre la condición, a efectos laborales, de una unidad empresarial". Además, cree que debe estimarse "pese a la singularidad del caso -sustitución de una organización empresarial representativa porotra-, que concurre el supuesto de sucesión empresarial" entre Cierval y la CEV.
Cierval fue liquidada hace casi un año al no poder hacer frente a las deudas heredadas, sobre todo la de la patronal alicantina Coepa. De los doce trabajadores que se fueron a la calle en mayo del año pasado –sin indemnización y con parte de la última nómina sin cobrar–, cuatro optaron por demandar. El pago de las cantidades pendientes quedó condicionado a la venta de algunos bienes de la organización, como los muebles de la sede o el coche que utilizaba el presidente para los desplazamientos.
Las demandantes defendían en su demanda la existencia de una sucesión de empresa entre Cierval y la CEV, que ha modificado sus estatutos para ampliar su ámbito territorial y tomar su relevo. Además de reclamar que se reconociera esa sucesión, pedían el cobro de la indemnización por despido improcedente y la nulidad del ERE.
