El juez imputa a Etelvina Andreu, candidata del PSPV de Alicante en 2007, por el 'caso Crespo Gomar'

VALÈNCIA.  (EFE/EP). El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigadas a dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por un contrato de publicidad de 2008 que pudo servir para financiar al PSPV y al Bloc.

Se trata de Etelvina Andreu, que fue directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad, y de Consuelo Sánchez Naranjo, que era subsecretaria de Sanidad y Consumo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juzgado ha decidido investigar un concurso de publicidad del Ministerio de Sanidad de la campaña 2008, por importe de 184.138 euros ante los indicios de que pudiera haberse incurrido en delitos de prevaricación y malversación. Esta instrucción se suma a la también abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid por los mismos hechos pero relacionada directamente con la adjudicación pública que realizó el Ministerio de Vivienda a la misma sociedad en el marco del Plan de Vivienda 2009-2010 por la cantidad de 126.000 euros.

Ambas investigaciones se realizan después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a favor de los juzgados madrileños el pasado mes de enero. En el caso del Ministerio de Sanidad, el juez valenciano explica en su auto que la adjudicación pública por el importe de 184.138 euros a la empresa Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía- se hicieron a través de la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante ahora investigada.

Facturas y corres electrónicos

El juzgado de Valncia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

Fue el PPCV el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

 En el auto de inhibición el juez de València explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandia por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

Facturas falsas

La investigación apunta que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas. Según la Policía, entre la documentación de esta sociedad se incluye un archivo denominado 'Estados de cuenta de Bloc', que cuenta con una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el se repite la palabra 'concepto', con una serie de empresas, de las que se sospechan que asumieron las facturas de la campaña de esta formación política en 2007.