Carles Puigdemont, en la sede de la Fiscalía belga. EFE/EPA/OLIVIER HOSLETBRUSELAS/BARCELONA (EP). El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, que se encuentran en Bélgica, quedaron la pasada madrugada en situación de libertad con medidas cautelares tras entregarse y ser detenidos el domingo por la mañana en Bruselas.
La decisión se conoció este domingo poco antes de medianoche, mientras aguardaban ante Fiscalía periodistas y una decena de catalanes residentes en Bruselas, que han gritado "No esteu sols" ('No estáis solos) portando una bandera catalana y una estelada.
Los cinco declararon durante unas cinco horas, después de haber sido arrestados a primera hora del domingo al entregarse a la Policía Federal belga. Se habían entregado voluntariamente a las 9.17 y a continuación fueron privados de libertad, para ser interrogados y para que el juez de instrucción decidiera los siguientes pasos.
La ley belga establece que el juez de instrucción debe decidir en un plazo de 24 horas a partir del arresto sobre los pasos a seguir, esto es, si acepta tramitar la euroorden y si los acusados deben continuar en prisión o son puestos en libertad bajo condiciones.
A lo largo de la tarde, una vez fue nombrado el juez, Puigdemont y los exconsellers prestaron declaración ante el juez sucesivamente, en sesiones a puerta cerrada en las que sólo estuvieron acompañados por su letrado y por un traductor.
Así, el juez solo se pronunció sobre la libertad de Puigdemont y los exconsellers, ya que el fondo de las euroórdenes debe ser examinado por la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia).
La Cámara del Consejo tiene 15 días para tomar una decisión. Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
