BENITATXELL. El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, con mayoría del grupo Més Benitatxell, aprobó el pasado viernes, en pleno extraordinario, elevar a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana la propuesta de incoación de procedimiento disciplinario contra el secretario interventor municipal Jesús Ángel Castro Revorio, por negarse a pagar las facturas a proveedores y contratistas del consistorio.
Esta “negativa injustificada”, tal y como reseñó el alcalde, Miguel Ángel García, a remitir las transferencias bancarias correspondientes al pago de las facturas aprobadas, ha causado un “perjuicio a proveedores y contratistas del ayuntamiento, que podrían exigir intereses de demora, además de las eventuales indemnizaciones por los daños derivados del retraso en el pago”.
Lo shechos se remontan al 28 de octubre de 2020, día en que se celebró una junta de gobierno local en el ayuntamiento, cuyo orden del día incluía la aprobación de un listado de facturas. Al no constar en el expediente ningún reparo de Intervención formulado en tiempo y forma, se aprobó por unanimidad de los asistentes el pago de las facturas.
Sin embargo, al día siguiente, el secretario interventor manifestó que no tenía intención de remitir las transferencias bancarias y, posteriormente, desatendió la orden de pago emitida por la Alcaldía. Cumpliendo su amenaza, el 3 de noviembre rechazó la firma de la remesa de transferencias bancarias y, finalmente, el 4 de noviembre elaboró un documento con el título “informe de reparos”, en el que manifestaba su disconformidad con la aprobación de las facturas. Dicho informe fue elaborado siete días después de que la Junta de Gobierno acordase la aprobación, algo que supone una “flagrante vulneración” del artículo 215 de la Ley de Haciendas Locales, el cual exige que el reparo se formule con anterioridad a la adopción del acuerdo.
“Ni el secretario del Ayuntamiento, ni ningún otro funcionario, puede imponer su criterio por la fuerza e ignorando olímpicamente la ejecutividad de los actos administrativos u órdenes que no sean de su agrado”, afirmó García, quien reseñó que la negativa del secretario interventor estaría injustificada incluso en el supuesto de que realmente hubiese habido reparos a diversas facturas, ya que es el alcalde el órgano competente para resolver la discrepancia.
Por silo expuesto fuera poco, desde el equipo de gobierno también denuncian la parálisis generalizada que está causando el secretario en el normal funcionamiento del ayuntamiento desde que volvió de una prolongada baja médica el pasado mes de agosto, con continuas trabas a procedimientos administrativos habituales y ordinarios a los que no ponía objeción alguna bajo el mandato delas anteriores corporaciones. Un cambio injustificado de actitud que el equipo de gobierno achaca a un afán de revancha por las diligencias penales por delito de malversación que el Juzgado de Instrucción número Dos de Dénia ha abierto contra Castro, en virtud de una denuncia presentada durante la pasada legislatura por la entonces oposición, ahora en el gobierno municipal.