Rubén Trenzano. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha citado a declarar como "querellado" al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. Lo hace "conforme a lo ordenado por la Superioridad", según señala en su auto, en referencia a la Audiencia Provincial de Valencia, que revocó su decisión de archivar el caso y ordenó investigar a fondo los hechos denunciados por el Partido Popular.
Trenzano deberá comparecer el próximo 9 de julio. Además, el juez Miguel Ángel Casañ Llopis ordena que se pida a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que remita al Juzgado copia íntegra del expediente en cuestión.
La Audiencia Provincial de Valencia ordenó a principios de junio investigar si Trenzano cometió un delito de falsedad documental en un escrito sobre las ayudas al fomento del valenciano concedidas a empresas vinculadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. La sección cuarta de la Audiencia admitía el recurso interpuesto por la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, contra la decisión del juez de desestimar la querella.
El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente de las ayudas dadas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, vinculadas a "familiares directos" de Puig, y que no había evidencias de irregularidades. El principal directivo de estas firmas es Francisco Javier Puig, hermano del president de la Generalitat.
Sin embargo, desde el PP aseguraron que esas comprobaciones no se hicieron hasta el mes de julio, tal y como, según afirmaron, hizo constar la Abogacía de la Generalitat en su respuesta al recurso contencioso-administrativo que interpuso el PP ante las "irregularidades" del expediente de esas ayudas.
La Audiencia Provincial considera "indebido en el incipiente momento procesal el sobreseimiento decretado" por el juzgado, pues considera que "el estado de cosas actual muestra la denuncia de unos hechos subsumibles en el delito de falsedad cometida en documento oficial".
Señala que a tenor de la querella presentada se trata de un funcionario público, que emite un escrito en el ejercicio de sus funciones y hace constar en él a sabiendas unos hechos objetivamente contrarios a la realidad, con lo que quebranta la confianza en el funcionamiento normal de la institución que representa.
El tribunal considera que el escrito de abril de 2018 al que se hace referencia "no contiene una declaración de voluntad o manifestación de opinión política", sino que "encierra textualmente la narración de unos hechos en principio contrarios a la verdad objetivamente demostrable".
Por tanto, añade, "es asimilable al delito de falsedad del artículo 390 del Código Penal con independencia de las relaciones políticas entre las partes afectadas" y por ello, ordena que prosiga la investigación y se perfile la existencia o no de los elementos delictivos.
