Rafael Blasco. Foto: EVA MÁÑEZHace poco más de un mes dedique este billete a los pactos propiciados por la Fiscalía que permiten a los reos más sinvergüenzas, los acusados de más delitos y/o con más dinero robado, escapar de la cárcel o sufrir una condena menor gracias bien a una delación, bien de la devolución del dinero robado o a una combinación de ambas cosas. Mientras que, concluía, "si eres un pringado te aplican la tarifa como a Milagrosa Martínez, nueve años".
Contaba que los pactos de la Fiscalía con los acusados, las llamadas conformidades, son habituales y están regulados por ley para delitos con condena inferior a seis años de cárcel. El reo acuerda una pena con el fiscal, se conforma con la condena a menos de dos años –no entra en prisión si no es reincidente– y así se evita el juicio, la posible absolución cuando el fiscal no tiene muy atado el tema y posibles recursos, con todas las molestias y gastos que implica un largo proceso.
Al hilo de lo ocurrido en el juicio en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP valenciano, añadía que sorprende –a mí me sorprende y creo que no soy el único– el afán negociador de los fiscales con reos de delitos mucho más graves y que generan alarma social, como son los de corrupción. Acuerdos con gente que al final va a juicio porque su delito no permite una conformidad, pero a un juicio descafeinado por el acuerdo previo. Pactos sin luz y taquígrafos, negociaciones en el reservado de un bar sin actas de la reunión, acuerdos donde a veces no está claro qué ganamos los representados por el fiscal, rebajas de condena que no se someten al escrutinio del tribunal que va a juzgar los hechos porque llegan ya cocinadas.
Me toca volver sobre el tema, y perdón por la reiteración, porque Xavi Moret está llevando a cabo en Valencia Plaza un gran trabajo de investigación sobre los pactos que, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, la Fiscalía Anticorrupción está fraguando con el exconseller Rafael Blasco. Nos consta que el acuerdo ha alarmado a no pocos altos cargos, partidos políticos y gente del mundo del derecho. Pero nadie dice nada. Nadie se atreve a decir nada.
Blasco está en la cárcel desde junio de 2015 después de haber sido condenado a seis años y medio de prisión por destinar fondos de proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua a la compra de inmuebles en València. Se le condenó por malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad documental. Es la pieza 1 del caso Cooperación, pero está procesado en otras dos relacionadas con su etapa de conseller de Solidaridad y Cooperación. Fiel a la máxima de que la caridad empieza por uno mismo, Blasco presuntamente organizó una trama para desviar parte de los fondos que repartía a las ONG (pieza 2) y distrajo el dinero de la Generalitat destinado a la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló uno de los países más pobres del mundo en 2010 (pieza 3). "Prioricemos lo nuestro antes que lo de los negratas", se oyó decir a su amigo Augusto César Tauroni –pieza clave en la trama, también condenado– en una conversación con su hermano.
En estas dos piezas, que se juzgarán conjuntamente, el fiscal pidió en su día 16 años de cárcel para el exconseller por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y asociación ilícita. Tras una negociación de la que este periódico ha venido informando, Anticorrupción está dispuesta a reducir la petición de condena a dos años y medio de prisión, a cambio de que devuelva los 5 millones de euros que él y sus amigos se llevaron.
Pero Blasco es listo, además de un experto negociador, y ha visto que el fiscal Vicente Torres tiene más ganas de pactar que él mismo, así que no solo ofreció bienes que ya estaban embargados por el Tribunal de Cuentas –genio y figura–, sino que ha seguido tirando de la goma con la exigencia de beneficios penitenciarios de su condena por la pieza 1 y, ojo, rebajas también para su esposa e hijo, investigados en el caso IVAM. Así se explica la presencia "en todas las reuniones", según confesó él mismo, del abogado de Blasco para temas penitenciarios –no para las piezas 2 y 3 del caso Cooperación–, que casualmente es también el de Consuelo Císcar. A Blasco le volvieron a denegar el tercer grado penitenciario el otro día por "riesgo medio-alto de reincidencia" –conocen al personaje– y porque no ha movido un dedo para reintegrar a la Generalitat un euro de lo distraído. Para qué hacerlo gratis pudiendo utilizarlo para negociar con la Fiscalía, habrá pensado.
En el mundillo judicial son más comprensivos con Anticorrupción. Dicen que es mucho más llevadero pactar con los acusados una mínima condena y celebrar un juicio del que todos en la sala salgan satisfechos que enfrentarse a una veintena de abogados tan experimentados como Javier Boix –el abogado de Blasco, que ya lo fue de Francisco Camps en el caso de los trajes–, que si has cometido el más mínimo error en una instrucción tan larga la va a utilizar para debilitar o anular la acusación. Recordemos que Marc Llinares, mano derecha de Blasco en la Conselleria y persona de contacto con Tauroni, según el fiscal, fue absuelto por el Tribunal Supremo en la pieza 1 porque el fiscal le acusó de un solo delito pero el TSJCV lo condenó por otros dos delitos por los que no había sido acusado.
Para los ciudadanos de la calle, para aquellos que llamaron a la gala solidaria de Canal 9 y aportaron dinero cuando el terremoto de Haití, no es admisible esa componenda que no es solo con Rafael Blasco. El acuerdo se extiende a los otros 23 acusados e incluye, por ejemplo, rebajar de siete años a solo cuatro meses la petición de condena para José Luis Mezquita, uno de los empresarios que se beneficiaron de la trama de ONG. Para el exjefe del área de Solidaridad Marc Llinares –que no fue condenado en la pieza 1 por el error reseñado– pedía 16 años de prisión y en el pacto se queda en dos años y tres meses. Para Tauroni la petición de cárcel pasa de 21 años y medio a dos años y medio.
Tras publicar Valencia Plaza el contenido del acuerdo, la Coordinadora Valenciana de ONGD ha pedido a la Generalitat que no la deje sola en la acusación de verdad contra los presuntos chorizos. Si para el fiscal es duro enfrentarse a 24 reputados abogados de la defensa, para el letrado de las ONG sería una odisea tener que defender las penas inicialmente solicitadas frente a las defensas sin tener al lado a la Fiscalía.
Tras publicarse el contenido del acuerdo y que los bienes ofrecidos estaban embargados, la Generalitat, que también es acusadora y pedía similares penas que el fiscal y las ONG, ha matizado su disposición inicial a participar. Ahora está dispuesta a aceptar el acuerdo solamente si Blasco pone el dinero encima de la mesa, porque "ese es el objetivo, recuperar el dinero". ¿Ese es el objetivo de la justicia? ¿El único?
