El presidente de Cleop y el antiguo dueño de Secopsa declaran ante la UCO en el 'caso Azud'

VALÈNCIA. El presidente de la constructora Cleop, Carlos Turró, y el expresidente de Secopsa, Vicente Prieto, son dos de los empresarios contratistas del Ayuntamiento de València que ha sido citados a declarar este jueves en la Comandancia de la Guardia Civil, en el marco de la investigación conocido como caso Azud. 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntas comisiones ilegales que el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, habría percibido de empresas contratistas del Ayuntamiento entre 2006 y 2015.

Corbín y el otro detenido, Diego Elum, están detenidos desde el martes acusados de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, delito contra la hacienda pública y tráfico de influencias. Otras diez personas, entre las que se encuentran Turró y Prieto, están investigadas y han sido citadas para declarar en la Comandancia, asistidas por abogado, a partir de este jueves.

Secopsa, grupo formado a partir de la empresa Derribos Prieto, es una de las históricas contratas de obras del Ayuntamiento de València. La empresa de la familia Prieto fue adquirida en julio de 2015 -después de los presuntos hechos que se investigan- por el Grupo Gimeno.

En 2005 se adjudicó una de las zonas de recogida de basuras, que hasta entonces se repartían FCC y SAV y que es uno de los llamados contratos del siglo por su cuantía, unos 900 millones de euros. En 2012 se adjudicó el contrato de mantenimiento de edificios municipales por un importe de 27 millones.

Cleop, antigua concesionaria de la grúa municipal de València y contratista de obras del Consistorio, ya apareció involucrada en el caso Taula, hace tres años, cuando su presidente llegó a estar detenido. A día de hoy continúa imputado. Cleop fue concesionaria del servicio de grúas del Ayuntamiento de Valencia hasta 2014, a través de su filial Servicleop. La empresa y el Consistorio acabaron mal esta relación, tras lo cual el Ayuntamiento exigió a la empresa el pago de 1,9 millones de euros.