VALÈNCIA. La decisión del Ministerio de Hacienda de perdonar a las Comunidades Autónomas 3.900 millones de euros que estas tendrían que devolver como resultado de la liquidación negativa del sistema de financiación en 2020 supone un enorme alivio para la mayoría de regiones, pero no para todas.
La Comunitat Valenciana es la única, junto a Baleares y Canarias, que no se beneficiará de esa condonación porque, al contrario que el resto, en su caso la liquidación es positiva. Por ello, será la Administración Central la que tendrá que abonarle a la Comunitat Valenciana la diferencia entre los recursos adelantados como entregas a cuenta del ejercicio 2020 y los efectivamente recaudados ese mismo año a través de los diferentes impuestos con los que se financia el sistema.
La estimación de la liquidación de 2020 a favor de la Comunitat Valenciana, que se abonará en julio de 2022, ronda los 600 millones de euros.
Sin embargo, lejos de tener un efecto neutro, la renuncia de la ministra María Jesús Montero a exigir a la práctica totalidad de CCAA el reintegro de los recursos de más que recibieron por adelantado –algo que nunca antes se había hecho– la Comunitat Valenciana resultará indirectamente perjudicada junto a las otras dos regiones con liquidación positiva: Canarias y Baleares.
En primer lugar, porque la condonación de esos 3.900 millones de euros se articulará con una transferencia del Estado a las CCAA para cubrir el importe negativo de las entregas a cuenta que tendrían que devolver comunidades como Andalucía (1.410 millones), Cataluña (612 millones), Galicia (452 millones) o Cantabria, que además de ser la región mejor financiada se ahorrará tener que reembolsar 158 millones. Esa transferencia a favor de las CCAA con liquidaciones negativas se financiará con cargo a emisiones de deuda del Reino de España y, por lo tanto, es asumida proporcionalmente por el conjunto del Estado.
A ello se suma, además, el agravio comparativo que supone para la Comunitat Valenciana que prácticamente todas las CCAA hayan disfrutado por adelantado de una financiación extra que ahora no van a tener que devolver mientras que la Generalitat, al contrario, contó con entregas a cuenta para 2020 inferiores a los recursos sometidos a liquidación.
Estos factores, unido al hecho de que la Comunitat Valenciana sea año tras año la región peor financiada por un sistema que lleva siete años caducado y está pendiente de reforma, convierten esta concesión "inédita y beneficiosa para los intereses autonómicos" de la ministra Montero en un perjuicio comparativo para la Generalitat.
La cantidad que la mayoría de CCAA se van a evitar tener que devolver al Estado ronda en conjunto los 3.900 millones de euros, pero el Ministerio de Hacienda aún no ha facilitado el desglose por CCAA. Preguntado al respecto por Valencia Plaza, el departamento de María Jesús Montero replica que debe ser cada comunidad autónoma la que informe de su previsión de liquidación del ejercicio 2020.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó en mayo un informe con una primera aproximación sobre cuál podría ser el impacto de la covid en la financiación de las comunidades en previsión de un fuerte perjuicio para las mismas en 2022. Al mismo tiempo, el estudio del profesor Ángel de la Fuente proponía articular un fondo transitorio de nivelación para compensar la financiación de las comunidades peor financiadas mientras se aborda la reforma del sistema, algo que también reclama la Comunitat Valenciana pero el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta.
Este estudio estima los ingresos tributarios de las CCAA en 2020 a partir de los datos ya disponibles de recaudación y la relación histórica entre el crecimiento del PIB regional y el de los distintos componentes de la recaudación tributaria homogeneizada. En el caso de la Comunitat Valenciana, el trabajo cifra la liquidación positiva en 656 millones de euros.
Cada año, las CCAA reciben recursos del sistema de financiación autonómica (SFA) para financiar los servicios públicos que son de su competencia a través de dos vías: las entregas a cuenta y las liquidaciones definitivas, que se pagan con dos años de diferencia. Las primeras se calculan en función de la recaudación tributaria esperada basándose en el crecimiento económico previsto, mientras que las liquidaciones se abonan dos años después, normalmente en julio, cuando ya se tienen los datos definitivos de recaudación.
Las liquidaciones resultan habitualmente favorables a las CCAA, por lo que el Ministerio de Hacienda paga todos los años lo que le corresponde a cada autonomía. Para cifrar con exactitud cuántos recursos recibe del SFA cada región en un ejercicio determinado es necesario esperar a esas liquidaciones. Es lo que ha pasado con la reciente liquidación este verano del ejercicio 2019, que para la Comunitat Valenciana ha supuesto ingresar 1.611 millones que, sumados a los 9.731 millones que se le abonaron ese año en concepto de entregas a cuenta de 2021, elevan finalmente a 11.341 millones de euros la financiación efectiva de la Comunitat este año.
Pero la covid ha trastocado la tendencia. El problema para la mayoría de CCAA es que el Gobierno central, para no mermar sus recursos en el primer año de pandemia, decidió obviar el impacto de la crisis y mantener en 2020 el nivel de las entregas a cuenta a partir de previsiones de ingresos muy optimistas, que ignoraron intencionadamente los previsibles efectos de la crisis.
Ello provocará que, cuando en 2022 se liquide el ejercicio 2020, la práctica totalidad de regiones se encuentren con que tienen que devolver parte del dinero adelantado en esas entregas a cuenta hinchadas, pero eso no ocurrirá porque el Ministerio de Hacienda ha decidido. El caso de la Comunitat Valenciana, Baleares y Canarias es excepcional en ese contexto, ya que para ellas la liquidación es positiva por importe de 656, 527 y 278 millones de euros, respectivamente, según los cálculos de Fedea.
Esto ya ocurrió en la anterior crisis, en 2008, pero entonces el Estado no renunció al dinero de más que les había dado a las CCAA. Para evitar perjudicarlas en exceso, se llegó a la solución de repartir el pago a través de varios ejercicios. De hecho, las CCAA todavía hoy están devolviendo la liquidación negativa de 2008, renunciando a favor del Estado de una parte de cada liquidación anual del SFA.
La Comunitat Valenciana contará en 2021 con 272 millones menos de financiación ordinaria (entregas a cuenta más liquidación de 2019) incrementados de forma excepcional con los 1.400 que le han sido asignados del Fondo Covid, unos recursos no reembolsables que el Gobierno ha repartido entre las CCAA en 2020 y 2021 para contrarrestar la crisis de la covid, pero que no tendrán continuidad.
En 2022, las entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio de Hacienda a la Conselleria de Hacienda ascienden a 10.270 millones de euros. A ello habrá sumar los alrededor de 600 de la liquidación positiva del ejercicio 2020, por lo que la financiación efectiva de la Comunitat Valenciana el próximo año rondaría los 10.900 millones de euros frente a los 11.341 millones de 2021.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
