El 'modelo Alzira', auge y caída de una gestión sanitaria privada 20 años envuelta en polémicas

VALÈNCIA (EFE). El modelo Alzira de gestión sanitaria privada nació hace casi dos décadas rodeado de polémica, la misma con la que el próximo 1 de abril concluirá esta forma de concesión administrativa que impulsó de manera pionera en España el PP de la Comunitat Valenciana y ahora finiquitan el PSPV-PSOE y Compromís.

En 1996, el entonces conseller de Sanidad Joaquín Farnós lanzó la idea de poner en marcha en Alzira este modelo de gestión, que ya demostró ser conflictivo el mismo día de la presentación de la maqueta de lo que sería el Hospital de La Ribera, donde Farnós fue insultado e incluso agredido por algunos sindicalistas.

El impulso de este nuevo modelo de gestión, junto a la puesta en marcha ese mismo año del plan de choque para terminar con las listas de espera mediante la firma de conciertos con clínicas privadas, tuvo como consecuencia que miles de médicos se manifestaran reclamando una sanidad pública y criticando las privatizaciones.

Para la puesta en marcha del modelo, la Generalitat desarrolló una nueva ley aprobada a nivel nacional en abril de 1997 por el Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, CiU, CC y PNV y el voto en contra de IU y BNG, que permitía nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En 2012, el PSOE propuso su derogación.

Este modelo, basado en el pago capitativo por cada uno de los 256.000 pacientes de su área, es gestionado por Ribera Salud UTE y el 96% del accionariado es de Ribera Salud, un 2% de Lubasa y otro 2% de Dragados.

En abril de 1997 comenzó la construcción del Hospital de Alzira, que fue inaugurado por el entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana y en abril de 2002 recibió la visita de José María Aznar, que presidía el Gobierno central.

Un año después, Ribera Salud suscribía un nuevo contrato de concesión administrativa para la gestión integral de la Primaria y la Especializada, lo que llevó en 2004 a iniciar las obras del Centro de Salud de Alzira II.

La Comunitat Valenciana se convertía así en el laboratorio para implantar este modelo de privatización que después se extendió a otros hospitales como Manises, Dénia, Elx-Crevillent, Vinalopó y Torrevieja, e incluso se implantó en otros puntos de España.

Tras una etapa "dulce" de casi dos décadas, en las que el modelo se convirtió en el estandarte de la política sanitaria del PP, su reversión para pasar a ser de gestión pública directa fue uno de los primeros anuncios hechos en 2015 por el nuevo gobierno del Pacto del Botánico (PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podem).

De hecho, la consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV), declaró la guerra al modelo el mismo día en el que recibió el traspaso de las competencias de la Conselleria del popular Manuel Llombart, en un acto donde dijo que rescindiría todos los conciertos sanitarios "posibles".

Desde entonces se han sucedido los recursos de la empresa concesionaria contra Sanidad, alrededor de medio centenar, para denunciar la "improvisación y falta de planificación" con la que a su juicio la Conselleria está llevando a cabo el proceso de reversión.

Esta judicialización de la concesión sanitaria no ha hecho variar un ápice el objetivo del Consell, que ha seguido con su "hoja de ruta" para devolver al Departamento de La Ribera la titularidad pública.

Mientras los responsables de Ribera Salud defienden su gestión y la avalan con una auditoría de la Sindicatura de Comptes o estudios nacionales y extranjeros, desde el Consell y otras entidades sociales y sindicales se han criticado los intereses económicos que conlleva el modelo.

Los 1.800 trabajadores del Departamento han vivido todo este proceso con incertidumbre sobre su futuro laboral, aunque desde Sanidad se ha garantizado que el personal subrogado mantendrá su relación laboral en la condición de personal a extinguir y desempeñará sus tareas en las mismas condiciones de trabajo que tenían en su contrato.

Ahora ya no hay vuelta atrás para el Consell, que el 1 de abril de 2017 inició el calendario oficial de reversión al sistema público de las concesiones administrativas próximas a vencer y supuso el principio del fin del hospital de Alzira, que pasará a ser de gestión directa el 1 de abril de 2018.