ALICANTE. (EFE) La Audiencia de Alicante reanudará este lunes el juicio contra 21 antiguos consejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el "caso Tinser", que gira en torno al cobro de 600.000 euros en dietas por el expresidente de la entidad Modesto Crespo, con una sesión dedicada al interrogatorio de los acusados.
Crespo ya ha llegado a un acuerdo previo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular por el que se ha declarado culpable de un delito de apropiación indebida agravada y ha aceptado nueve meses de prisión y una multa de 9.000 euros.
Ese acuerdo fue ratificado por él mismo en la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado 14 de mayo y en la que se debatieron cuestiones previas de carácter procesal, la mayoría de las cuales fueron rechazadas luego mediante un auto por el tribunal.
Además de la pena, que supone una rebaja sustancial respecto a los cuatro años de cárcel y la multa de 120.000 euros que se pedían inicialmente para él, Crespo se ha comprometido a devolver el dinero cobrado como presidente ejecutivo de Tinser Cartera SL., una sociedad que estaba participada por la CAM.
Los otros veinte acusados -el ex director general de la entidad Roberto López Abad y otros 19 exconsejeros- han rechazado el acuerdo que les ofrecían las acusaciones para declararse culpables.
Esta causa es una de las que instruía la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los antiguos responsables de esta caja de ahorros, que fue rescatada por el Estado y vendida luego al Banco Sabadell, aunque se derivó en 2016 a los juzgados de Alicante.
Según Anticorrupción, Crespo percibió 600.000 euros brutos entre 2009 y 2011 en dietas por ejercer la presidencia en Tinser Cartera pese a que su dedicación en dicha sociedad "fue inexistente" y la derivada de presidir la propia CAM era "gratuita por disposición legal".
La Fiscalía acusa a López Abad, para el que continúa reclamando 4 años de prisión y 120.000 euros de multa, de idear este presunto fraude, que contó después con la aprobación de la comisión de retribuciones y del consejo de administración de la entidad.
Las penas que las acusaciones pública y particular solicitan inicialmente para los otros 19 consejeros oscilan entre los dos y los tres años de cárcel e incluyen el pago de multas de hasta 81.000 euros.
Vulneración de derechos
La Sección Décima de la Audiencia de Alicante rechazó hace unas semanas en un auto la posible vulneración de derechos alegada por varios abogados defensores en la sesión dedicada a las cuestiones previas.
El tribunal se ha negado a expulsar del proceso al abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular, en representación de la Plataforma de Afectados de la CAM, y la acusación popular, y ha desestimado la falta de legitimidad de las denuncias cursadas en su día por la Fundación CAM y la Fiscalía Anticorrupción.
El juicio se reanudará mañana y continuará, según el calendario fijado por la sala, los días 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26 y 27 de junio, así como el 2 y 3 de julio.