El único valenciano en el Consejo Fiscal cae tras el recuento final y abre la puerta a los progresistas

VALÈNCIA. El recuento final (y legal) de votos de las elecciones al Consejo Fiscal han deparado una sorpresa desagradable para la conservadora Asociación de Fiscales (AF), pues ha perdido un asiento en el Consejo en favor de la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF). Ese sillón perdido supone, además, un perdida de poder para los intereses de los fiscales valencianos pues el nombre que cae es el del fiscal de la capital del Turia José Ortiz.

El recuento definitivo se realizó el pasado miércoles 4 de abril en Madrid y, allí, saltó la sorpresa. La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, que en el primer recuento se había quedado ocho votos por detrás de Ortiz, pasaba en ese momento a tener tres más, lo que dejaba fuera al valenciano. Algunas erratas épicas en fiscalías como la de Dos Hermanas habían arrojado unos número que no eran reales que se tuvieron que cambiar en un segundo recuento

UPF

Es la segunda vez en la historia que la UPF logra levantarle un asiento en el Consejo Fiscal a los conservadores, la vez anterior fue una valenciana la que logró hacerlo. En aquella ocasión a mediados de los 90 fue la actual portavoz de la Fiscalía Provincial, Susana Gisbert, la que consiguió que la AF cediera un asiento. Este hecho es excepcional, ya que la carrera, mayoritariamente conservadora, siempre otorga seis asientos a la AF y tres a la UPF.

Valencia Plaza habló la semana pasada con Dolores Delgado, quien se mostraba muy emocionada de que finalmente el último escrutinio le diera uno de los tan codiciados asientos junto al fiscal general del Estado. Para Delgado, “el resulto final evidencia que la carrera está muy equilibrada, mucho más de lo que la gente cree”, en referencia a cantidad de conservadores y progresistas que hay entre los fiscales. 

Funciones

Entre las funciones que deberán desempeñar Delgado y sus nuevos compañeros están, entre otras, las de asistir al FGE, establecer los criterios de unidad de actuación del Ministerio Fiscal, informar las propuestas de nombramientos, elaborar informes para los posibles ascensos, resolver los expedientes disciplinarios, de mérito e incompatibilidades o informar los proyectos de ley o normas que puedan afectar al Ministerio Fiscal.

Para la UPF el número de consejeros que ha conseguido es un éxito, ya que al estar cinco a cuatro y no seis a tres, cada vez que haya un nombramiento o algo importante a debatir, el fiscal general del Estado deberá, según ellos, explicar muy bien porqué toma una decisión y no otra. 

Se prevén tiempo revueltos en el Consejo Fiscal, pues aunque las votaciones de los consejeros no sean vinculantes como en el Consejo General del Poder Judicial (órgano de los jueces), las votaciones y las presiones de los consejeros al FGE sí son reales. Es más, con la actual distribución de asientos, decisiones unilaterales como la de obligar a que la Audiencia Nacional pidiera prisión para el informático Hervé Falciani, en contra del criterio establecido por el propio Ministerio Público entrará a debate en el Consejo Fiscal seguro, y es tan solo uno de los ejemplos que los miembros de la UPF que asistan a FGE pretenden fiscalizar desde el principio.

Junto a Delgado, el Consejo Fiscal lo formarán por parte de la UPF Álvaro García, Diego Villafañe y María José Segarra. Y de la Asociación de Fiscales han conseguido asiento Juan Andrés Bermejo, de Málaga; María Rosario Lacasa, de Madrid; Juan Francisco Ríos, de Albacete; María Rosa Rubio, de Las Palmas, y Concepción Talón, de Barcelona.